El Ministerio del Interior y la Alcaldía de Riohacha (La Guajira) enfrentan una denuncia presentada por la comunidad indígena wayuu de La Ceibita Macedonia, por la construcción de la nueva cárcel de este municipio. La comunidad, que ya supera los ocho meses de protestas, pide que se abran investigaciones penales y disciplinarias contra el Ministerio, la Alcaldía y la Personería Distrital de Riohacha, porque habrían incurrido en una invasión a territorios indígenas, profanación a sitios sagrados, omisión de socorro y amenazas contra defensores de derechos humanos. Aseguran que la obra también atenta contra sus derechos fundamentales a la vida, el territorio y el medio ambiente, entre otros.
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El 22 de junio de 2021 inició la construcción de la nueva cárcel de mediana seguridad en Riohacha (La Guajira), con la que se pretende disminuir el hacinamiento que, de acuerdo con las cifras del Instituto Nacional Carcelario y Penitenciario (Inpec), para ese entonces era del 173 %, y ahora es del 175 % en ese departamento. Aun así, el proyecto que está a cargo de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (Uspec), y que estaba inicialmente pensado para construirse en 19 meses (es decir, que debería entregarse totalmente terminado en enero de 2023), se ha visto truncado y, según la Uspec, no podrá ser entregado como se tenía previsto.
Tutelas, huelgas de hambre, plantones y ahora esta denuncia hecha por parte de los pobladores de Ceibita Macedonia (Riohacha), han imposibilitado que las máquinas y los obreros construyan la edificación. La confrontación, ahora jurídica, que hay entre la comunidad y los gobiernos nacional y local es la no realización de una consulta previa, algo que, según los habitantes, es su derecho, pero que, según el Gobierno, específicamente el Ministerio del Interior, no es necesario en este caso por tratarse de un predio que sería propiedad del Estado. Por las denuncias, miembros de la ONG Nación Wayuu y líderes de la comunidad han sido amenazados, algo que los encargados del proyecto dicen que nada tiene que ver con ellos. Además, señalan que la construcción sí los afecta de manera directa por la cercanía a su zona de vivienda.
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En diálogo con El Espectador, el alcalde de Riohacha, José Ramiro Bermúdez, manifestó que el gobierno local está en toda la disposición de llegar a algún tipo de acuerdo con los pobladores, pero que “no se puede torpedear un proyecto debidamente adjudicado por el Estado”. Asimismo, el mandatario dijo que conoce las peticiones de las comunidades indígenas de ese sector para que les hagan la consulta previa, pero, según él, “el Ministerio del Interior respondió que eso no era necesario por ser un predio privado que compró la Gobernación de La Guajira”. Según explicó Bermúdez, esa construcción no va a tener ningún tipo de repercusión negativa en los territorios indígenas aledaños, como ellos manifiestan.
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De acuerdo con lo dicho por el alcalde, toda la documentación y los permisos para la construcción de la cárcel han sido otorgados por las autoridades competentes. El contrato, según explicó el mandatario, contempla que la capacidad de la cárcel es para 1.500 reclusos y tendrá un costo de $181.000 millones, con una particularidad adicional: dentro del penal también serán recibidos indígenas y mujeres privados de su libertad, ya que, como aseguró Bermúdez, dentro del centro de reclusión existirán “pabellones especiales con enfoque diferencial”. Para el alcalde Bermúdez, esta cárcel también sería una posibilidad de que la economía del departamento aumente, algo que no comparten los indígenas de La Ceibita Macedonia.
Por su parte, la arquitecta María Constanza Mejía, quien está a cargo de la construcción del centro penitenciario, le manifestó a El Espectador que “desde hace años, cuando se adjudicó el proyecto, se hizo la solicitud de consulta previa, pero el Ministerio del Interior dijo que no aplicaba en este caso. En ese momento empezaron los problemas con la comunidad, pues radicaron las primeras tutelas que no prosperaron y eso no fue suficiente para ellos”. Según la arquitecta, tras la negativa jurídica, la comunidad inició huelgas de hambre, plantones y otras manifestaciones que “han impedido que la construcción inicie como debe ser”, por lo cual, según le dijo a este diario, se iniciaron unas mesas de diálogo.
De acuerdo con la arquitecta Mejía, el gobierno local ha ofrecido a los pobladores de las zonas aledañas oportunidades de trabajo en el penal cuando esté terminado, cosa que no han aceptado. Para ella, los diálogos que han tenido con la comunidad no han dejado frutos, porque “no se ve el trasfondo de la reclamación que hace la comunidad”. Sin embargo, la denuncia es clara: lo que piden es que se “suspendan inmediatamente las actividades de construcción del proyecto, hasta tanto se garanticen el cumplimiento y respeto de sus derechos fundamentales”. Según el documento, la construcción estaría afectando gravemente a “la población infantil, ancianos y discapacitados” de La Ceibita.
En cuanto a la efectividad del diálogo, Yeisi Iguarán, líder indígena de la zona, le manifestó a El Espectador que no ha habido avances porque “el Gobierno niega algo vital, como lo son las afectaciones al territorio que puede provocar una construcción de este tamaño”. Según manifestó la líder indígena, la comunidad agotó todas las instancias jurídicas para llegar a una consulta, pero ante la negativa que obtuvieron decidieron apelar a la manifestación con huelgas de hambre. Asimismo, la líder aseguró que continuar con la construcción sin hacer la consulta previa significa “una violación al derecho a la vida, al territorio, al medio ambiente y a la autonomía territorial”.
Iguarán sostiene que el Gobierno y los encargados del proyecto no reconocen que ella y su comunidad estén siendo amenazados por sus protestas, pero asegura que “todo esto está pasando. Nosotros estamos mostrando nuestra inconformidad y recibimos amenazas”. Dijo que son los indígenas quienes están “comiendo tierra por el proyecto, estamos mal, dormimos mal, nadie garantiza nuestra salud, nadie se pronuncia y tuvimos que parar nuestra huelga de hambre precisamente por las amenazas”. La mujer manifiesta que todo esto ha sido de público conocimiento, pero que entidades como la Defensoría se han mantenido en silencio ante esta situación. Ahora, La Fiscalía estudiará el caso y revisará si hay pruebas que demuestren la afectación que denuncia la comunidad.