A la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia llegó un espinoso proceso que implica a un controvertido clan familiar que durante los últimos años ha estado bajo la lupa de las autoridades por sus millonarios negocios como contratista de la Fuerza Pública. Se trata de los hermanos Carlos Fidel, Víctor Hugo y Oswaldo Fajardo Castillo, quienes son conocidos como los zares de los gases lacrimógenos, pues son dueños de Imdicol, la principal empresa que provee este tipo de armamento a la Policía y que tendrían ganancias anuales de $18 billones por sus negocios en Colombia, Perú, Ecuador y Egipto.
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Justo esta empresa, fundada hace cuatro décadas, fue el florero de Llorente que, además de dividir a la familia, resultó en un proceso penal que hoy se encuentra en poder del alto tribunal. De acuerdo con la hipótesis de la Fiscalía, desde 2014 Víctor Hugo y Oswaldo empezaron a tener diferencias sobre el negocio familiar. Cada uno tenía el 50 % de las acciones de Imdicol, mientras que Carlos Fidel era el representante legal de la compañía. Según la investigación, ese año se falsificaron documentos para que las acciones de Oswaldo terminaran en una empresa de su hermano Víctor Hugo: Ufasa.
La Fiscalía dice que un mes después, en julio de 2014, se firmó otro documento con el fin de darle apariencia de legalidad a ese movimiento accionario. El 28 de ese mes, en la Notaría Segunda de Bogotá, se suscribió la escritura pública donde se oficializaba ese pacto entre Orlando Carvajal Forero (representante legal de Oswaldo Fajardo), Víctor Hugo como representante legal de Ufasa y Carlos Fidel Fajardo Castillo como representante legal de Imdicol. Y fueron más allá para engañar a Oswaldo Carvajal, dice la Fiscalía. En agosto de 2014, estas tres personas elaboraron un acta de Imdicol en la que falsamente atribuían a Ofac el 50 % de la compañía, momento en el que ya no tenía acciones en Imdicol.
Desde entonces, Imdicol es una de las empresas consentidas de la Fuerza Pública. En 2021, en medio de las marchas del paro nacional contra el gobierno de Iván Duque, Imdicol fungió como intermediaria entre la Policía y una empresa estadounidense para importar cuatro lanzadores Venom. Se trata de una reciente tecnología que combina el lanzamiento de gases lacrimógenos y aturdidoras para desintegrar manifestaciones como las del paro nacional. Según los registros de la plataforma Grita, de la ONG Temblores, entre abril y julio de 2021, 103 personas sufrieron lesiones oculares, que fueron ocasionadas por el lanzamiento de los gases lacrimógenos de la Policía.
La condena
En marzo de 2023, y en primera instancia, un juzgado penal de Bogotá condenó a cuatro años de prisión a Forero Carvajal por el delito de administración desleal, al encontrar que su papel fue clave en la maniobra que terminó dejando a Oswaldo Forero sin acciones en Imdicol. En junio de 2023, tres magistrados del Tribunal Superior de Bogotá confirmaron la sentencia y volvieron a reprochar “su falta de lealtad y diligencia de un buen hombre de negocios con Oswaldo Fajardo, porque conocía las implicaciones de la negociación y el contexto, dada la relación de los hermanos Fajardo en ese momento”.
En cuanto a Carlos Fidel y Víctor Hugo Fajardo, ambos fueron absueltos en las dos instancias, un asunto que para los abogados de Oswaldo Fajardo no se explica, ya que ellos habrían participado de la maniobra ilegal. Tanto para el juez de primera instancia como para los magistrados del Tribunal Superior de Bogotá, los hermanos procesados “no ostentaban calidad de administrador, socio, directivo, empleado o asesor en Ofac (…) no aparece probado que Carlos Fidel y Víctor Hugo tuvieran algún dominio sobre las decisiones adoptadas en el interior de Ofac”. Sin embargo, esta no es la primera vez que la familia Fajardo termina rindiendo cuentas ante la justicia.
Por ejemplo, Hugo Francisco Fajardo Bustos, patriarca de la familia, es procesado por su posible participación en una red de corrupción en el Ejército. En este expediente, en el que también está investigado un subgerente de Imdicol, acusa a este par de fraude en el suministro de visores nocturnos a las Fuerzas Especiales del Ejército. Los visores eran de muy mala calidad y no respondían a las especificaciones requeridas, según la Fiscalía. El caso actualmente se encuentra congelado, según los registros de la Rama Judicial, mientras se define si los otros procesados (que son parte del Ejército) son procesados por la justicia penal militar.
Lo que viene en el caso
Tras el fallo del Tribunal Superior de Bogotá, el denunciante Oswaldo Fajardo apeló la decisión y ahora, con un recurso extraordinario de casación, le pide a la Corte Suprema de Justicia que revise el caso y condene a sus hermanos, quienes, desde entonces, se han metido en otros líos judiciales en Colombia como Estados Unidos. El último movimiento del expediente se dio el pasado 15 de enero, cuando el expediente ingresó al despacho del magistrado que se encargará de analizar la petición de revisar el caso: Gerardo Barbosa Castillo, quien llegó al alto tribunal en noviembre de 2023.
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