La Fiscalía rastreó movimientos financieros por $9.000 millones en 12 países que, al parecer, pretendían ocultar los recursos con los que el clan de Alvear debía costear el funcionamiento de la Universidad San Martín y pagar indemnizaciones.
Casi $9.000 millones de activos de la Fundación Universitaria San Martín están en el exterior. El Espectador conoció que la Fiscalía rastreó estos giros y encontró que en 12 países de América y Europa el polémico Mariano Alvear y su círculo más cercano invirtieron los recursos de la educación en distintos negocios. Estas operaciones irregulares aparentemente se realizaron entre 2008 y 2014, época en la que la universidad estaba envuelta en una serie de líos jurídicos que le provocaron el embargo de sus bienes y cuentas, que terminaron por llevar a la quiebra a la institución.
En ese entonces la junta directiva de la San Martín decidió que utilizaría las cuentas del Fondo para el Fomento de la Educación —la sociedad más polémica de Mariano Alvear— para consignar los pagos de matrículas. El objetivo era desconocer las indemnizaciones que le ordenaban pagar las 24 sentencias condenatorias emitidas por juzgados laborales tras las demandas interpuestas por empleados y exempleados de la fundación universitaria.
El Fondo para el Fomento de la Educación se convirtió en la caja principal del clan Alvear, ya que desde esta sociedad empezaron a distribuir los dineros que pertenecían a la Universidad San Martín para tapar los huecos financieros que habían dejado las deficientes administraciones. Sin embargo, la Fiscalía sospecha que también utilizaron esta sociedad para esconder los recursos en otros países.
Norteamérica se convirtió en el destinó predilecto de inversión. Mientras que se ordenó el traslado de $3.300 millones de las cuentas del Fondo para el Fomento de la Educación a Estados Unidos —desde ese país también se hicieron depósitos en Colombia por un valor de $211 millones—, en Canadá se invirtieron $826 millones. La Fiscalía rastrea si estos recursos fueron a parar en cuentas bancarias o en negocios como la compra de bienes inmuebles.
Entre las naciones que aparecieron en el radar del ente investigador está Panamá. En ese país hay, al parecer, más de $2.500 millones escondidos. Brasil es otro de los lugares en los que los Alvear invirtieron recursos que provendrían de la educación. Un total de $1.092 millones que, según pesquisas de las autoridades, fueron destinados para adquirir exclusivas propiedades en ciudades del vecino país como São Paulo. En Aruba también existen registros de movimientos financieros del Fondo para el Fomento de la Educación por un monto de $490 millones.
Hasta en Europa aparecieron giros efectuados por el clan Alvear. A pesar de que se trata de pocas cantidades —en España la transacción fue por $378.000 y en Reino Unido por $82 millones—, para las investigadores esto evidenciaría que las cuentas del Fondo para el Fomento de la Educación se utilizaron para objetivos totalmente diferentes a los que indicaba su razón social. Perú, México, Argentina, Uruguay y Venezuela cierran la lista de países en los que se registraron operaciones financieras que tendrían vicios de irregularidad.
Este es uno de los principales capítulos que dejaron en evidencia cómo se quebró la Fundación Universitaria San Martín que, a pesar de tener un alto flujo de dinero, se presentaba ante las autoridades como una institución que no tenía solvencia económica. Al parecer, el propósito del clan Alvear era evitar que les arrebataran los dineros, ya que existían 24 sentencias condenatorias que los obligaban a pagar indemnizaciones a empleados y exempleados que los habían demandado por violar el derecho a la seguridad social.
Al cierre de esta edición avanzaba la audiencia de imputación de cargos y solicitud de medida de aseguramiento contra Mariano Alvear y dos de sus principales colaboradores: José Ricardo Caballero Calderón, exrepresentante legal y secretario general de la junta directiva de la Fundación Universitaria San Martín, y Juan Carlos Mahecha Cárdenas, exjefe jurídico de la institución. Los tres hombres deberán responder por los delitos de concierto para delinquir, fraude procesal, falsedad en documento público, estafa y fraude a resolución judicial.
Un dato clave es precisar que la sala de la lujosa casa de Mariano Alvear en el condominio El Peñón, en Girardot, se convirtió en una improvisada sala de audiencia, ya que el fundador de la San Martín padece una crítica enfermedad —fascitis necrotizante (infección severa)— y está conectado a bolsas de suero y a una bala de oxígeno. Ya arrancó el proceso por la estafa a 1.455 estudiantes que pagaron matrículas de programas que no tenían certificación académica, por haber falsificado documentos con el fin de engañar a la justicia para recuperar sus bienes y por crear un imperio económico que se benefició de los recursos de la educación que terminaron despilfarrados y en los bolsillos de pocos.