La emergencia del nuevo coronavirus ha evidenciado falencias en la justicia colombiana que se convierten en retos de cara a una reforma a la justicia. ¿De qué estamos hablando?
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La reforma a la justicia en marcha tiene tres borrados de parte del Gobierno Nacional y no sabemos finalmente cuál de tres formatos vayan a radicar. Pero, considerando la situación, hay aspectos desde la justicia para superar esta situación que no requieren una reforma judicial. Por ejemplo, uno de los graves problemas actuales son las cárceles. Estamos hace bastantes años en estado de cosas inconstitucionales (dictada por la Corte Constitucional) debido a la vulneración de muchísimos derechos de las personas privadas de la libertad, en parte por el hacinamiento. Una parte considerable de ese hacinamiento tiene que ver con las demoras de los jueces de ejecución de penas para darle la libertad a las personas que están ahí. Podría el problema del coronavirus ser muy grave si logra entrar a las cárceles. Muchos no cuentan con agua, por ejemplo, las 24 horas lo que hace muy difícil lavado de manos.
¿Qué se podría hacer?
Para ponerse al día se requeriría una medida de choque como aumentar el número (de jueces) o crear jueces de descongestión para revisar rápidamente si las personas privadas de la libertad ya tienen las condiciones para salir o que les den medidas alternativas al encarcelamiento en caso de que cumplan los requisitos.
La Judicatura suspendió términos hasta este viernes en algunos casos y unos jueces a los que no le cobijaban esas medidas anunciaron que cerraban sus despachos, ¿qué se puede hacer de fondo para superar esta situación?
La presencialidad de la justicia es algo que se debería resolver. Se han presentado iniciativas y hay inicios de procedimientos digitales, de expedientes digitales. Los procesos de tierras ya lo tienen y deberíamos hacerlo para los penales, civiles y de familia porque la gente sigue teniendo necesidades jurídicas insatisfechas e, incluso en estos tiempos, la justicia no debería detenerse, pero tampoco podríamos exponernos a que las personas vayan a los juzgados y a las audiencias. Debemos empezar a proponer reformas en donde esto se facilite.
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Pero no es suficiente, los reclamos hoy en día son por tener que asistir a diligencias judiciales en donde hay muchas personas: jueces, personal administrativo, abogados, procuradores, fiscales, víctimas…
El expediente judicial es solo una parte que no tiene que ver con las audiencias, sino con la presentación de demandas, la contestación de los recursos. Es decir, determinadas acciones procesales que ya no van a requerir se acerquen a un despacho para resolver una situación o que un abogado o las partes se acerquen para presentar una prueba, por ejemplo, sino que se puedan hacer por medio digital. Pero hay otras etapas procesales que son las audiencias. El expediente digital no resuelve todos los problemas, aporta en unos momentos y etapas judiciales, y para eso no se requiere una reforma constitucional sino ajustes a los procedimientos. Las herramientas digitales ya están disponibles, se requiere la implementación, y ahí juega un papel muy importante el Consejo Superior de la Judicatura para garantizar que la totalidad de los despachos judiciales cuenten con la tecnología para hacerlo y también una capacitación al resto de las partes (abogados, peritos).
Las altas cortes tienen una pelea de años para lograr un presupuesto propio. ¿Qué sería mejor para atender las necesidades de la Rama Judicial?
Yo creo que la solución es que haya presupuestos propios para cada jurisdicción. La idea de un presupuesto global está bien, el problema es cómo llegamos a este. es decir, ¿cómo saca el Consejo Superior de la Judicatura este valor? Porque siempre se aprueba el presupuesto que se solicita, pero no alcanza para los requerimientos y se estarías haciendo mal esa solicitud. Se necesitaría una instancia que le permitiera al Consejo Superior coordinarse con todas las jurisdicciones y no solo con sus cabezas. Había una propuesta de fijar un porcentaje fijo del PIB que le daría más independencia a las cortes porque no tendrían que sentarse a negociar el presupuesto con el Ejecutivo. Sin embargo, esto nos deja el vaivén del crecimiento económico y en economías tan fluctuantes como la nuestra pues no sería conveniente.
¿Qué otros retos se pueden incluir en una reforma sea legal o constitucional?
Un reto que no se soluciona con la digitalización es la justicia en los territorios, en lugares apartados en donde las personas deben apartarse a cabeceras municipales. Hay unas iniciativas para fortalecer la justicia propia. Los Consejos Comunitarios de las comunidades afrocolombianas están pidiendo el mismo reconocimiento que tienen las comunidades indígenas para resolver ellos mismos sus conflictos, con sus propias reglas de convivencia. Sin embargo, esto sí requeriría una reforma constitucional y no está pensado en los proyectos de reforma actuales. Esto ayudaría para el caso particular a evitar contagios y en el largo plazo.
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Y en Colombia hay sedes judiciales que abarcan territorios muy extensos…
Sí. Y las comunidades generalmente están en lugares apartados en la cuenca pacífica, por ejemplo; sino en zonas como el norte del Cauca o el Putumayo. Esto ayudaría muchísimo a la descongestión y al acceso a la justicia de estas personas.
La emergencia por el COVID-19 está mostrando que el día a día y el acceso a la justicia tienen una importancia tal vez prioritaria sobre los temas que normalmente se proponen en las reformas a la justicia como el periodo de los magistrados, los requisitos para llegar allí, entre otros. ¿Qué otro reto se está perdiendo de vista?
Todo lo relacionado con el acceso a la justicia en el territorio. Uno de los aspectos era descentralizar la justicia, que algunos privados pudieran resolver conflictos. Sin embargo, constitucionalmente ya existe una figura que son los jueces de paz. Esta justicia, que es diferente a la Jurisdicción Especial para la paz, ha sido olvidada. Estos jueces están pensados para que los conflictos que podían causar mucho ruido en las comunidades pudieran ser resueltos de manera muy rápida por las mismas reglas de la comunidad. Han tenido muchas críticas por aspectos de corrupción, por ejemplo, sin embargo, se podrían mejorar los procedimientos. Este tema en las reformas a la justicia se pasa de lado.
¿Qué otro asunto?
Las casas de justicia y darles más fortaleza a los consultorios jurídicos de las universidades. El mensaje es que hay institución que ya están en la Constitución que pueden recibir un mayor impulso y esto afecta directamente a las necesidades jurídicas de la gente común y corriente.
¿La reforma que va a presentar el Gobierno es suficiente?
Toca algunos puntos al menos en el borrador que nos llegó. No sabemos cuál de los tres borradores del gobierno vaya a pasar. Uno de esos proponía una reforma al Gobierno a la administración de Justicia. Sin embargo, tal y como estaba presentado violaba ya algunas líneas rojas que había establecido la Corte Constitucional mucho antes cuando tumbó la reforma de Equilibrio de Poderes. Un aspecto positivo tiene que ver con la seguridad jurídica pues nos parece importante la regulación de la tutela contra sentencias judiciales, sin embargo, la forma como lo trabajan es muy ambigua.
¿Qué le hace falta?
Un aspecto que no se ha tocado y que afecta mucho al ciudadano es que, para algunos temas, las personas así tengan una respuesta judicial, su problema sigue sin resolverse. El caso más grave quizá es en conflictos de tierras por linderos incluso cuando hay una respuesta. Eso es muy grave. También se puede ver en temas donde participa la Corte Constitucional. Por ejemplo, ya lleva años el tema de estado de cosas inconstitucionales en cárceles y no logra resolverse. El tema del cumplimiento de las decisiones judiciales es un asunto que debe estudiarse. Las decisiones se quedan en el papel. Y en tema clave de política criminal es la situación carcelaria.
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