La protección para salvaguardar la vida de los líderes y lideresas sociales todavía sigue siendo una de las cuentas pendientes de Estado, según comentó este viernes el procurador general, Fernando Carrillo. A pesar de que el pasado 17 de abril se expidió el Decreto 660, por medio del cual se creó y reglamentó el programa de seguridad y protección para comunidades y organizaciones en los territorios, el jefe del Ministerio Público pide acciones urgentes para proteger esta comunidad. (Lea también: Parlamentarias europeas, inquietas por captura masiva de quienes serían líderes sociales)
Así lo manifestó al término del foro Retos y balances de la política de protección y derecho a la vida de líderes y lideresas sociales étnicos, en el que además comentó su posición sobre la protección que ofrece el Estado a través de la Unidad Nacional de Protección, entre otras entidades. “El sistema de protección de líderes y lideresas ha demostrado su insuficiencia y ha cumplido un ciclo que fue el de la protección individual, urbana y reactiva, y estamos frente a nuevos fenómenos en donde tenemos que ser innovadores”, sostuvo Carrillo.
Por eso, el procurador general dijo que el Estado tiene que pensar en la participación de las comunidades, en donde tengan la oportunidad de expresar su punto de vista sobre las situaciones que viven desde sus propios territorios. Agregó que se tiene que construir un sistema de protección colectivo, rural y preventivo, “y eso lo tenemos –dijo el procurador– que hacer de la mano con las autoridades”. (Le podría interesar: En dos años han asesinado a 282 líderes sociales)
“Nosotros el año pasado expedimos una directiva en la Procuraduría que la consultamos con las comunidades. Ellos tienen que estar presentes no solo en la normativa sino en las políticas territoriales (…). El tema de la protección a los líderes sociales sigue siendo insuficiente”, dijo el procurador Fernando Carrillo quien además sostuvo que las normas expedidas por la Fiscalía o la Defensoría del Pueblo, para proteger a esta población, tienen que cumplirse.
El procurador, quien en el foro estuvo acompañado por varios líderes, manifestó que la muerte de un solo líder social sígnica que el Estado fracasó en su obligación de protegerlos. “Todos los esfuerzos del Estado han sido insuficientes y falta coordinación, articulación y la pretensión, por ejemplo, de trabajar con las autoridades departamentales y municipales. Lo venimos diciendo desde julio del año pasado cuando expedimos la directiva”, finalizó. (Le sugerimos: “Colidérate”: la aplicación móvil para salvar a líderes sociales)