Los nombramientos aparentemente irregulares que hizo el Consejo Superior de la Judicatura (CSJ) de los magistrados Teresa Isabel Tovar, Amparo Malagón, Donaldo Rafael Mendoza, Víctor Arturo Polo, María del Socorro Jiménez Causil y Claudia García Leyva fueron el puntillazo que logró el consenso entre el Gobierno y las altas cortes para aplicarle los santos óleos a una entidad plagada de escándalos que desde hace rato está en la mira de la justicia.
El 27 de abril pasado, en el despacho del fiscal Eduardo Montealegre, evidencias en mano la magistrada del CSJ María Mercedes López formalizó la denuncia del presunto fraude en la designación de magistrados seccionales, cuyas hojas de vida jamás fueron siquiera consideradas por el alto tribunal, que no figuraban en las actas aprobadas por la Sala, pero que tomaron posesión de sus cargos sin que nadie supiera de dónde salieron sus nombres o cómo terminaron cayendo “en paracaídas” a esos cargos, con sueldos que rondan los $18 millones.
Ese mismo viernes 27 de abril la Fiscalía tomó la declaración de tres funcionarios del despacho de la magistrada López que hicieron el ‘barrido’ de las inconsistencias luego de que la jurista se percatara de la supuesta trampa al comparar en la Secretaría del CSJ los borradores de las actas aprobadas y las actas en las que finalmente resultaron nombrados —sin saber por qué— estos seis magistrados en tribunales de Norte de Santander, Magdalena, Caquetá y Antioquia. El jueves pasado el fiscal Montealegre y el ministro de Justicia, Juan Carlos Esguerra, revelaron detalles del proceso.
El Espectador conoció las intimidades del expediente y constató que las anomalías en estos nombramientos se cruzan con el escándalo del llamado carrusel de pensiones en el CSJ que investigan la Contraloría y la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes. En concreto, en los casos de las designaciones de los magistrados Víctor Arturo Polo Sanmiguel y Teresa Isabel Tovar, quienes fueron nombrados por la Sala Disciplinaria cuando tenían 60 y 55 años respectivamente, es decir, cuando estaban ad portas de su pensión.
El mismo jueves que estalló el escándalo, el presidente del CSJ, Angelino Lizcano, emitió un comunicado en el que señaló que la denuncia “corresponde a hechos administrativos ajenos a las funciones de los magistrados y de total responsabilidad de la Secretaría General”. Añadió que se encontraron irregularidades en nombramientos “producto de la omisión secretarial”, que hay una investigación disciplinaria en curso y que urge aclarar lo ocurrido “en aras de salvaguardar la independencia de la justicia que ha venido siendo estigmatizada para desprestigiar la labor que venimos cumpliendo dentro del marco de la ley”.
“Como Pilatos”, refirió alguien cercano al proceso, los magistrados de la Sala Disciplinaria del CSJ se lavaron las manos y endilgaron las responsabilidades del entuerto a la secretaria general del alto tribunal Yira Lucía Olarte Ávila. El viernes pasado fue ella la primera que fue citada por la Fiscalía para rendir explicaciones. En un interrogatorio de casi cuatro horas dio su versión sobre las inconsistencias en las actas en las que se presume el fraude. Su testimonio, sin embargo, lejos de aclarar lo acontecido, aumentó los interrogantes que rondan este nuevo escándalo.
No se trata de una funcionaria novata. Olarte Ávila tiene más de 20 años de experiencia profesional y durante los últimos 11 años ha sido la depositaria del manejo de las intimidades de la secretaría general del CSJ. Egresada de la Universidad Libre en 1991, tiene dos especializaciones en Derecho Público y Constitucional, y una maestría en Derecho Administrativo. Durante diez años laboró en la Personería de Bogotá antes de vincularse en mayo de 2001 como secretaria del CSJ, cargo que ganó por concurso al vencer unos 150 aspirantes. En 2005 ganó la medalla al mérito judicial José Ignacio de Márquez por su destacada labor en el alto tribunal.
Neófita no es, pues, en un cargo tan sensible como el que se denuncia como el ‘maquiavelo’ de esta historia. Tanto así que fue galardonada con dicha distinción “por la dedicación continua, la pulcritud y la prestancia en la prestación del servicio”. Por cuenta de ese premio tuvo un año sabático pagado entre 2006 y 2007, cuando se reintegró en sus labores en el CSJ. Las inconsistencias en los seis nombramientos que hoy son piedra de controversia se dieron entre 2008 y 2012. La Fiscalía no descarta que los casos aumenten a medida que avancen las pesquisas.
Pero según conoció El Espectador, la secretaria Yira Lucía Olarte le contó a la Fiscalía que las supuestas irregularidades detectadas en estas designaciones de magistrados seccionales fueron producto de un simple error humano, que mala intención no hubo, que las cuentas no casaron porque no daba abasto con tanto trabajo y que los yerros se terminaron colando en las actas definitivas que formalizaron los nombramientos cuestionados. Pero que todos esos actos administrativos fueron corregidos a tiempo porque ella se circunscribía a las decisiones colegiadas del CSJ. Que nada se hizo mal.
La magistrada denunciante, María Mercedes López, está convencida de lo contrario, que hubo mala fe, que una ‘mano negra’ promovió este carrusel irregular, que es inconcebible que estas personas terminaran nombradas cuando sus nombres jamás fueron llevados a discusión, no figuraron en los borradores de las actas ni en el orden del día de esas sesiones reservadas, y que hubo un detrimento patrimonial evidente auspiciado por ‘poderes’ más allá de los que tiene una secretaria general del CSJ.
Yira Lucía Olarte le contó a la Fiscalía que a pesar de que esos nombramientos no aparecen en los borradores de las actas se corrigieron los errores, que de esos yerros coincidencialmente se dejaron constancias y que todo se debió a un simple descuido en estos seis casos. Además, relató que los magistrados suelen demorarse mucho en la corrección de las actas, que no hay un reglamento expedito para tratar estos asuntos, que las magistradas María Mercedes López y Julia Emma Garzón eran quienes más insistían en la claridad de estas actas y que está dispuesta a entregarle a la justicia una libreta de apuntes en la que consignó todas las discusiones del CSJ.
La Fiscalía ya estableció que la magistrada Teresa Isabel Tovar —quien asumió su cargo con 55 años— trabajó entre agosto de 2008 y enero de 2009, y que Víctor Manuel Polo se posesionó con 60 años mediante designación que le hiciera el CSJ en 2009 en reemplazo de Donaldo Rafael Mendoza. La secretaria Yira Lucía Olarte insistió en que ella era una simple secretaria general y no la jefa de recursos humanos del alto tribunal. Así resumió su defensa.
Todos los magistrados nombrados aparentemente de forma irregular serán llamados por la Fiscalía en los próximos días. El magistrado de la Sala Disciplinaria Jorge Armando Otálora dejó una constancia en la que indicó que fue nombrado un magistrado cuyo nombre jamás fue considerado por el CSJ, respaldando así la denuncia de la magistrada María Mercedes López.
Este lunes rendirá su testimonio en la Fiscalía sobre este escándalo. La versión de la secretaria Olarte está bajo sospecha. Todo huele mal en este episodio y las imputaciones están a punto de concretarse. La justicia le respira en la nuca al Consejo de la Judicatura. Por fin.
Los líos del Consejo Superior de la Judicatura
El pasado 28 de abril la magistrada del Consejo Superior de la Judicatura (CSJ) María Mercedes López denunció posibles irregularidades en unas actas de la Sala Disciplinaria, de la que forma parte. Sus señalamientos podrían significarle un nuevo escándalo al CSJ después del sonado carrusel de las pensiones. De hecho, la Fiscalía investiga si las presuntas irregularidades y el carrusel tendrían alguna relación.
Por el referido escándalo, las autoridades investigan a los magistrados Henry Villarraga, Angelino Lizcano, Emma Garzón, José O. Claros, María Mercedes López, Carlos A. Ramírez, Marta P. Zea, José A. Castilla y Álvaro Rojas, así como al exmagistrado Temístocles Ortega, actualmente gobernador del Cauca. Ellos, según las investigaciones, habrían orquestado un detrimento patrimonial de $13 mil millones al contratar como magistrados auxiliares a personas que estaban cerca de jubilarse para que recibieran multimillonarias pensiones. Muchos de ellos no duraron un mes en su cargo y a pesar de ello obtuvieron pensiones de varios dígitos.