A pocas horas de iniciarse los comicios electorales por Senado, Cámara de Representantes y Parlamento Andino en todo el país, la Fiscalía General tiene claro que existen grupos armados ilegales, particulares e incluso candidatos que están buscando la manera para alterar resultados electorales por medio de varios delitos.
El vicefiscal General, Jorge Fernando Perdomo anunció que en los últimos dos meses 101 denuncias en todo el país por delitos electorales. «Sabemos que en este momento se están intentado cometer delitos para alterar los resultados electorales en el país y quiero ser muy enfático en la que la Fiscalía General de la Nación está muy pendiente de estas investigaciones y esperamos poder dar resultados”.
El ente investigador ya abrió investigación en contra de candidatos y asesores por su presunta participación en irregularidades en el desarrollo de las campañas electorales entre las que se encuentra la presión a los sufragantes, el uso ilegal de programas del Gobierno y la violación de la ley de garantías.
Entre los casos más destacados está el llamado a interrogatorio al candidato a la Cámara de Representantes, José Francisco García por presuntamente haber ofrecido el programa de viviendas gratis a los electores. Por esto tendrá que responder por el delito de de constreñimiento al sufragante.
Hace pocos días, la Fiscalía General le imputó cargos a Jorge García Taborda, líder de la campaña al Senado del candidato Mauricio Lizcano, por el delito de constreñimiento al sufragante, por supuestas presiones sobre miembros del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) para obtener beneficios en favor del senador y de Adriana Marmolejo.
En Bogotá el ente investiga a miembros de la campaña a la Cámara de Omar Rodríguez, quienes al parecer ofrecían kits escolares y otras prebendas a cambio del voto de los ciudadanos.
Una de las más grandes denuncias en el tema de trashumancia fue la recibida en Barranquilla, donde el Consejo Nacional Electoral excluyó 97 mil cedulas que habían sido inscritas. Perdomo advirtió que “en este caso la Fiscalía investiga el delito de fraude en la inscripción de cédulas e irregularidades de funcionarios supernumerarios de la Registraduría Nacional de Estado Civil, encargados del proceso de registro de documentos que habrían favorecido la afectación del censo electoral”.
En Bucaramanga se investiga la participación en política de algunos funcionarios de la Administración Municipal que aparentemente han utilizado programas sociales para favorecer campañas políticas. En este caso el ente investigador adelanta interrogatorios por los delitos de fraude al sufragante y participación en política.
Nueve mil funcionarios del CTI estarán atentos en toda Colombia, incluso en las zonas más apartadas, donde históricamente los actos de corrupción al elector se hacen comunes, para garantizar a todos los ciudadanos unas elecciones libres y transparentes.