Que un guardia de seguridad se haya acercado a una pareja homosexual y le haya dicho “ustedes tienen que comportarse o si no tienen que retirarse del centro comercial, porque aquí hay familias y niños”, le costó a Cosmocentro de Cali una sanción por parte de la Corte Constitucional. Un fallo de tutela les dio la razón a los afectados, Jimmy Moreno y su novio Robbie Pérez, y determinó que su expulsión del lugar por estar demostrándose cariño era un grave caso de discriminación.
El 19 de enero del año pasado, Moreno y Pérez entraron al centro comercial para retirar plata de un cajero y terminaron siendo ahuyentados por cinco guardias que los amenazaron con “usar la fuerza”. La pareja buscó ayuda en la Defensoría del Pueblo y el defensor regional, Andrés Santamaría, los asesoró en el proceso e interpuso una tutela contra Cosmocentro. En síntesis, los afectados sentían que de haber visto los guardias a una pareja heterosexual, o hasta quizá a una de mujeres, la habrían dejado en paz.
Los representantes de Cosmocentro afirmaron ante los jueces que conocieron el caso que esos guardias de seguridad obedecían a la empresa de vigilancia que habían contratado, Fortox Security Group, y no al centro comercial. Agregaron además que esos guardias nunca habían recibido una orden directa ni indirecta de expulsar a parejas del mismo sexo que estuvieran manifestándose cariño. Asimismo, señalaron que no era posible afirmar que ellos discriminaban a los homosexuales cuando en sus instalaciones se había llevado a cabo una ‘besatón’ de la comunidad LGTB, que curiosamente se realizó cuatro días después de este episodio.
No obstante, la Corte Constitucional mostró su desacuerdo con Cosmocentro y con los jueces que desestimaron el caso, y le ordenó al centro comercial y a la empresa de seguridad presentarles a los afectados excusa escrita y pública, desarrollar un programa de difusión de este fallo, realizar cada una curso de derechos humanos dirigidos a sus empleados que incluyan charlas sobre la no discriminación, la igualdad y el derecho a la libre opción sexual. Por último, la Defensoría del Pueblo quedó delegada como garante para que la sentencia se cumpla en su totalidad.