“Creemos que este conjunto de medidas contribuirán a fortalecer la administración de justicia a que no se repita nunca más una violación de Derechos Humanos por parte de miembros de la Fuerza Pública y a que se fortalezca la legitimidad del Estado, la política de seguridad y nuestras Fuerzas Armadas”, sentenció el ministro de Defensa Rodrigo Rivera durante el lanzamiento de las 15 medidas contra la impunidad en las investigaciones que se adelantan por falsos positivos.
El jefe de la cartera de la Defensa señaló que la lucha contra la impunidad no es tarea exclusiva de los órganos que administran justicia, es un propósito de Estado al que deben contribuir también las Fuerzas Militares y la Policía Nacional atendiendo con diligencia los requerimientos de fiscales, jueces y autoridades disciplinarias.
“Ninguna conducta que comporte delito o falta disciplinaria atribuible a un miembro de la Fuerza Pública debe quedar en la impunidad. Cero tolerancia a violaciones de derechos humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario implica para el Ministerio de Defensa cero impunidad”, puntualizó Rivera.
Señaló que al Gobierno y a la Fuerza Pública les corresponde atender con máxima prioridad cualquier queja o denuncia y prestar de manera inmediata todo el apoyo que requieran las autoridades judiciales y administrativas, para que sean ellas las que esclarezcan la posible comisión de una conducta que pueda constituir violación de derechos humanos o infracción del Derecho Internacional Humanitario y sus posibles autores.
Explicó que esta estrategia busca mayor cooperación con la Fiscalía, Procuraduría y con la Defensoría del Pueblo para hacer un estricto seguimiento a las denuncias o quejas que se registran en las diferentes unidades militares, así como a los casos que investigan los inspectores del Ejército.
Rivera reiteró la misión y el compromiso de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional de proteger y garantizar a todas las personas que residen en Colombia, su vida, honra, creencias y demás derechos y libertades.
“No existe ninguna justificación, no existe explicación para que un militar o un policía incumpla con su deber o transgreda la Constitución y la ley. Su primer deber es defender los Derechos Humanos de todas las personas a las que está destinado proteger”, enfatizó el alto funcionario.
El titular de la Defensa aseguró que los más interesados en que haya una pronta y recta justicia son el Gobierno y en especial la Fuerza Pública. “Cuando las investigaciones no rinden resultados rápidamente se prolonga un manto de duda, de sospecha, sobre la institución militar y policial que afecta su legitimidad y mancha el honor militar y policial y compromete la eficacia de las futuras operaciones”, dijo Rivera.
Las medidas contra la impunidad fueron diseñadas con el propósito de garantizar la aplicación efectiva de la justicia, por lo que el Inspector de las FF.MM. entregará un informe de seguimiento sobre las investigaciones internas, que pueden estar relacionadas con la violación de Derechos Humanos.
Las 15 medidas contra la impunidad fueron presentadas a la opinión pública durante un acto encabezado por el Ministro Rodrigo Rivera, los altos mandos militares y asistió el Vicepresidente de la República, la Fiscal General, el Procurador, el Defensor del Pueblo, entre otras personalidades.
Medidas contra la impunidad
1. Monitoreo de JPM a casos con queja
La Dirección Ejecutiva de la Justicia Penal Militar, de conformidad con lo señalado en el artículo 26 del Decreto 1512 de 2000, implementará un sistema de seguimiento y monitoreo a casos especiales donde se haya presentado queja, con el fin de asegurar una administración de justicia eficaz y conforme a la jurisprudencia de la Corte Constitucional y a la ley. La Dirección Ejecutiva deberá presentar al Ministro de Defensa un informe trimestral sobre la implementación de dicho sistema.
2. Fortalecer la JPM con apoyo de la OACNUDH
A través de un proyecto de cooperación técnica con la Oficina del Alto Comisionado de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas se buscará fortalecer la justicia penal militar para que cumpla sus funciones en el marco de su competencia.
3. Plan de Impulso de Revisión de Competencias PIRC
En aquellos casos en los que exista duda sobre la competencia de la justicia penal militar para adelantar una investigación, se conformará una mesa técnica que servirá de espacio de comunicación y análisis conjunto entre los funcionarios de la jurisdicción penal militar y la jurisdicción ordinaria, con participación del Ministerio Público. En este espacio se examinaran los expedientes con el fin de determinar la competencia, atendiendo los criterios.
4. Apoyo permanente a la Fiscalía
Los Inspectores de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional deberán garantizar la respuesta inmediata, completa y eficaz en el marco de lo dispuesto por la ley a las solicitudes que realice la Fiscalía General de la Nación en el marco de investigaciones por supuestas violaciones a los derechos humanos o infracciones al DIH. Sin perjuicio de la reserva sumarial, deberá también hacer seguimiento permanente al desarrollo de tales investigaciones.
5. Comisiones de Inspección
Cuando se conozca una denuncia o queja por un supuesto caso de grave violación a los derechos humanos o infracción al DIH, se integraran Comisiones de Inspección que deberán verificar el cumplimiento de los procedimientos operacionales y elaborar informes confidenciales cuyos hallazgos deberán ponerse en conocimiento de las autoridades penales y disciplinarias competentes.
6. Seguimiento a medidas correctivas
La Inspección General de las Fuerzas Militares, de la respectiva Fuerza o de la Policía deberá hacer seguimiento periódico para asegurar que se hayan adoptado y cumplido las medidas correctivas y controles necesarios que se deriven de aquellos casos en que se ha presentado una grave violación a los derechos humanos o una infracción al DIH.
7. Monitoreo a unidades militares y policiales
Los Inspectores Generales del Comando General, de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional deberán hacer seguimiento especial a las unidades militares o de policía donde se hayan presentado quejas o denuncias de violaciones a los derechos humanos o Infracciones al Derecho Internacional Humanitario, en cuyo caso, el seguimiento se realizará respecto al cumplimiento de los procedimientos operacionales
y sobre las quejas y denuncias recibidas.
8. Monitoreo a integrantes de la Fuerza Pública
Los Inspectores Generales de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional deberán realizar un monitoreo especial sobre la conducta de quienes se hayan desempeñado en unidades militares o de policía en periodos respecto de los cuales, con relación a tales unidades, se conozca información sobre presuntas graves violaciones a los derechos humanos o infracciones al Derecho Internacional Humanitario.
9. Monitoreo a recepción y trámite de quejas.
El sistema de monitoreo y seguimiento a las quejas, será responsabilidad de los respectivos Inspectores Generales y tendrá como objetivos (i) detectar las unidades que han sido objeto de quejas, (ii) identificar las modalidades de presuntas violaciones a los derechos humanos o infracciones al Derecho Internacional Humanitario, y (iii) adoptar medidas de prevención focalizadas. Paralelo a lo anterior, y en apoyo al trabajo de los Inspectores se hará una revisión del sistema de recepción, seguimiento y evaluación de quejas de que trata la Directiva 25 de 2008 con el apoyo técnico de la OACNUDH.
10. Directiva de archivos operacionales
Para garantizar la existencia del acervo probatorio que permita acreditar cómo se realizó la operación militar respecto de la que se denuncia una supuesta violación de derechos humanos o infracción al DIH, se expidió la Directiva 11 de 2011 que unifica criterios para el manejo y preservación de los archivos operacionales.
11. Estudio de casos con CICR
Implementación de un Comité de alto nivel creado por la Directiva 13 de 2010 y conformado por el Viceministro para las Políticas y Asuntos Internacionales, los Inspectores Generales de las FFMM, el Inspector General de la Policía Nacional y el CICR, con el fin de evaluar quejas documentadas en terreno y hacer recomendaciones y ajustes a la política de prevención de tales conductas y de lucha contra la impunidad.
12. Comité de Verificación
El Ministro de Defensa convocará periódicamente reuniones con el Comandante General de las Fuerzas Militares, los Comandantes de Fuerza y el Director General de la Policía Nacional, con el fin de revisar conjuntamente los informes y la situación de las quejas. En dichas reuniones se adoptarán las medidas que se consideren necesarias para garantizar el respeto a los derechos humanos y al Derecho Internacional Humanitario por parte de los miembros de la
Fuerza Pública.
13. Reubicación de detenidos
Con el fin garantizar la comparecencia a los procesos judiciales se reubicaran los detenidos en los centros de reclusión militar cercanos a los despachos en los que se adelantan en su contra investigaciones penales.
14. Manejo y control de cárceles en cabeza del Ministerio de Defensa y el INPEC
Implementación y monitoreo de las 35 medidas recomendadas por la Comisión Transitoria de Verificación orientadas a garantizar que los centros de reclusión militar estén regidos rigurosamente por las normas penitenciarias y carcelarias.
15. Garantía del debido proceso y el derecho a la defensa
Solo existe correcta administración de justicia cuando se garantiza el debido proceso y el derecho fundamental a la defensa. El Ministerio de Defensa promoverá la aprobación por parte del Congreso de la República de una legislación que garantice la defensa técnica y especializada de los miembros de la Fuerza Pública. De este modo, el personal militar y policial tendrá a su disposición los medios necesarios para garantizar plenamente sus derechos en el marco de las investigaciones.
Garantizar el derecho a la defensa contribuye a la lucha contra la impunidad porque evita dilaciones injustificadas. La celeridad de la justicia es una condición indispensable para el respeto de los derechos de las víctimas.