Desde hace casi cuatro años el país ha venido enterándose a retazos del multimillonario saqueo a Bogotá que los medios bautizaron como el carrusel de la contratación. Uno a uno han aparecido testigos, contratistas enredados, exfuncionarios del más alto nivel detenidos o llamados a imputación de cargos, pero cada caso ha sido manejado como una isla, sin conexiones y sin que judicialmente se haya podido probar cómo esa organización intervino con su mano larga las arcas del Distrito. A este desafío se le metió ya la Unidad de Análisis y Contexto (Unac) de la Fiscalía, con el objetivo de descifrar la telaraña criminal que se tomó la capital del país.
El Espectador conoció un informe sobre los primeros avances de un grupo élite de la Unac que emprendió la tarea de identificar a los políticos salpicados, su red clientelar, los servidores públicos que oficiaron como intermediarios, los ‘favores’ a ciertos contratistas, las entidades de la administración distrital que resultaron enlodadas, las fundaciones utilizadas para burlas leyes de contratación, el presupuesto que terminó en los bolsillos de esta organización y, sobre todo, cómo esos dineros que obtenían ilícitamente a través de comisiones terminaron de vuelta financiando las campañas políticas de sus padrinos. Una radiografía sobre un cartel de corrupción que por primera vez busca conectar todos los expedientes en los que se investiga el desfalco a Bogotá.
Lo más sorprendente del reporte conocido por este diario es que se analizan tres vertientes que no habían sido tenidas en cuenta en el proceso del carrusel. Por un lado se evalúa, al consultar todas las unidades de la Fiscalía, si enlaces del cartel pudieron incurrir en un lavado de activos en sus negocios, si otros tenían nexos con el narcotráfico o si algunos más pudieron tener vínculos con grupos paramilitares. Así se pretende establecer si algunas familias políticas que han ostentado el poder en el Distrito derivan su poderío de actividades ilegales que llevan años a la sombra. Por eso el estudio comprende el período de 1998 a 2013.
“El objetivo es reconstruir el patrón de la macrocriminalidad de la corrupción en Bogotá. Hemos identificado varias familias políticas en las que sus parientes están ubicados en cargos estratégicos que garantizan que la red de corrupción marche porque son los que finalmente contratan y nombran funcionarios. También hemos encontrado conexiones entre el mundo de la política y la contratación pública y así algunas familias políticas ponen sus fichas en la administración distrital para a su vez contratar con empresas que son de ellos y, finalmente, financiar su actividad política”, le dijo a El Espectador Alejandro Ramelli, coordinador de la Unac.
Ramelli señaló que la Fiscalía se ha concentrado en ocho entidades o sectores de la administración de Bogotá y que en pocos meses apenas cinco analistas han encontrado toda una red de conexiones en las que se repiten protagonistas del desfalco a Bogotá. Según el funcionario, el próximo año serán 20 analistas los que se encargarán de atar los cabos sueltos de un escándalo que lleva cuatro años, muchos preacuerdos y pocos detenidos. “Hay personas que están por fuera del organigrama de la administración que realmente son los titiriteros que manejan la entidad, porque no firman papeles ni salen a la luz pública. Lo importante de este esquema es que vamos a lograr detectar a aquellos que no han sido visibles”, concluyó Ramelli.
En este contexto, la Unac concentró sus esfuerzos en los siguientes temas: sector salud, sector movilidad, Fondo de Vigilancia y Seguridad, basuras, Empresa de Teléfonos de Bogotá, Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, la Secretaría de Integración Social y, como novedad, las universidades públicas. Es decir, el ente investigador tiene información que vincula a centros de educación superior con el cartel de la corrupción, en particular a la Universidad Distrital. En uno de los cuadros del reporte de la Fiscalía, titulado “Entidades con mayor número de personas relacionadas”, se lee que encabeza la lista el Instituto de Desarrollo Urbano, con 37 personas investigadas.
En su orden le siguen el Fondo de Seguridad y Vigilancia, con 33; el Acueducto, con 29; la Secretaría de Salud, con 29; la Secretaría de Integración Social, con 14; la ETB, con 11; el hospital de Meissen, con 8; la Universidad Distrital, con 7; el hospital Simón Bolívar, con 5; la Unidad Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial, con 4; el proyecto III Milenio, con 3; la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (Uaesp), con 3, y el hospital El Tintal, con 2. En total serían 185 los procesados —la mayoría de manera preliminar— en el escándalo de corrupción de Bogotá. Algunos, de hecho, tuvieron incidencia en la contratación de varios de los frentes indagados. Pero con este diagnóstico es muy probable que esa cifra aumente.
En el informe de la Fiscalía se evidencia la ambición por conectar todos estos procesos dispersos. Por ejemplo, los analistas de la Unac reunieron 224 expedientes que estaban regados en distintas fiscalías de la Unidad de Administración Pública de Bogotá, 71 de la Unidad Delegada ante la Corte Suprema, 28 de la Unidad Anticorrupción y 5 de la Unidad de Lavado de Activos. En total, la Unac rastrea las conexiones de 328 casos que estarían relacionados con el carrusel. Una cifra que revela la magnitud de este entramado criminal, en el que resultaron procesados el exalcalde Samuel Moreno, su hermano, el exsenador Iván Moreno; los excontratistas Emilio Tapia y Julio Gómez, el excontralor de Bogotá Miguel Ángel Moralesrussi, el expersonero Francisco Rojas Birry, los primos Nule, la exdirectora del IDU Liliana Pardo y muchos más.
En ese largo listado de 328 expedientes, 163 son por celebración indebida de contratos, 81 por prevaricato, 37 por concusión, 34 por peculado, 32 por delitos contra la administración pública, 14 por sobornos, 14 por falsedad en documentos, 6 por enriquecimiento ilícito y esa misma cifra por concierto para delinquir. Para los analistas de la Unac, es inconcebible que sólo existan 6 procesos por concierto para delinquir, cuando ha sido evidente que el carrusel tenía unas jerarquías, unas funciones específicas que cumplían según la circunstancia unas entidades asignadas y unos contratistas beneficiados a dedo. Armar esta radiografía de la corrupción es quizá uno de los proyectos más ambiciosos del fiscal Eduardo Montealegre.
La pregunta que intenta resolver la Fiscalía, además de la obvia identificación de los responsables del saqueo, es cómo estas redes clientelares de los políticos bogotanos han podido sobrevivir a distintas administraciones desde 1998, a diferentes intereses de contratistas particulares y a la sofisticación de sus negocios para permanecer a la sombra, obtener millonarias ganancias y pasar de agache frente a las autoridades. Hoy, por cuenta de este escándalo, resultaron procesados Tapia, Gómez, los hermanos Moreno, los exconcejales José Juan Rodríguez, Hipólito Moreno, Andrés Camacho y los cabildantes Wilson Duarte y Orlando Parada —la lista es tan extensa que da para una nota aparte—, entre otros. Lo que quiere establecer la Fiscalía es quiénes fueron sus antecesores y cómo desactivar esa telaraña criminal que durante años les ha metido la mano a los bolsillos de los bogotanos.
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