Humberto Antonio Ruiz David lleva 14 años muerto, pero para el Estado colombiano aún está vivo. Pese a que fue baleado por paramilitares del Bloque Bananero en zona rural de Turbo (Antioquia), en 1994, nadie expidió un acta de defunción que notificara de su deceso, aunque su cuerpo fue enterrado en un cementerio muy cerca del lugar donde fue asesinado. Pero el pasado 1º de octubre, miembros del CTI de la Fiscalía regresaron al abandonado camposanto en el corregimiento de Nueva Antioquia para recuperar lo que casi tres lustros bajo tierra le han hecho a sus despojos. Es el cadáver 1.701 en ser exhumado, tras la expedición de la Ley de Justicia y Paz. En caso de que las pruebas de ADN lo certifiquen, volverá a tener nombre, como otros 224 N.N. que ya fueron identificados.
El cementerio donde quedó es un fiel reflejo de lo que aconteció en aquella época en la que imperaba el terror. Aunque hay varios panteones en cemento, las lápidas con nombres y fechas, escritos de afán, han comenzado a caerse a pedazos e, incluso, algunas tumbas están tan deterioradas que calaveras y huesos saltan a la vista. De los muertos inhumados se sospecha de su ubicación por viejas y recientes cruces en madera o en mármol con letras que apenas son legibles. No hay flores en memoria de nadie y sólo unos árboles de roble hacen sombra a los pocos deudos que aún vienen a visitar a sus muertos en medio de un calor sofocante y poco compasivo.
Y según Udilde María Pastrana, administradora del camposanto, “ni siquiera asustan”. A pesar de que Ruiz David podría ser un muerto oficial en las próximas semanas, el camino para hallar sus restos no ha sido fácil. Su madre, María Gabriela David, antes de morir de cáncer muy lejos de allí, en Bello, a donde llegó desplazada, luchó para que él no quedara enterrado en una fosa común. Aunque ella misma y sus demás hijos se habían desanimado para que la verdad saliera a flote, por las amenazas de las que fueron víctimas al abandonar Turbo, tomaron fuerza y se llenaron de valor para denunciar. Sin embargo, la Fiscalía llamó a su casa un año después de la muerte de María Gabriela.
La cruz de madera
Volver después de 14 años a recuperar los restos de su hermano fue un calvario para Gloria Emilse David. Llena de miedo y apenas acordándose de las indicaciones que le había dado su fallecida madre María Gabriela y de los recuerdos nebulosos
de aquella época, regresó. Apelando a su memoria y la de otros pobladores que no parecían seguros sobre la ubicación de las tres víctimas de la barbarie paramilitar, los agentes del CTI comenzaron la exhumación a las 9:00 de la mañana con una temperatura que nunca fue inferior a los 30 grados.
Además de las amenazas de los grupos violentos, en su labor los efectivos de la Fiscalía deben enfrentar suelos que cambian según la geografía y la idiosincrasia de cada región. Por ejemplo, en ciertas zonas de Urabá, los deudos tienen por costumbre enterrar a sus muertos a profundidades que sobrepasan los dos metros. “A pesar de que esas áreas son muy húmedas, cuando no hay lluvias los suelos se ponen tan duros como una piedra y el trabajo se hace más difícil”, le contó uno de los investigadores del CTI a El Espectador.
Fue lo que ocurrió el pasado 1º de octubre. La única indicación sobre el lugar donde se podrían encontrar los restos era una cruz de madera que sospechosamente parecía haber sido clavada en el suelo pocos días antes. Como si fuera un crimen reciente, los agentes de CTI acordonaron el área con cinta amarilla y comenzaron a cavar con ahínco. Mientras tanto, un escuadrón antiguerrilla de la Policía que los venía custodiando desde el corregimiento de Currulao, se ubicó en posición para evitar sorpresas. Aparte de sus armas y entrenamiento, a los uniformados los acompañaban Pirry y su madre Atila, dos perros sin raza que, sin embargo, en los peligros y en la incertidumbre de la selva son los primeros en darse cuenta de que algo no anda bien.
Apenas protegidos por un toldo sostenido por cuatro estacas clavadas en el suelo que cubrían la fosa, cuatro de los investigadores del CTI cavaron en turnos con dos palas hasta casi la 1:00 de la tarde. Tan sólo se detuvieron para tomar agua. “Cuando los familiares encuentran a los desaparecidos descansan, porque sienten que habían dejado a su familiar tirado”, manifestó el fiscal a cargo de la exhumación. Cuando el hoyo alcanzó los tres metros de profundidad, los investigadores suspendieron la labor. No aparecieron los muertos. Tuvieron que tapar el hueco de nuevo.
Muchos años después
Cuando todo parecía perdido y no había pistas claras del lugar exacto de la fosa de Humberto Antonio Ruiz y de las otras dos personas, aparecieron temerosos y dubitativos sobre las 2:00 de la tarde dos jóvenes testigos que estuvieron el día de los asesinatos. Recordaron que después de que las víctimas fueron ultimadas a sangre fría, la guerrilla reunió a algunos vecinos en el camposanto para presenciar el sepelio. Dijeron que entre los labriegos hubo tensión constante ante el miedo de que regresaran los paramilitares. Pero luego corrió el rumor de que el Ejército era el que venía en camino y la gente se escondió donde pudo.
Lo primero que les hicieron caer en cuenta los testigos a los investigadores fue que en el cementerio habían sido sembrados varios árboles de roble, que no estaban en la época de los asesinatos. Uno de ellos había sido enraizado muy cerca de la fosa donde habían quedado enterrados. Fue entonces cuando los agentes de la Fiscalía se vieron en la disyuntiva de tumbar el árbol o comenzar a cavar a un costado. Optaron por esta última opción. Después de acordonar de nuevo el área y para evitar el tedio, uno de los agentes más experimentados comenzó a contar chistes que por momentos subieron de tono, pero
que se convirtieron en un bálsamo para sus compañeros y los policías. Así se les hizo más ligero, más digestible si se quiere, ese frío trabajo de desenterrar la muerte.
Ahí también estaba Gloria Emilse, aunque un poco distraída. Sólo estaba allí cumpliendo la última voluntad de su madre. Luego de otras tres horas de intenso sol y tierra excavada, por fin apareció lo que parecía la camisa de una de las víctimas. Los tres cadáveres fueron exhumados. Ahora Gloria espera que antes de 180 días la Fiscalía le confirme que su hermano era uno de los muertos. Aunque la invade esa certeza. Necesita, sin embargo, que se vuelva un muerto oficial. En últimas que desaparezca de esa lista abominable de N.N. del país.
Las cifras de la Fiscalía sobre exhumaciones
Según cifras del grupo de exhumaciones del CTI de la Fiscalía, hasta principios del mes de octubre de 2008 habían sido encontradas en Colombia 1.387 fosas, resultado de la violencia de los grupos armados ilegales, con 1.701 cuerpos, de los cuales 224 ya fueron identificados y entregados a sus familias.
En el departamento de Antioquia, en total, se han encontrado 197 fosas con 262 cuerpos, incluidos los tres que fueron hallados en un corregimiento de Turbo, el pasado 1º de octubre.
De ese número, y como resultado de las pruebas de ADN, se tiene la posible identidad de 84, mientras ya se han entregado a sus familiares 48. Asimismo, se efectuó una entrega simbólica de cinco fallecidos, luego de que el ex jefe del Bloque Bananero, Hébert Veloza, alias H.H., confesara en versión libre frente a los allegados de los muertos que esas personas fueron asesinadas y sus cuerpos lanzados al río Cauca, de donde no pudieron ser recuperados. Se encuentra pendiente la entrega de otras dos víctimas.
La muerte también se tiene que legalizar
De acuerdo con normas que fueron promulgadas desde 1916 en Colombia, todos los cuerpos que sean llevados a un cementerio tienen que contar con una necropsia médico-legal que debe ser emitida por el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses. Después debe expedirse un certificado de defunción para el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane), pero también una licencia de inhumación.
Con esos documentos se elabora un certificado civil de defunción que al final se constituye y certifica el reconocimiento legal de muerte de todo individuo. La normatividad exige también a los despachos parroquiales que deben llevar un registro histórico y a la vez minucioso sobre los cadáveres identificados y no identificados que llegan a los cementerios, al igual que una adecuada disposición de los cuerpos sin identificar en los osarios comunes. No obstante, es claro, que en muchos casos no se cumplen los protocolos.