Luego de un año de haber sido vinculado formalmente al escándalo de las ‘chuzadas’, el exdirector de la Unidad de Información y Análisis Financiero, Uiaf, Mario Aranguren se enfrenta a la primera audiencia del juicio que se libra en su contra en el Juzgado 30 Penal con Funciones de Conocimiento de Bogotá.
Al mismo caso fue vinculado el ex subdirector operativo de la entidad Eduardo Daza, quien al igual que su superior jerárquico está involucrado en la revelación de información alrededor de las finanzas de magistrados de las altas cortes, que fue suministrada sin que existiera un sustento legal que respaldara la actuación.
Según la Fiscalía, fue por requerimiento de Casa de Nariño que se impartieron directrices tendientes a indagar si los registros de la actividad financiera de los altos juristas demostraba o no probables vinculaciones con personas de quienes se presume presunta cercanía con actividades narcotraficantes.
Al parecer, luego de un viaje a Neiva, Huila, donde estuvieron varios integrantes de la Rama Judicial, surgieron sospechas sobre la probable infiltración de la mafia en las altas cortes, pues se presumía que ésta había sido organizado por Ascencio Reyes, una persona que, pese a no tener requerimientos judiciales, algunos sindican como cercano al empresario italiano, Giorgio Sale, que fue investigado por presuntos nexos con el narcotráfico.
El Departamento Administrativo de Seguridad, DAS, emprendió desde entonces una persecución ilegal en contra de los magistrados, lo que incluía conocer detalles sobre sus movimientos financieros, que requerían del auspicio de la Uiaf.
Estas presuntas actuaciones ilegales les valieron a Aranguren y a Daza una acusación como presuntos responsables de los delitos de concierto para delinquir agravado, prevaricato por acción y abuso de autoridad.