La Corte Suprema de Justicia reiteró que los magistrados que laboran en el archipiélago de San Andrés tienen como obligación hablar a la perfección el idioma inglés.
El alto tribunal advirtió que el castellano y el inglés son los idiomas oficiales de la isla, por lo que los empleados y funcionarios públicos que trabajen en dicha jurisdicción deben hablar las dos lenguas.
Igualmente se indicó que las lenguas y dialectos de los grupos étnicos son también oficiales en sus territorios, por lo que los funcionarios públicos también deben tener un conocimiento de las mismas.
El pronunciamiento se dio luego de anular la elección de los magistrados Beatriz Ariza de Zapata y Jorge Eduardo Ramírez, quienes no dominaban el idioma inglés.
En el fallo se reconoce para esas minorías, una pluralidad lingüística, por lo que surge el derecho a comunicarse, es decir, a entender y ser entendidos y la obligación de la administración de justicia, como el hablar en su territorio, el idioma propio de la comunidad usuaria.