Fuertes críticas por parte de juristas y políticos ha empezado a suscitar la elección de los nuevos magistrados del Consejo Superior de la Judicatura, que se llevará a cabo el próximo miércoles 3 de septiembre en el Salón Elíptico del Congreso de la República. Tan sólo el presidente Álvaro Uribe ha enviado las ternas para reemplazar a dos de las cuatro vacantes existentes para completar los siete integrantes que conforman la Sala Jurisdiccional Disciplinaria, y la preocupación por los candidatos que se elijan se hace evidente en los pasillos del Palacio de Justicia.
Se trata de la conformación de la Sala que tendrá como función, durante los próximos ocho años, examinar la conducta y sancionar las irregularidades de los funcionarios de la Rama Judicial y abogados en el ejercicio de su profesión que violenten la ley. Por eso se empezaron a generar distintas opiniones a partir del momento en que se conocieron las dos ternas enviadas por el presidente Uribe, quien por mandato constitucional las presenta. Los magistrados a los que se les venció el período de sus funciones son Eduardo Campo Soto, Guillermo Bueno, Temístocles Ortega y Rubén Darío Henao Orozco.
Para el ex presidente de la Corte Constitucional, Alfredo Beltrán Sierra, por ejemplo, aunque lo deseable es que los elegidos sean magistrados que no solamente tengan el título de abogado obtenido hace más de diez años, experiencia en el ejercicio profesional, en la docencia o en el campo jurisdiccional, lo que se da en esta corporación “es una elección que tiene su expresión en el ejercicio del poder político, el cual tiene un influjo politiquero”, indicó.
Un concepto mucho más fuerte en torno a la Sala Jurisdiccional Disciplinaria es el del director el Departamento de Derecho Público de la Universidad Javeriana, Hernando Yepes Arcila, quien fue el primer presidente del Consejo Superior de la Judicatura. En una entrevista dada en los pasados días al diario La Patria, indicó que dicha sala “es un cáncer, tiene un método perverso de reclutamiento, proviene de la recolección de nombres de candidatos en los escritorios del Congreso para integrarlos a las ternas que el Gobierno pone a su consideración”.
Asimismo, manifestó que “este organismo se convirtió en el colector de aguas negras de la tutela. Toda tutela que los jueces serios no reciben, llega allá porque parece tener un ambiente más propicio; y también es un escenario de empleo perfumadamente remunerado a quienes nunca se destacaron ni en el foro, ni en la jurisdicción, ni en ninguna de las ocupaciones que tenemos los abogados. Hace rato se recluta en la retaguardia de la profesión de abogado, como parte de una piñata política que algunos jefes del Congreso logran con la complacencia de los presidentes de la República, del actual y de todos”.
Para reemplazar al magistrado Guillermo Bueno Miranda, quien dejó su cargo el pasado viernes, fueron postulados por el presidente Álvaro Uribe, Ovidio Claros Polanco, Claudia Patricia Ospina Buitrago y José Joaquín Plata Albarracín. Y en reemplazo del magistrado Eduardo Campo Soto fueron postulados William Giraldo Giraldo, Pedro Alonso Sanabria y Nancy Yanira Muñoz Martínez, pero aún quedan por presentar las ternas para nombrar los reemplazos de Temístocles Ortega y de Rubén Darío Henao Orozco.
Acerca de algunos de los postulados, el penalista Iván Cancino indicó que el Consejo Superior de la Judicatura tiene que llenarse de litigantes, porque son ellos quienes conocen todos los problemas y dificultades del sistema y, por lo tanto, tendrían mucho más panorama y mucha más efectividad para poder juzgar a un abogado. “Creo que tienen que nombrar personas que hayan tenido contacto con la baranda y que hayan tenido posibilidad de ver todos los sinsabores que tiene que pasar un abogado litigante o un fiscal dentro del nuevo sistema para poder juzgar con una verdadera objetividad”, indicó.
A todos los magistrados de la Sala Disciplinaria ya se les terminó el período. A unos, como Leonor Perdomo, se les venció el 31 de octubre de 2007 y fue reemplazada por María Mercedes López Mora. También se le venció a Fernando Coral Villota, en marzo de este año, y fue reemplazado por Angelino Lizcano Rivera. El mismo vencimiento de sus funciones le ocurrió a Eduardo Campo Soto y en su reemplazo se nombró provisionalmente a Julia Emma Garzón de Gómez, quien luego fue elegida como magistrada en reemplazo de Jorge Alonso Flechas Díaz, a quien se le había vencido el período en marzo de este año.
Para el magistrado saliente Guillermo Bueno, es un motivo de orgullo y una satisfacción como abogado terminar la vida profesional en una Corte de esta magnitud. Aunque manifestó no conocer a ninguno de los ternados, espera que quienes los sucedan mantengan la independencia y autonomía que debe tener todo juez. Pero lo contrario ocurre con los miembros del Partido Liberal y el Polo Democrático Alternativo, quienes sí conocen a los postulados y consideran que varios de ellos no cumplen con los requisitos.
La vocera del liberalismo, Cecilia López Montaño, manifestó que su partido no está de acuerdo con la forma como se vienen realizando las postulaciones. “Lo que puedo decir es que nos parece grave que se repartan políticamente las ternas”. Agregó que las Cortes no pueden ser politizadas como ocurre actualmente. Y el representante Venus Albeiro Silva, del Polo Democrático, dijo que el Gobierno ha tratado de coartar a las Cortes para que definan los juicios a favor del Ejecutivo y que es claro que la mayoría uribista, por orden del Gobierno, votará por los candidatos del Presidente de la República.
Contentos o no, lo cierto es que las ternas se han presentado y el miércoles a las 9:00 de la mañana se elegirá a dos magistrados del Consejo de la Judicatura, una institución que con seguridad recibirá muchas tutelas en torno al escándalo parapolítico. En los mentideros políticos se oye decir que, debido a su poder y sobretodo a su origen político, podría ocurrir que dicha Sala Disciplinaria fallara tutelas en favor de procesados por parapolítica. El Espectador conoció que esta es una preocupación que han venido manifestando algunos magistrados de la Corte Suprema.
A Ovidio Claros no lo quieren algunos juristas
Uno de los ejemplos por los cuales algunos magistrados y políticos se han sentido molestos y preocupados con los miembros de las ternas enviadas por el presidente Álvaro Uribe al Congreso, es Ovidio Claros Polanco, un abogado de la Universidad Libre, que tiene una especialización en Derecho Público y en Gerencia en Servicios de Salud, cuya trayectoria ha sido principalmente como político y no como litigante o miembro de la Rama Judicial.
Claros Polanco fue representante a la Cámara para el período 2002-2006, miembro de las comisiones Primera y Segunda, presidente de la Comisión de Ética y del Estatuto del Congresista e invitado especial de la Comisión Legal de Cuentas. Mediante sentencia del 30 de marzo de 2004 perdió su investidura de congresista, por violación del régimen de inhabilidades, debido a que inscribió su candidatura a la Cámara de Representantes sin haber esperado un año luego de haber terminado el cargo de contralor del Distrito Capital.
Algunos juristas le manifestaron a El Espectador que no tiene ninguna presentación que sus acciones como jueces sean sancionadas por alguien como él.