En medio de la conmoción que ha causado la muerte anunciada de la defensora de los desplazados en el Urabá, Ana Fabricia Córdoba, asesinada por un sicario el martes de la semana pasada mientras se transportaba en un bus por el nororiente de Medellín, cuatro plataformas de derechos humanos anunciaron su retiro de la Mesa Nacional de Garantías, por la cual se buscaba, a través de reuniones con autoridades del Gobierno y representantes de la comunidad internacional, encontrar soluciones a las constantes amenazas a las que son sometidos dichos defensores. Una resolución que podría significar la suspensión de más de 200 compromisos que se han firmado entre organizaciones no gubernamentales y el Gobierno y que aún están pendientes de cumplirse.
Así, en un comunicado enviado por la Asamblea Permanente de la Sociedad Civil por la Paz, la Plataforma Colombiana Derechos Humanos Democracia y Desarrollo, la Coordinación Colombiana Europa Estados Unidos y la organización social Alianza, se estableció que “suspenden la interlocución en el proceso nacional de garantías con el Gobierno, que se venía desarrollando desde el 2009, (…) porque luego de casi dos años de discusión en estas mesas, líderes, defensores y defensoras, siguen siendo asesinados, amenazados, hostigados, judicializados y desaparecidos, sin que hayan medidas efectivas y concretas por parte del Gobierno Nacional para garantizar el ejercicio legal y legítimo de defender los derechos humanos”.
El abogado del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo —que hace parte de tres de las plataformas de derechos humanos—, Alirio Uribe Muñoz, dijo que la situación es preocupante si se tiene en cuenta que “desde agosto del año pasado ha habido un total de 34 asesinatos de líderes de derechos humanos”. Sin embargo, agregó: “Estamos a la espera de una reunión que sostendrán el ministro del Interior y de Justicia, Germán Vargas Lleras, y el presidente Juan Manuel Santos, en la que discutirán posibles soluciones para este tema. Entonces pensaremos en volver o no a dialogar”.
Por su parte, el vicepresidente Angelino Garzón recomendó a las organizaciones que no cesen los diálogos que han venido sosteniendo con el Gobierno y agregó: “El ministro del Interior, Germán Vargas, y el presidente Juan Manuel Santos están buscando mecanismos mucho más eficaces para la protección de los defensores de derechos humanos y de los líderes sociales”. También manifestó que se estaban poniendo sobre la mesa las peticiones que ha hecho la sociedad civil sobre el tema y que según el abogado Uribe Muñoz, se resumen en: la resolución de peticiones de protección y medidas de seguridad que siguen pendientes, el avance de investigaciones sobre ataques a defensores, la evaluación de riesgos de los líderes sociales, especialmente en zonas con poca presencia del Estado, y el establecimiento de un mecanismo que haga seguimiento al avance de los compromisos que se firman con las autoridades.
El director de la Policía Ciudadana, Orlando Páez Barón, anunció que a pesar de que algunos defensores de derechos humanos tuvieran sospechas sobre la responsabilidad de policías involucrados en el asesinato de la líder del Urabá, dicha presunción no había podido comprobarse: “Créanme que hemos hecho las indagaciones y hasta ahora no tenemos evidencia o hecho que sindique a integrantes de la Policía como autores”. Páez Barón dijo que ya tenían en la mira a los presuntos homicidas de Córdoba y que los nombres serían entregados a la Fiscalía General para que continúen las investigaciones pertinentes.