El pasado 9 de enero el presidente Juan Manuel Santos firmó los decretos que le daban vía libre a la Fiscalía para implementar, por primera vez en 20 años, reformas estructurales y nuevas estrategias en temas de investigación y gestión. A la cabeza de este trabajo, que se inició en junio de 2012, estuvo una de las fichas claves de Montealegre: su asesora de despacho Gloria Ortiz.
La nariñense, que trabajó 12 años en la Corte Constitucional —donde conoció al fiscal general— y seis en el Consejo de Estado como magistrada auxiliar, consolidó las nuevas propuestas para reestructurar a la Fiscalía. La unificación de unidades en direcciones especializadas para la lucha contra el crimen organizado, corrupción, narcotráfico entre otros; la creación de cinco nuevas policías judiciales; la implementación de funcionarios de carrera a partir de méritos; el fortalecimiento de la Fiscalía a nivel nacional con presencia en todos los departamentos; la ampliación de la planta de funcionarios; y la política de priorización, fueron algunos de los principales cambios.
¿Cuándo llega usted a la Fiscalía?
Trabajé en la Corte Constitucional 12 años y cuando el doctor Eduardo Montealegre llegó a la corporación yo estaba encargada como magistrado auxiliar en su despacho. Cuando lo nombraron como fiscal general, me pidió que lo apoyara. Nos dimos cuenta de que la entidad estaba en un desorden que la hacía inmanejable. Encontramos que la solución no era seguir tapando huecos como en otras oportunidades se ha hecho, sino buscar una reforma.
¿Cuándo definieron que era necesaria una reforma?
Hicimos un diagnóstico intuitivo que duró tres meses. Más o menos en junio de 2012 empezamos a buscar soluciones. Desde ese momento trabajamos con la Universidad de los Andes, que creó los primeros comités técnicos. El diagnóstico nos lo presentaron en diciembre de ese mismo año y los resultados nos confirman que la Fiscalía había que modificarla. El fiscal habló con el presidente y él nos apoyó. Se piden las facultades extraordinarias en el Congreso, que se firman en junio de 2013. Realizamos un estudio de cargas laborales porque el volumen de trabajo y el desorden eran ridículos.
¿Cuáles fueron los principales problemas que se hallaron tras realizar los diagnósticos?
Los principales problemas eran la falta de especialización de la Policía Judicial, porque era común encontrar a una persona que manejaba un tema de explosivos y después lo trasladaban a homicidios. Muchos de los investigadores tenían un curso de investigación criminalista, porque en el mercado no hay ofertas que permitan especializarse. Por ejemplo, para el caso de Interbolsa no había investigadores profesionales. También había personas que tenían un título profesional en contaduría pero estaban en temas de medio ambiente. El objetivo es profesionalizar a los investigadores y crear distintos perfiles, porque en planta sólo teníamos 68 de este tipo.
¿Qué otros problemas evidenciaron?
Nos tocó crear una institución universitaria que nos permitiera dar las capacitaciones a nuestros investigadores que no tuvieran un título profesional, porque no los podemos echar. También, encontramos que mientras las unidades nacionales consagran el mayor número de recursos, tienen los mejores fiscales y la menor cantidad de procesos, las seccionales tienen menos plata y menos fiscales en comparación con la cantidad de casos. Pero las seccionales tenían más resultados.
¿Cuáles son las cifras del volumen de trabajo?
La carga de trabajo es absurda. El promedio de trabajo de los fiscales especializados cuadruplica la capacidad humana. La de los fiscales del circuito está triplicada y la de los locales está duplicada. Todo porque es más barato crear puestos de fiscales locales, como lo han hecho las últimas reformas. Con los investigadores es peor, por la cantidad de órdenes que se dan a la policía judicial. Por ejemplo, el año pasado entraron menos denuncias penales, pero fueron 1’600.000. La Fiscalía también investiga desde una denuncia de una vecina que le dijo a otra “bruja”, hasta el cartel de la contratación. Por eso evaluamos un nuevo modelo de gestión de casos enmarcados en una política de priorización.
¿Cómo queda la estructura de la Fiscalía, qué pasará con unidades como Justicia y Paz?
Las unidades no desaparecerán, sino que son grupos de trabajo especializados. Las direcciones son las de derechos humanos, crimen organizado, terrorismo, corrupción, justicia transicional, extinción de dominio y antinarcóticos y lavado de activos.
¿Cuál es el nuevo presupuesto?
El Gobierno dio $1,08 billones para la reforma de la Fiscalía, a pesar de que en los cálculos iniciales eso costaría $1,25 billones. Sólo faltaron $200.000 millones, pero el compromiso del Gobierno fue inmenso.
Se crearon cinco nuevas policías judiciales…
Están diseñadas para investigar menos procesos, pero los más complejos. Las policías judiciales son la económica financiera, la de extinción de dominio, la de derechos humanos, la de crimen organizados y la de aforados constitucionales.
¿Cómo se va a fortalecer la planta de funcionarios?
Los ingresos de nuevos funcionarios se harán entre 2014 y 2016. Antes teníamos 25.588 cargos y pasaron a ser 28.836. Son 3.248 nuevos cargos, que en su mayoría son de nivel técnico y en el nivel profesional. O sea, fiscales e investigadores que sean profesionales. Pasaremos de 4.419 fiscales a 5.496. Investigadores profesionales, en el primer año, pasan de 68 a 285. A corte final tendremos 998. Los investigadores técnicos, que ahora son 5.704 de planta, serán 8.310. Asistentes de fiscal pasan de 5.074 a 7.486.
Se hablaba de 19.000 personas que trabajan como provisionales, ¿cómo es esa situación?
La Fiscalía ha tenido tres concursos desde su creación. Hoy es una planta de 25.000 servidores, pero cuando empezaron eran 10.000. Los concursos en la entidad tuvieron muchísimos tropiezos y eso hizo que la incorporación de la carrera en la entidad sea muy lenta. Hoy tenemos más o menos 7.000 servidores en carrera. La entidad tiene 220 empleados de libre nombramiento y remoción. Es muy distinto frente a otras entidades. Eso significa que todos los demás son provisionales. La idea es que el ingreso a la Fiscalía y la permanencia sea por mérito.
¿La idea es que todos esos provisionales se conviertan en carrera?
Así es, pero ese proceso de conversión a la carrera lo vamos a hacer con muchísimo juicio y seriedad. No se trata de que de ahora en adelante todos los que están provisionales firmen porque se va a hacer un concurso.
¿La carrera y los concursos se van a legitimar a través de la creación de la institución universitaria?
La institución universitaria va a ser absolutamente importante. Siempre hemos creído que la gente debe ingresar a una entidad por sus méritos. Desde que llegamos acá estamos diseñando temas de carrera. Creemos que la idea de carrera que tienen tanto la Rama Judicial como la Rama Ejecutiva es equivocada.
Otro de los objetivos es el fortalecimiento de las seccionales…
Las seccionales tienen dos estrategias de fortalecimiento. La primera es de índole administrativa, dirigida a la gerencia de las seccionales. Se va a cambiar el modelo tripartito de gerencia. Ahora sólo será el director seccional. La segunda estrategia es en el tema de investigación penal, que es la priorización. Se manejará un grupo de personas para depurar, sacar los casos que son más sencillos y priorizar los procesos más complicados.
¿Ahora se tendrá presencia en todos los departamentos?
Teníamos 30 direcciones a nivel nacional, pero había siete departamentos del país desatendidos. Para efectos de que la Fiscalía tuviera presencia total, consideramos que era muy importante crear una dirección por departamento. Ahora pasamos de ser 30 a 35. O sea, para cada departamento una dirección, pero tres más para las grandes ciudades que desbordan la capacidad de trabajo: Bogotá, Cali y Medellín.
¿Usted estuvo en cabeza de este grupo durante este proceso de seis meses?
Yo tuve, como dicen mis compañeros, la deliciosa tarea de bailar con la más fea. Una de las preocupaciones de la Fiscalía fue la de los salarios, pero según me explicaban en la presentación de la reforma que quitaron, ciertos niveles de cargo que cumplían las mismas funciones ganaban diferente. En la entidad fueron creando cargos por limitaciones económicas. Entonces se creaba un cargo con un salario más bajito. Listo, qué maravilla porque tenemos más empleos. Pero en la práctica empezó a generar inconvenientes muy graves, porque personas que tenían las mismas funciones ganaban diferentes salarios.
Hay cargos nuevos que son cuatro consejeros judiciales del fiscal, ¿cómo es eso?
Necesitamos mucha información y mucha colaboración con otros países, sobre todo en temas de crimen organizado. El objetivo es que logremos cooperación internacional, por ejemplo en el rastreo de bienes.
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