El 5 de mayo de 2003, el sargento Pedro José Guarnizo Ovalle recuperó su vida. O así parecía. Fue rescatado de las manos de las Farc en una operación del Ejército, mientras sus compañeros de cautiverio fueron asesinados por la guerrilla: el exgobernador de Antioquia Guillermo Gaviria; su asesor de Paz, Gilberto Echeverri, y otros ocho militares. Pero, ya en libertad, Guarnizo pasó de víctima a victimario. Se comprobó su participación en la masacre de cuatro militantes de la Unión Patriótica en Puerto Unión (Meta) en 1992 y fue condenado por la Corte Suprema a 24 años y 6 meses de prisión. Ahora, la muerte de un joven de 15 años lo tiene de nuevo en el radar de la justicia.
Se trata de Herson Javier Caro, también conocido como Javier Apache. El joven entraba con unos sacos de café a Puerto Unión el 15 de noviembre de 1992 —mismo año de la masacre por la que luego fue sentenciado el sargento Guarnizo— y salió corriendo cuando vio que tropas del Ejército estaban haciendo una requisa. Tiberio Silva Ramos, un guía civil que acompañaba a los dos pelotones, incluido en el que estaba Guarnizo, le disparó en la escena y el joven campesino murió pocos minutos después en un hospital. Ambos fueron vinculados por la Fiscalía en 1998 y procesados y Guarnizo fue absuelto por un juzgado militar 24 días después del rescate que lo trajo de nuevo a la libertad.
(Le puede interesar: La novela del sargento Guarnizo)
Aunque su absolución fue confirmada por el Tribunal Superior Militar el 3 de septiembre de 2003, las dudas sobre la investigación de este caso siempre persistieron. El caso llegó hasta la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en 2009 y el Estado colombiano y las víctimas llegaron a una solución amistosa en octubre de 2016 que implicó un reconocimiento de responsabilidad por la violación de los derechos a la vida, la honra, la integridad personal y las garantías judiciales del joven Caro. Y, por ello, el 11 de diciembre de ese año hizo un acto público de disculpas.
Como parte de la solución amistosa, la Procuraduría le solicitó a la Corte Suprema revisar la investigación penal. El alto tribunal señaló que la muere no fue investigada debidamente y, por eso, dejó sin efectos la absolución al sargento Guarnizo y ordenó a la Fiscalía empezarla prácticamente de cero. Al analizar todos los testimonios que reposan en el expediente, la Sala además llegó a la conclusión de que la muerte del joven Caro violaba los derechos humanos, pues su vida fue “segada de manera arbitraria, ilegal, sin justificación admisible, por personal civil armado bajo la responsabilidad de agentes del Estado”.
(Le puede interesar: Pedro Guarnizo: «Estaba más tranquilo en manos de las Farc»)
“Los funcionarios encargados —entre ellos Pedro José Guarnizo Ovalle— obviaron (…) su misión de proteger la honra e integridad de los habitantes de la República”, señaló la Corte. El testimonio de un poblador, por ejemplo, apunta a que los retenes del Ejército al parecer eran arbitrarios y se hacían por personas que, incluso, habrían estado encapuchadas: “A un niño que trataba de huir le dispararon indiscriminadamente, el niño quedó herido en el suelo, pero no había salido del cerco militar que nos habían tendido, entonces el encapuchado y el sargento me llamaron (…) me dijo que lo echara en un carro y me lo llevara para el hospital”.
A esto se suman otros detalles. Por ejemplo, dice la Corte, sin la Procuraduría no habría sido posible reconstruir las órdenes de operaciones ni “el itinerario ilegal de varias patrullas del Ejército en la zona rural de El Castillo (Meta) para finales de 1992 y que arrojó como saldo varios homicidios, ejecuciones extrajudiciales, entre ellas la de Javier Apache”. Y es que, para la Corte, el caso nunca debió estar en la justicia penal militar, pues desde la misma orden de operación militar había contradicciones. No se explica la Corte cómo en el documento “131630 NOV.92”, del Comando del Batallón Vargas en Granada (Meta), se autorizó que los pelotones tuvieran “guías conocedores del área”, si la misión era realizar patrullajes para ubicar campamentos de las Farc.
(En contexto: 15 años sin Guillermo Gaviria y Gilberto Echeverry)
Esa orden fue clave para la absolución de Guarnizo por la justicia penal militar, que señaló que el suboficial cumplía órdenes. Pero, dice la Corte, el documento no permitía que los guías civiles portaran armas, prendas militares ni mucho menos que esos civiles hicieran labores propias de las tropas. En su defensa, Guarnizo testificó que, en medio de requisas en tres establecimientos, supo de lo que había pasado con el joven. “Enseguida fui (…) le practiqué primeros auxilios, los profesores me solicitaron llevarlo a un puesto de salud o a un hospital, utilicé uno de los vehículos que había en el caserío y lo llevaron, de ahí no volví a saber nada hasta que terminó la operación”.
Como si fuera poco, la Corte resaltó que al parecer Tiberio Silva Ramos, quien habría disparado al joven Caro, era un paramilitar. De hecho, un oficio del CTI de Villavicencio de julio de 1998 señala que Silva ramos figuraba “como integrante del grupo militar los Carranceros (en) zona de influencia la región del Ariari” y que tenía antecedentes. En el documento, de 54 páginas, el alto tribunal cuestionó a la Fiscalía por haber dicho que la muerte de Caro fue acción fortuita, sin tener en cuenta que Guarnizo Ovalle “para ese instante hacía parte de un operativo de control del orden público poco ortodoxo”.
(Lea aquí: Exterminio de la UP, crimen de lesa humanidad)
Ahora todo queda en manos de la Fiscalía, que deberá retomar el caso desde la fase de instrucción. En diálogo con El Espectador, el sargento Guarnizo, quien está en libertad a pesar de haber sido condenado en abril de 2016, señaló que él nunca accionó el arma que segó la vida de Caro y que su presencia en la zona fue por órdenes de sus superiores. “Yo estaba allá porque me dieron órdenes. ¿Por qué no han investigado al resto del pelotón? La intención es meterme preso como sea. Yo nunca hice nada contra ese pelado”.
Guarnizo, además, dijo estar dispuesto a ir a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) para contar la verdad sobre las cuatro muertes de la UP que lo tienen condenado a 24 años y que ocurrieron poco después del crimen de este joven. Las víctimas, asegura Guarnizo, serían familiares de Henry Castellanos, conocido como Romaña. “Espero que alguien me llame y tome mis declaraciones, pero una parte neutral, que no tenga el visto bueno de la guerrilla. Me presento a la JEP, pero me declaro inocente y voy a hablar la verdad”, señaló.