El acuerdo entre el Gobierno y las Farc respecto a la satisfacción de los derechos de las víctimas dejó sentadas las bases de uno de los asuntos más polémicos en el proceso de paz: el tratamiento que recibirán los agentes de Estado que hayan cometido infracciones al DIH y graves violaciones a los DD.HH. con ocasión del conflicto armado.
Un tema que, por espinoso, se dejó sin desarrollar en el acuerdo de víctimas. Por una parte, el Gobierno en su fuero interno se encargará de definir los pormenores del tratamiento judicial de los uniformados, teniendo como referencia la Jurisdicción Especial para la Paz. Y por la otra, en el punto del fin del conflicto se detallarán las manera como se saldarán las deudas de los miembros de la Fuerza Pública con la justicia.
En el acuerdo dado a conocer el martes en La Habana ( Cuba), se repite la premisa de que los agentes de Estado tendrán un tratamiento diferenciado pero equilibrado y equitativo con respecto a lo dispuesto en la Jurisdicción Especial para la Paz. Las pistas están dadas en por lo menos seis párrafos del documento y apuntan en la dirección anteriormente mencionada. “Respecto a los agentes del Estado, se establece un tratamiento especial, simultáneo, equilibrado y equitativo basado en el Derecho Internacional Humanitario”, se lee en el punto 44.
Del análisis minucioso del acuerdo se derivan una serie de principios que determinarán la hoja de ruta que el Estado plantee para los oficiales involucrados en graves crímenes. Lo primero, es que aunque tengan un tratamiento diferencial, este será ejercido por el mismo Tribunal Especial para la Paz, y que ninguna ley futura podrá excluirlos ni darles mayores beneficios jurídicos, de los establecidos en el acuerdo sobre justicia.
El texto también señala que dicho “tratamiento diferenciado valorará lo establecido en las reglas operacionales de la Fuerza Pública en relación con el DIH. En ningún caso la responsabilidad del mando podrá fundarse exclusivamente en el rango, la jerarquía o el ámbito de jurisdicción. La responsabilidad de los miembros de la Fuerza Pública por los actos de sus subordinados deberá fundarse en el control efectivo de la respectiva conducta, en el conocimiento basado en la información a su disposición antes, durante y después de la realización de la respectiva conducta, así como en los medios a su alcance para prevenir, y de haber ocurrido, promover las investigaciones procedentes”.
Otro de los aspectos que desde ya están definidos es que la reclusión de los agentes de Estado seguirá siendo bajo el régimen carcelario militar, y que los oficiales condenados podrán apelar ante el Tribunal para la Paz. “En el caso de los agentes del Estado se aplicará el fuero carcelario sujeto al monitoreo propio de este sistema. La configuración definitiva de las sanciones propias del sistema aplicables a los agentes del Estado, será decidida antes de la firma del Acuerdo Final de Paz, respetando lo ya establecido en la JEP respecto a las sanciones propias, alternativas y ordinarias”, se lee en el punto 60.
Precisamente por esto, el próximo sábado se llevará a cabo un evento subsidiario a lo ocurrido en el martes. Allí, el presidente de la República y los ministros de Defensa y Justicia, darán a conocer el documento que establece los principios que regirán el tratamiento diferencial de los agentes de Estado. Dicho documento se ha construido en total reserva y busca dar tranquilidad a los oficiales involucrados en conductas punibles.
Aunque en innumerables apartados del acuerdo se insiste en ese tratamiento diferenciado, los ya célebres críticos del proceso insisten en sus miedos. El senador del Centro Democrático Alfredo Rangel insistió en que es un “exabrupto” concertar con las Farc la justicia para los militares, y que la Fuerza Pública no puede estar en el mismo saco que las organizaciones ilegales.
Del mismo lado se encuentra el general (r) Jaime Ruiz , presidente de la Asociación de Oficiales Retirados de las Fuerzas Militares (Acore), quien señaló que aunque no conocen el acuerdo tienen muchas dudas sobre el mismo. Ruiz Barrera enfatizó en que si bien está de acuerdo con que se aplique la justicia transicional a los uniformados, le preocupa que no sea diferenciada a la de los guerrilleros. “No nos pueden igualar a nosotros con las Farc porque somos agentes del Estado, portamos las armas de forma legítima, las Farc son ilegales y han actuado bajo la ilegalidad”, refirió el exuniformado.
“Necesitamos conocer el modelo de justicia porque por ahora las especulaciones son muy preocupantes. Dicen que el tribunal va a ser constituido por partes iguales entre las Farc y el Gobierno. Eso es atroz. No nos puede juzgar el enemigo ni con el enemigo. Eso no sucede en ninguna democracia, de ahí la importancia de tener nuestro propio sistema de justicia. Otro tema es el beneficio de la amnistía por delitos conexos, pues en aras del equilibrio se les puede aplicar que el Estado no persiga ciertas conductas cometidas por militares dentro del contexto del conflicto”, concluyó el general retirado.