Tras los duros golpes asestados a las Farc, el Gobierno se ha marcado el reto de reducir la violencia urbana y el crimen organizado que acosa al país mediante una nueva Política de Seguridad Ciudadana que tendrá un enfoque social y supondrá el incremento de policías en las ciudades.
El ministro de Defensa, Rodrigo Rivera, explicó que ese giro obedece a que el fenómeno de la violencia se ha transformado en Colombia.
"En los últimos ocho años hubo un gran éxito en la Política de Seguridad Democrática (eje central del Gobierno de Álvaro Uribe) dirigida a apagar un incendio, a enfrentar una situación de violencia extremadamente grave y perturbadora", manifestó.
Ahora, agregó, "los avances de la Seguridad Democrática nos obligan a mantener el énfasis en ese frente para terminar la tarea de acabar con las organizaciones violentas, pero además elevar la condición de política pública independiente a la seguridad ciudadana".
Según Rivera, el país "ya no enfrenta fenómenos propiamente colombianos, como las Farc y los paramilitares, sino el fenómeno que afronta la comunidad internacional en todas las ciudades del mundo".
Y es que si bien se ha logrado acabar con históricos dirigentes de las Farc mediante sonados golpes militares, éstos se han visto empañados por un incremento de la violencia urbana.
El ejemplo más significativo es Medellín, donde la guerra de pandillas que se disputan territorio y puntos de venta de droga acumula en lo que va de año alrededor de 1.500 muertos.
"Hay un fenómeno nuevo que es el de las bandas criminales asociadas a narcotraficantes pero también a otras actividades, se encargan de cobrar extorsión", remarcó el ministro, para quien lo acontecido responde a un "cambio de la economía criminal en Colombia".
Recordó que hace diez años los grupos criminales tenían tres fuentes de financiación: narcotráfico, secuestro y robo de hidrocarburos.
Y detalló que de mil toneladas de cocaína que se producían se ha pasado a 400, de las que se incautan 200; los secuestros se han reducido de 3.000 a un centenar cada año y el hurto de hidrocarburos, que llegó a crear una economía ilícita de 200 millones de dólares, no supera ahora más de cinco millones.
Colombia "está demostrando ser un país no viable para el narcotráfico, por eso se ve el desplazamiento hacia otros países, y ante el desplome de esa economía los grupos criminales están tratando de migrar hacia el cobro de microextorsión y otros negocios ilegales", prosiguió.
También se ha expandido el tráfico de drogas a pequeña escala, de ahí las guerras de pandillas y un aumento del consumo interno, especialmente entre niños y jóvenes, fenómeno que años atrás era menos preocupante porque el grueso de la cocaína producida en Colombia se destinaba a la exportación.
Para combatir estos flagelos, el Gobierno ha puesto en marcha una novedosa Política de Seguridad Ciudadana cuyo eje es "garantizar un enfoque no represivo, no reactivo, frente a los retos de la delincuencia en las ciudades, sino un enfoque preventivo y de control". En definitiva, se trata de "advertir cuáles son los orígenes de la criminalidad", manifestó el ministro.
Una iniciativa "coordinada, multiagencial e interinstitucional" que se traduce en "esfuerzos conjuntos" entre las autoridades nacionales, departamentales y municipales, así como de la Policía, Fiscalía y Poder Judicial; y de los distintos Ministerios, incluidos Protección Social y Educación.
"En los próximos cuatro años aumentaremos en 20.000 el número de policías (hasta 180.000); y todos los recursos del Fondo de Seguridad y Convivencia que en el pasado se usaron para construir palacios municipales, adscritos al Ministerio del Interior, van a ser destinados a la seguridad ciudadana", adelantó a Efe Rivera.
Asimismo, se pondrán en marcha reformas legislativas para otorgar a alcaldes y gobernadores la facultad de "crear nuevos tributos respaldados por la ciudadanía" dirigidos a fortalecer la seguridad.
Rivera detalló que desde que llegó al Ministerio de Defensa, el pasado 7 de agosto al tiempo que Juan Manuel Santos asumía la Presidencia, el crimen se ha reducido en Colombia en un 16 por ciento a raíz de las primeras medidas adoptadas.
Entre ellas destacó un proyecto piloto en Medellín, epicentro de la violencia actual en esta nación suramericana que acumula cuatro décadas de conflicto armado interno.