El tercer bombardeo ordenado por el Gobierno de Abelardo de la Espriella, esta vez contra disidencias bajo el mando de alias “Iván Mordisco”, dejó como resultado la muerte de alias “Tigre” o “Pintado”, señalado como el principal jefe de la estructura Carolina Ramírez y hombre de confianza del jefe disidente.
La acción se desarrolló en el marco de la Operación Azarías, adelantada en el departamento del Guaviare, y fue confirmada por el presidente a través de su cuenta de X. Según las autoridades, 27 presuntos integrantes de dicha estructura fueron afectados durante la operación: 20 murieron durante las acciones militares, cinco fueron capturados y dos menores de edad fueron recuperados.
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La identidad de alias “Tigre” fue confirmada entre los cuerpos mediante una prueba dactiloscópica. De acuerdo con la información oficial, el jefe ejercía control sobre corredores utilizados para actividades de narcotráfico y era considerado uno de los hombres de mayor confianza de Mordisco dentro de la estructura.
Asimismo, el presidente De la Espriella confirmó que entre los capturados durante la operación se encuentra alias “Víctor”, señalado como el cuarto jefe de la organización armada.
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Las autoridades reportaron la incautación de 26 fusiles, cuatro ametralladoras, tres pistolas, 10 equipos de campaña y 13 chalecos multipropósito, mientras continúa el proceso de consolidación de la cantidad de munición hallada en el campamento bombardeado.
Esta operación militar se registró la misma semana en que las Fuerzas Militares confirmaron un bombardeo contra las disidencias de alias “Calarcá”, en zona rural de El Retorno (Guaviare), el pasado 27 de agosto. Días después, Medicina Legal confirmó que tres menores de edad murieron en ese segundo bombardeo ordenado por el Gobierno De la Espriella contra estructuras armadas, operación que dejó un saldo total de diez personas muertas.
Tras varios días de análisis, los expertos forenses lograron establecer la identidad de las víctimas, cuatro de sexo femenino y cinco de sexo masculino, entre las cuales hay tres adolescentes. Hasta el momento no se conocen los nombres ni las edades exactas de los menores que murieron durante la operación aérea.
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El ministro de Defensa, general (r) Jorge Eduardo Mora, aseguró que los menores “eran combatientes” y sostuvo que el Gobierno “observó todos los estándares legales para los ataques aéreos estratégicos durante el planeamiento y la ejecución” de la ofensiva.
Por su parte, el presidente Abelardo de la Espriella expresó: “Todo mi respaldo a las operaciones militares que combaten, con las armas de la República y conforme a la Constitución y la ley, a los grupos narcoterroristas”. El mandatario agregó que “los bandidos que durante décadas han reclutado menores para convertirlos en combatientes o en escudos humanos deben pagar por esos crímenes que violan el Derecho Humanitario”.
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La Defensoría del Pueblo también se pronunció sobre el tema. Tras el más reciente bombardeo en Guaviare, la entidad reiteró que el reclutamiento de menores está absolutamente prohibido por el Derecho Internacional Humanitario (DIH) y que la responsabilidad de esta práctica recae en los grupos armados que continúan incurriendo en ella. Sin embargo, advirtió al Gobierno que “los menores de edad reclutados siguen siendo víctimas, y el Estado debe extremar las precauciones y evaluar alternativas que permitan proteger sus vidas”.
La entidad señaló, además, la urgencia de fortalecer las labores de prevención y de reactivar la Comisión Intersectorial para la Prevención del Reclutamiento (Ciprunna). “La Defensoría del Pueblo está dispuesta a trabajar con el Gobierno nacional, las autoridades territoriales y las instituciones de justicia para evitar nuevos reclutamientos y que más niñas, niños y adolescentes mueran en combates u operativos militares”, concluyó.
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