Stiven Perea Fonseca murió instantáneamente en la noche del 2 de octubre de 2000. Sin haber mediado palabra o sostenido discusión alguna con el policía que le apuntaba con su subametralladora Uzi, éste le segó la vida de un disparo. Mientras los patrulleros que observaron impávidos lo ocurrido salieron corriendo a avisarle a su comandante, el oficial John Harold Orozco Díaz, con la ayuda de un indigente, trasladó el cuerpo de Stiven a un lugar cercano, lo descuartizó, guardó las partes de su cuerpo en tres bolsas y las arrojó en un depósito de basuras de la conocida ‘Calle del Cartucho’, en el centro de Bogotá.
Horas antes, el mayor problema que este menor de edad afrontaba era el haber sido capturado, junto con Julio Ernesto López y Jonathan Guacaname, por haber robado un radio pasacintas de un carro. El propietario del automóvil logró la detención de los jóvenes gracias a que unos patrulleros de la Policía se encontraban en la zona custodiando una grabación, y los uniformados los trasladaron a una estación. El hombre, finalmente, se rehusó a presentar cargos. Antes de dejarlos ir, los agentes los condujeron al parqueadero de la estación y los tendieron sobre el piso. Pero en la escena irrumpió el oficial Orozco Díaz, quien no hacía parte de la patrulla, y el desenlace fue desastroso.
A través de un fallo en el que la Policía Nacional resultó condenada, este escabroso episodio fue resuelto por el Consejo de Estado. Por el asesinato del menor Perea Fonseca la Nación tendrá que indemnizar a su madre, Blanca Stella Fonseca Barrero, con 200 salarios mínimos mensuales legales vigentes (casi $100 millones) y a su hermano Jonathan y a su abuela María Bertha Barrero con 100 salarios mínimos (casi $50 millones), por perjuicios morales. Así lo determinó en mayo de 2008 el Tribunal Administrativo de Cundinamarca y así lo acaba de ratificar el alto tribunal, que de paso desaprobó un acuerdo de conciliación al que habían llegado la institución y los familiares de la víctima y en el cual los montos de indemnización se habían reducido el 35%.
Un juez penal del circuito de Bogotá sentenció a Orozco Díaz a 20 años de prisión por el asesinato del joven Perea, los cuales cumple en la cárcel La Modelo de Bogotá. Su crimen llevó a que el Ministerio Público solicitara en el acuerdo a la Policía realizar “actos que se constituyen en medidas de no repetición, como oficiar una misa y presentar disculpas públicas”. Aunque el acuerdo fue omitidio, y el Consejo de Estado se consideró inhabilitado para modificar un fallo judicial con un requerimiento de esta naturaleza, el procurador delegado no dudó en calificar de “brutal” el acto perpetrado por el oficial de la Policía John Harold Orozco Díaz.