En prisión deberán permanecer los dos agentes oficiales involucrados en las interceptaciones telefónicas ilegales de las que fueron víctimas el magistrado auxiliar de la Corte Suprema de Justicia, Iván Velásquez, y la jefe de Investigaciones Especiales de la Procuraduría, Alexandra Valencia Medina.
Se trata del funcionario del Cuerpo Técnico de Investigación, CTI, Aldo Francisco Pérez Llosa, y el uniformado de la Policía, Oswaldo Villamil Torralba, acusados de fraude procesal, falsedad ideológica en documento público, violación ilícita de comunicaciones agravada, concierto para delinquir y cohecho propio, desde diciembre de 2009.
Los defensores de los procesados consideraban que el hecho de que hubieran pasado más de 90 días sin que se hubiera cumplido la audiencia del juicio oral de sus poderdantes era motivo suficiente para otorgarleas la libertad.
Según la Fiscalía, eran 56 días reales y no 157 los que habían pasado desde la formulación de la acusación, lo que significaba que aún estaban corriendo los términos, postura que fue aceptada por el Juez, quie n negó la libertad a los indiciados.
Al parecer, los agentes oficiales habrían hecho uso indebido de la plataforma de interceptación Esperanza, al interior de la Fiscalía, para perseguir irregularmente a los funcionarios judiciales, con la excusa de estar investigando un caso de extorsión, del que había sido víctima un campesino.
Los acusados deberán permanecer detenidos en la Cárcel La Picota de Bogotá, donde se encuentran recluidos desde hace cerca de cinco meses.