La Sala de Casación Penal del Alto Tribunal negó una acción de tutela presentada por el grupo de abogados que asumió la defensa del ex director del DAS, Miguel Alfredo Maza Márquez, a través de la cual buscaba que se anulara la investigación que se adelanta en contra del General (r) por el homicidio del líder liberal, Luis Carlos Galán Sarmiento.
El accionante consideraba que la competencia para avocar el conocimiento no era de la Unidad Nacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario de la Fiscalía, sino del titular del ente acusador (e), Guillermo Mendoza Diago, quien recientemente asumió el proceso, y de allí que hayan solicitado la revocatoria de la medida de aseguramiento, que le permitiera al oficial (r) recuperar su libertad.
La finalidad de la petición radicaba, resumidamente, en que la Sala declarase "la preclusión de la investigación penal por haber operado la prescripción de la acción penal, respecto al delito de homicidio agravado", según se lee en la acción de tutela No. 46368 interpuesta ante la Corte Suprema de Justicia, con ponencia de la presidenta de la Sala Penal, María del Rosario González de Lemos.
Pese a que el mismo Fiscal General (e) asumió la investigación, en virtud del fuero constitucional del acusado, la Sala se vio avocada a rechazar la acción, teniendo en cuenta que ésta se invocaba a nombre de un abogado que no se encontraba debidamente acreditado como apoderado de Maza Márquez.
Debido a un error involuntario, sostuvo José Daniel Suárez, defensor titular, no se presentó el empoderamiento de Iván González Amado ante la Corte, pero ya se hizo de nuevo la petición para que se revoque la medida de aseguramiento impuesta por la Fiscalía 25 Especializada de la Unidad de Derechos Humanos, ratificada por la Fiscalía 51 Delegada ante el Tribunal Superior de Bogotá, según señalamientos del mismo jurista, consultado por ElEspectador.com.
El ex director del DAS fue acusado de participar en el asesinato de Luis Carlos Galán desde agosto de 2009, luego de que autorizara el cambio en el grupo de escoltas facultados por el organismo de seguridad para proteger al precandidato presidencial, ultimado en Soacha, Cundinamarca, el 15 de agosto de 1989.
Frente al homicidio, fue condenado inicialmente el ex ministro de Justicia, Alberto Santofimio Botero, quien purgaba una pena de 24 años cárcel, antes de ser absuelto por el Tribunal Superior de Cundinamarca en 2008, en segunda instancia.
En los próximos meses se espera que Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia tome una decisión definitiva respecto a la responsabilidad de Santofimio en la comisión del crimen, ratificando o revocando la decisión absolutoria del Juez de Segunda Instancia, a través del recurso extraordinario de casación invocado por la Fiscalía y los familiares de Galán Sariento.