Esta tarde, Alejandro Ordoñez se quedó con las ganas de que el Consejo de Estado le notificara de manera oficial el fallo en el que declaró inconstitucional su nombramiento como procurador general, por lo cual Ordólez se vio obligado abandonar su cargo al frente de ese organismo de control. La decisión, que se tomó el pasado miércoles en la sala plena de ese alto tribunal, fue estudiada durante tres años y siete meses.
No obstante, cuando el abogado santandereano llegó hasta la relatoría del Consejo de Estado se encontró con que el fallo final aún no estaba terminado. “La decisión de nulidad de mi elección fue muy publicitada la semana anterior, estoy presto a notificarme con esa decisión, pero me encontré con la noticia de que están recogiendo firmas e incluso están redactando la ponencia”, dijo.
Por su parte, el Consejo de Estado aclaró que es normal que la notificación de las decisiones judiciales se demore unos cuantos días mientras que se cumplen con todos los requisitos de ley. El alto tribunal señaló que a Ordoñez, como a todos los involucrados en procesos judiciales, se le notificará la decisión en la dirección que indicó. Además, cabe recodar que en fallos importantes -como el del plebiscito, o el de la exgobernadora de La Guajira Oneida Pinto- este proceso es aún más demorado.
La decisión de sacar a Ordóñez del cargo como procurador general, tuvo 14 votos a favor. El Consejo de Estado aceptó los tres argumentos principales que tenía la ponencia de la magistrada Rocío Araújo, quien argumentó que hubo graves incumplimientos en la postulación de Ordoñez al cargo de procurador y que, además, su reelección en el cargo significó una violación a la Constitución.
En primer lugar, el fallo del Consejo de Estado que Ordóñez conoció de forma oficial esta tarde, señaló que la reelección para el procurador no es una figura que se encuentre contemplada dentro de la Carta Magna ni en leyes posteriores, motivo por el cual su sola postulación era ya de por sí, inconstitucional. Por eso, dijo el alto tribunal, que el Senado de la República lo eligiera fue a todas luces, un acto irregular, sin ninguna validez en el marco legal.
Es más, en la demanda que interpuso la organización Dejusticia contra la elección del procurador, se señala que cuando el Congreso debía votar para elegir al Procurador en 2012, se presentaron 28 recusaciones y 39 impedimentos por parte de congresistas que tenían familiares trabajando en el Ministerio Público. Pero ninguna prosperó. Además, en la demanda quedó consignado que 59 de los congresistas que votaron por la reelección tenían conflicto de intereses.
Pero no solo fue eso. El Consejo de Estado argumentó además que las fallas en su postulación se extendieron más allá de una errónea interpretación de los vacíos jurídicos. El tribunal aseguró en su decisión que Alejandro Ordóñez no podía ser candidato de la Corte Suprema de Justicia pues tres de los magistrados que votaron para elegirlo como su candidato tenían familiares cercanos trabajando dentro la Procuraduría, lo que implica que tenían un conflicto de intereses, razón por la cual su voto no debía ser tenido en cuenta.
Ante la decisión del alto tribunal, los amigos políticos de Ordóñez aseguraron que se trataba de una movida del Gobierno para “castigarlo” por sus posiciones ideológicas alejadas del resto del gabinete. El mismo Ordoñez dijo que su salida “se negoció en La Habana” y que supuestamente fue una exigencia de las Farc al Gobierno para firmar los acuerdos de paz, interpretación que desde el gobierno y las mismas organizaciones que promovieron la demanda fue calificada como alejada de la realidad.