Entre el 29 de noviembre y el 2 de diciembre de este año la periodista Vicky Dávila recibió 170 correos de alguien que se presenta como “un policía arrepentido”. En ellos se habla de seguimientos ilegales en contra de la comunicadora y otros periodistas. Y, lo que es peor, se adjuntan documentos reservados, como prueba de los seguimientos.
Por ejemplo: informes sobre sus movimientos diarios, con datos sobre las personas con las que se encontraba o charlaba. Detalles que sólo alguien que se hubiera dedicado a seguir a la periodista podría tener. Hay, incluso, fotos de su marido o documentos sobre un supuesto plan para involucrarla a ella y a otra periodista, Claudia Morales (de La Luciérnaga de Caracol Radio), con actividades delictivas.
Morales recibió mensajes electrónicos similares. Primero a su correo corporativo y luego al personal. En ellos, el mismo “policía arrepentido” le informa sobre los seguimientos, que, según él, son en retaliación a las investigaciones por parte de varios periodistas sobre corrupción en la Policía. En ellos se menciona, entre otras, a la “Comunidad del Anillo”, una presunta red de prostitución al interior de la institución.
De la misma forma, en los correos, algunos de ellos conocidos por este diario, hay datos sobre dos carros involucrados, supuestamente, con los seguimientos. “Pueden mirar en sus cámaras de seguridad que estos carros han estado merodeando tanto la emisora como sus casas”, se señala en uno de los correos.
En otro mensaje, el “arrepentido” advierte que “han desplegado un equipo especial a Pereira, que se mueve todos los días a Armenia a hacer seguimiento de tus actividades (de Claudia Morales), en Bogotá tienen dos carros detrás de Vicky (Dávila)”.
Y dice que uno de los vehículos “fue acondicionado con micrófonos de largo alcance y está detrás de Vicky. Pudo estar también en Armenia pero eso no lo puedo asegurar”.
Y hay un detalle escabroso: Morales y Dávila recibieron un correo en el que el “policía arrepentido” les recrimina por haberle informado a las autoridades sobre estos mensajes. Con una particularidad: para ese momento ni Morales ni Dávila habían hecho públicas sus denuncias por estos presuntos seguimientos.
Apenas se habían reunido, por separado, con miembros de la Policía y de la Fiscalía para expresarles sus inquietudes. La persona, entonces, tuvo que haber tenido acceso o haber conocido de estos encuentros. El “arrepentido” les dice que “son unas torpes” y que confiaron en quien no era.
“No hay dudas de los seguimientos”, sostuvo Dávila, quien se mostró de acuerdo con el fiscal Eduardo Montealegre en que estos seguimientos podrían venir de la Policía, en retaliación por investigaciones sobre corrupción al interior de esa entidad.
“En el evento en que se llegara a comprobar que existe relación entre los hechos denunciados y los seguimientos e interceptaciones considero que estaríamos frente a un hecho muy grave que atenta contra la democracia y la libertad de prensa”, sostuvo el jefe del ente investigador el pasado 3 de diciembre. El comandante de la Policía, el general Rodolfo Palomino, ha mostrado su rechazo ante estos hechos y ha dicho que va a colaborar con la Fiscalía para que estos presuntos seguimientos se esclarezcan.
“Lo que no puede pasar es que no ocurra nada. Eso no puede ocurrir. Que nos den al menos una pista de dónde vino esta información”, le dijo Claudia Morales a este diario. De acuerdo con las investigaciones hay otros periodistas interceptados ilegalmente, entre ellos, Jairo Lozano y Slobodan Wilches, de la FM, el columnista Daniel Coronell y la periodista de este diario y del programa Los Informantes, María del Rosario Arrázola, reconocida, entre otras, por el cubrimiento que ha hecho de las negociaciones de paz entre el gobierno y las Farc en La Habana (Cuba).
Otros casos
Valga decirlo: no es la primera vez que se habla de interceptaciones ilegales por parte de miembros de la Policía. No obstante, a diferencia de lo ocurrido, por ejemplo, con el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), las investigaciones por seguimientos ilegales de agentes de esta entidad pocas veces han terminado en condenas.
Por ejemplo: el general (r) Mauricio Santoyo, hoy preso en los Estados Unidos tras declararse culpable del delito de narcotráfico, fue sancionado en su momento por cerca de 1.800 interceptaciones ilegales realizadas en Medellín, a mediados de los 90. Seguimientos en contra, sobre todo, de miembros de ONG, como la Asociación de Familiares de Detenidos-Desaparecidos (Asfaddes).
De hecho, dos miembros de esa organización, Ángel José Quintero y Claudia Patricia Monsalve, fueron desaparecidos en 2000, en momentos en los que Santoyo, en esos momentos coronel, comandaba el Gaula en Medellín. Santoyo fue sancionado en 2004 pero, al final, el fallo fue anulado y este pudo ascender a general.
Tres años después el escándalo fue mayor. En 2007 la Policía sufrió un remezón sin precedentes debido a la apertura de una investigación por interceptaciones ilegales por parte de la Policía. Trece generales fueron sacados de la institución y uno de ellos, el general Guillermo Julio Chávez, entonces director de Inteligencia de la Policía fue destituido e inhabilitado por 18 años. Según la Procuraduría, cerca de 38 personas, entre periodistas, dirigentes y abogados, fueron interceptados por la Policía. Pese a haber sido sancionado, Chávez nunca fue condenado.
En 2013 hubo denuncias sobre supuestos seguimientos ilegales en contra de los periodistas Hernán Peláez y Gustavo Álvarez Gardeazábal, al parecer, por parte de un oficial de la Policía adscrito a la Dirección Nacional de Inteligencia. Al final, el uniformado no fue procesado. Y este año la controversia ha sido por un software de la empresa italiana Hacking Team por parte de la Policía, supuestamente, para “potencializar la capacidad de detección de amenazas del terrorismo y la criminalidad organizada en el ciberespacio”. La preocupación ha sido porque este sistema le permite a la Policía interceptar computadores, llamadas por Skype y correos electrónicos de forma indiscriminada.
Ahora estas denuncias de seguimientos a periodistas tienen al rojo vivo un debate que es de vieja data, porque desde hace décadas se ha hablado de interceptaciones ilegales por parte de la Policía, pero ésta ha salido mejor librada que otras entidades que han cometido ese tipo de delitos.