La Procuraduría archivó la investigación disciplinaria que adelantaba en contra de los exfuncionarios Fernando Rey Valderrama, María Constanza García, Fernando Sanclemente, exgerentes de Transmilenio; Libardo Yanod Márquez, subgerente económico de Transmilenio; Ana Luisa Flechas, secretaria distrital de movilidad; Ricardo Bonilla, secretario de hacienda; y Gerardo Ardila, secretario distrital de planeación. Tal actuación se llevaba a cabo por las presuntas irregularidades que se presentaron en la reducción de tarifas de Transmilenio que se implementaron en la alcaldía de Gustavo Petro.
“Las conductas por las cuales se abrió investigación disciplinaria no son constitutivas de falta disciplinaria, y por tanto, se ordenará (…) el archivo de la presente radicación”, se especifica en la decisión de 18 páginas emitida por la Procuraduría. El ente de control también aclaró que el exalcalde Gustavo Petro nunca estuvo involucrado en esta investigación, por lo que la presente decisión no lo afecta, ni lo beneficia de ninguna manera.
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De acuerdo con las consideraciones de la Procuraduría, la transferencia de recursos hecha por el distrito a la empresa Transmilenio para financiar las llamadas “horas valle” “son producto de la colaboración institucional que está permitida por el ordenamiento jurídico”. Asimismo, resalta que tal acción pretendía beneficiar a la población de más escasos recursos y repercutió en el bien de la comunidad.
“Nos encontramos frente a una decisión de gestión pública de un gobernante, mediante la cual, con unos fines de interés público, entre ellos, para mejorar la movilidad de la ciudad, y sustentándose en unos estudios, decidió disminuir la tarifa para la prestación de un servicio público”, se afirma en la decisión. En este punto, el Ministerio Público afirma que la Alcaldía de Bogotá contaba con los recursos para hacer viable la medida de disminuir la tarifa del servicio público.
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“No se advierte que la disminución de las tarifas del Sistema Integrado de Transporte Público (…) tuviera una finalidad contraria al interés público ni que vaya en contravía de normas de nuestro ordenamiento jurídico, por el contario, se reitera, estaba dirigida al cumplimiento de los fines del Estado”, agrega la Procuraduría.
La investigación disciplinaria que se adelantaba contra estos siete exfuncionarios se abrió el 23 de abril de 2013 tras las irregularidades encontradas por la Contraloría Distrital de Bogotá en la expedición del Decreto n. 356 del 23 de julio de 2012, en el que se redujo la tarifa del pasaje de Transmilenio. Tal modificación consistió en que el valor del transporte en horas pico sería de $1.750 y en horas valle sería de $1.400.