El jueves 15 de mayo, la Procuraduría General de la Nación divulgó un informe de seguimiento a las políticas de los beneficios otorgados a los desmovilizados de grupos paramilitares y guerrilleros. Sus conclusiones fueron poco benévolas para la Alta Consejería para la Reintegración (ACR). Frank Pearl, un empresario que se posesionó en la dirección de este organismo en septiembre de 2006, habló con El Espectador para responder a estas críticas y explicar cuál ha sido la gestión de su oficina.
¿Cómo encuentra los proyectos al comenzar su labor?
Cuando yo tomé la dirección de esta cartera, algunos planes de negocios (proyectos productivos) funcionaban con el Ministerio del Interior. Hallamos planes adjudicados a personas sin capacitación, proyectos mal formulados o que no habían generado tantos empleos como debían. Otros proyectos venían desde la oficina del Alto Comisionado para la Paz, que eran los de los ex comandantes paramilitares. A ellos les dijimos: no más plata. Pedimos que las tierras las entregaran al fondo de reparación a las víctimas. Pero el resultado fue muy pobre porque los bienes nunca fueron entregados.
¿Quién responde por esos bienes?
Nosotros no podemos hacerlo. Teníamos un esquema con Acción Social y con la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación, pero no funcionó. Es la Fiscalía la que debe seguir en su tarea de tomar las propiedades.
Y entonces, ¿en qué están ahora?
Nosotros nos dimos cuenta de que la plata regalada no funciona. A los desmovilizados se les daba un cheque que podía ser hasta de ocho millones de pesos sin mirar si estaban en capacidad de crear un negocio. Suspendimos las inversiones en proyectos productivos y ahora, quien quiera dinero para su plan de negocio, debe tramitarlo ante un fondo del ahorro, entidad que los aprueba.
¿Con qué presupuesto cuentan?
Nosotros no hemos manejado un billón, como lo afirmó el Procurador. Eso es todo lo que se ha invertido en temas de paz desde 2002. Esta oficina maneja un presupuesto anual de 40.000 millones de pesos, y hasta el momento, sólo se han girado 4.000 millones en planes de negocios.
La Procuraduría asegura que no hay criterios de selección de esos proyectos.
Sí los hay, son criterios de mercado. Como decía, es un fondo el que aprueba los desembolsos. Y para hacerlo, los negocios deben ser viables y generar empleo.
¿Cómo hacen los desmovilizados que no formulan proyectos?
Hemos hecho alianzas con la empresa privada.
Pero la Procuraduría dice que hay escasa vinculación con ese sector.
Durante el último año, el sector ha ofrecido 3.800 plazas de trabajo. Pero tenemos unas mil vacías porque no tenemos la gente para llenarlas. Tienen que estar preparados, con la formación que requiera cualquier empleo. Y todavía tenemos muchos reinsertados analfabetas, que no saben sumar. Antes de ponerlos a trabajar, hay que capacitarlos.
¿Y cómo los están capacitando?
Hemos establecido un mecanismo: el que no estudia, el que no asiste a sus terapias psicosociales, no tiene acceso a los subsidios mensuales que otorga el Gobierno. Muchos están en primaria o terminando el bachillerato, mientras otros estudian alguna carrera técnica en el Sena. Sabemos que este proceso no es perfecto, y todavía hay mucho por hacer.
Los datos de la ACR
Desmovilizados en proceso de reinserción: 37.360.
Principal amenaza para este proceso: el narcotráfico.
Sicólogas que desarrollan terapias con los reinsertados: 284.
Personas en proceso de formación para el trabajo: 4.109.
Personas trabajando en diferentes sectores: 19.917.
Empleos generados por planes de negocios: 3.557.
Las críticas de la Procuraduría
De acuerdo con esta entidad, el programa de beneficios a los desmovilizados tiene varios problemas. Uno de ellos es que el Gobierno no tiene un informe que recopile el estado real de los proyectos productivos, lo que impide saber qué tan exitosos han sido.
Según la Procuraduría delegada preventiva en materia de derechos humanos y asuntos étnicos, que fue la que elaboró el informe, las propuestas de proyectos productivos que se presentan a la Alta Consejería para la Reintegración “no se encuentran reglados por ninguna norma de carácter legal”. Aunque la ACR maneja una cifra diferente, la Procuraduría afirma que sólo existen 115 proyectos productivos para 20.106 beneficiarios.
Dice el ente que los centros regionales no manejan informaciones precisas en su jurisdicción y que los seguimientos a los proyectos se hacen desde Bogotá. Además, según lo percibe el organismo, “la política pública rediseñada por la ACR parece no responder a la necesidad de agilizar el proceso de acceso de los reintegrados a los proye