“Sí, soy católica, rezo y voy a misa”. Ilva Myriam Hoyos, procuradora delegada desde febrero de este año por elección del Procurador General, nunca ha negado sus convicciones religiosas. No tiene esposo ni hijos, pues se dedicó a la vida académica, dice. En su trabajo la definen como una mujer de gran calidad humana y muy perfeccionista. Ha sido incluida en las ternas del Presidente para ser magistrada en la Corte Constitucional en 2007 y defensora del Pueblo en 2004. Ha escrito siete libros sobre la dignidad humana, los derechos del no nacido, la libertad religiosa y la libertad de conciencia. De hecho, actualmente escribe un par de textos más sobre el derecho a la vida.
Su postura religiosa, intereses académicos y su presidencia en la Fundación Red Futuro Colombia (que no comulga con temas como la despenalización del aborto) la han convertido en el foco de críticas de sectores feministas, que sustentan que sus creencias interfieren con su trabajo. Esa misma inconformidad es la que ha enfrentado el propio procurador, Alejandro Ordóñez, quien nunca ha tardado en pronunciarse de forma conservadora sobre los derechos reproductivos y el concepto de familia (especialmente cuando tiene que ver con la comunidad LGBT).
De hecho, la reciente propuesta del candidato presidencial por el Partido Liberal, Rafael Pardo, de entregar gratuitamente la píldora del día después a menores de 15 años de bajos recursos, generó una reacción inmediata de parte de Ordóñez y Hoyos, quienes ya le pidieron a un juez de la República que retire el medicamento del mercado. El Procurador afirmó que “la píldora del día después es abortiva”, por lo que su uso debería estar regulado por los tres casos excepcionales para interrumpir el embarazo. Para Ilva Myriam, quien respaldó el concepto de su jefe, “habría que determinar la prevalencia de los derechos de los niños y estudiar la responsabilidad que deben ejercer los adolescentes frente al tema”.
Más radical todavía fue la reacción de la Procuraduría cuando la Corte Constitucional emitió una tutela que recordó que los jueces no pueden ejercer la objeción de conciencia, que no se puede impedir que las menores de 14 años tomen por sí mismas la decisión de abortar o que se debe incluir la enseñanza sobre el aborto legal en las instituciones educativas. Durante una semana, Ordóñez y Hoyos estuvieron elaborando la petición de nulidad contra la sentencia: “Encontramos errores de forma. Hubo una violación al debido proceso y, además, la Sala de Revisión de la Corte tomó una decisión que le correspondía a la Sala Plena. Este es un problema constitucional, no de nuestras posturas al respecto”, explicó la funcionaria. A la fecha, la Corte sigue estudiando la petición.
La ONG Women’s Link Worldwide radicó la semana pasada ante la Corte Constitucional una oposición en la que le pide rechazar la solicitud hecha por la Procuraduría, pues “es consistente con toda la jurisprudencia constitucional vigente en materia de aborto”, de acuerdo con el comunicado.
Estos últimos hechos, sumados a las 47 intervenciones ciudadanas contra la despenalización del aborto que ya había presentado Hoyos antes de estar en su cargo actual, fueron definitivos para que los sectores feministas pidieran que la procuradora se declarara impedida por conflicto de intereses: “Ella no sólo debe respetar la ley, también debe promoverla. Ella usa su posición para ir en contra”, opinó Mónica Roa, abogada y directora de programas de Women’s Link Worldwide. De hecho, el pasado mes de mayo la Procuraduría decidió no prorrogar su contrato con esta organización para capacitar a funcionarios de esa institución en temas relacionados con la sentencia del aborto. Una de las razones, paradójicamente, era que había un conflicto de intereses de parte de Roa por ser la demandante que llevó a que la Corte fallara a favor de la legalización parcial del aborto.
Ante las críticas, Hoyos siempre ha respondido: “No he tomado una sola decisión basada en argumentos religiosos. Soy una jurista que siempre ha actuado con rigurosidad. El impedimento debe ser personal, no ideológico o religioso. ¿O es que ni el Procurador ni yo podemos ocupar estos cargos por tener posiciones religiosas?”.
Asimismo, aseguró que con ninguno de sus actos busca desconocer la sentencia y que está en sus manos hacer cumplir la ley. Incluso, trabaja en una política pública de derechos de las mujeres y está pronta a publicar una cartilla informativa sobre los derechos de la comunidad LGBT. Según explica, “tenemos que darle cabida a todo el mundo”.