No ha habido ninguna aprobación para denunciar disciplinariamente al ministro del Interior y de Justicia, Germán Vargas Lleras, ni a su antecesor Fabio Valencia Cossio por las quejas que interpuso el Gobierno contra más de 11 mil jueces sindicados de conceder irregularmente detenciones domiciliarias.
Durante la administración Uribe se presentó la queja por parte del Ejecutivo, ante lo que consideraba estaba generando la salida de prisión de reos de alta peligrosidad y otros detenidos que no acumulaban los requisitos para recibir beneficios tales como la manilla electrónica, que se permite cuando el sancionado penalmente se hace merecedor a una detención domiciliaria.
Varios de los casos denunciados por el Gobierno saliente que, según la Judicatura, fueron respaldados por la actual administración, terminaron siendo archivados, debido a que las quejas carecían de fundamento, toda vez que las concesiones de los jueces se dieron con apego a las normas vigentes y sin que hubiera mediado irregularidad.
El magistrado Lizcano indicó que la colegiatura a su cargo nunca ha estado buscando suscitar discusiones sino defender el imperio de la Ley y actuar bajo la tutela de sus competencias.
“Esto no se trata de incitar a discusiones, nosotros somos respetuosos de las posturas de cada Rama del Poder Público y nos asiste el compromiso de trabajar por la autonomía de la Justicia, luego estaremos prestos a realizar las investigaciones que sean necesarias dentro del imperio de la ley para determinar si hay o no culpabilidad en algunos funcionarios de la Rama Judicial ”, precisó el alto jurista.