El procurador General, Alejandro Ordóñez Maldonado manifestó que las ramas ejecutiva y legislativa para proteger los derechos fundamentales de los internos que se encuentran en todos los centros carcelarios y penitenciarios del país.
En este sentido aseguró que se deben crear estrategias con el fin de activas los mecanismos de medidas sustitutivas de la privación de la libertad para los internos que cumplan unos mecanismos. Ante esto puso como ejemplo la detención domiciliaria, la libertad condicional y arrestos progresivos.
Para el jefe del Ministerio Público, se debe hacer una revisión frente a los casos de las medidas de aseguramiento, ya que en su concepto solamente deben ser trasladados a los centros carcelarios y penitenciarios quienes cumplan con los requisitos, ya que de un tiempo para acá por los denominados delitos menores son enviados a la cárcel.
“No se trata de hacer más cárceles para abarcar un mayor número de internos, sino de lograr a través de un trabajo articulado con los jueces, legisladores que a ellos solamente lleguen los que requieren de trabajo penitenciario. Pero a la mencionada adecuación de centros de reclusión se suma el mejoramiento de la capacidad operativa del Inpec”, precisó el Procurador General.
Ordóñez Maldonado hizo varios reparos sobre las penas máximas que se imponen en Colombia, así como las falencias en los procesos de resocialización de los presos, puesto que en la mayoría de los casos estar tanto tiempo privados de su libertad incluye una destrucción total de su relación familiar y laboral.
“Se ha dicho que cualquier pena privativa de libertad que supere los 20 años altera fuertemente la personalidad del individuo y lo que pierde prácticamente es un sujeto irrecuperable para la sociedad. Transcurrido este espacio de tiempo no tendrá arraigo familiar ni reinserción social efectiva por lo que se verán disminuidas su opciones para salir adelante alejado del delito”, precisó el Procurador haciendo referencia a que este será un debate polémico.