Todo el año 2017 transcurrió sin que Roberto Prieto hubiera sido acusado formalmente. Pero se habló constantemente de él.
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Antes de que Otto Bula señalara a Prieto por haber recibido un millón de dólares entregados por el intermediario Andrés Giraldo, cargo que Prieto rechaza, Gabriel García Morales le había contado a la Fiscalía que cuando él estaba todavía en el viceministerio de Transporte, es decir en 2009 o 2010, Luiz Antonio Bueno Junior, representante de Odebrecht en Colombia en esa época, le manifestó que ellos, es decir Odebrecht, eran muy cercanos a un señor Prieto. Bueno le dijo que Prieto iba a ser clave en la campaña presidencial de 2010. El viceministro, que no lo conocía personalmente, dedujo que se trataba de Roberto Prieto.
El diario El Tiempo reveló que Prieto visitó el despacho de Luis Fernando Andrade seis veces entre 2014 y 2016. Su interés era preguntar por la vía Ocaña-Gamarra, objeto del otrosí al contrato principal. En una de las visitas Prieto coincidió en la oficina de Andrade con Andrés Giraldo Rivera.
Prieto dijo a El Tiempo que cuando buscó con Andrés Giraldo información sobre Bula en internet: «No nos gustó para nada lo que leímos. Le dije: ‘a kilómetros de ese señor’.» Precisó que en la campaña de 2014, que él gerenció desde el comienzo, a diferencia de la campaña anterior, a la cual entró tarde, el 4 de mayo de 2010, se tomó la precaución de vincular profesionales de mucha confianza «a quienes previamente les hicimos un estudio riguroso de antecedentes». Por ese motivo, añadió Prieto, no pudieron haber ingresado dineros ilícitos a la campaña, ni los que decía haber aportado Bula, ni los de nadie.
Prieto insistió sobre su inocencia:
Bula da un testimonio, sin aportar pruebas. Es la palabra de dos personas de bien, como somos Andrés y yo, contra la de una persona sub júdice, con un historial que poco lo favorece.
Cuando El Tiempo le preguntó si estaba seguro de su inocencia, el ex gerente de la campaña respondió: «Como que me llamo Roberto Prieto».
Más adelante, la Fiscalía encontró un contrato de 2014 entre Odebrecht y la sociedad panameña Paddington, que tiene nexos con la agencia de publicidad Sancho BBDO, por un millón de dólares, para realizar una encuesta de opinión.
Odebrecht también hizo un pago por 1.500.000 dólares para la campaña de Oscar Iván Zuluaga en 2014. Eleuberto Martorelli relató que Duda Mendonca, el marqueteiro o publicista de campañas cuyo nombre completo es José Eduardo Cavalcanti de Mendonca, ya había sido contratado por el equipo de Zuluaga pero que Daniel García Arizabaleta le hizo saber que el publicista brasilero había solicitado un contrato adicional por millón y medio de dólares. Martorelli dijo que interpretó el comentario como una insinuación para que Odebrecht apoyara la campaña de Zuluaga. Así se hizo, con permiso de Luiz Mameri, superior de Martorelli, y desde el departamento de sobornos se giró el dinero a una cuenta fuera de Colombia y de Brasil de Topsail Holding, propiedad del publicista Duda. No sobra anotar que cuando el publicista fue contratado inicialmente por Oscar Iván Zuluaga, el candidato uribista de 2014 viajó acompañado por el candidato uribista de 2018, Iván Duque Márquez.
Como lo reveló Gerardo Reyes de Univision en 2018, García Arizabaleta le agradeció el aporte a Martorelli, según la declaración de Martorelli. Esta revelación de Gerardo Reyes es muy diciente porque en el año 2017 García Arizabaleta había señalado que no supo de aportes y donaciones a la campaña del candidato uribista. Martorelli lo contradijo. García Arizabaleta era consultor de Odebrecht en ese momento y según Martorelli hablaron de Duda en dos reuniones en la oficina de Odebrecht sobre el Parque de la 93 en Bogotá. «Yo vi una oportunidad clara de aproximarme a ese eventual gobierno [de Oscar Iván Zuluaga] ya que Daniel García trabajaba en la campaña», según Martorelli. García Arizabaleta fue director del Invías y de Coldeportes en la administración de Alvaro Uribe y fue destituido por la Procuraduría.
Volviendo al caso Paddington, Prieto dijo entonces, ante esa revelación, que en la campaña nadie había tenido conocimiento del trabajo que Odebrecht contrató con la firma Paddington para una investigación de interés para Odebrecht que se presentó como una encuesta de opinión. Los detalles son confusos, pero lo importante es anotar cómo sí ingresaron dineros de Odebrecht a las dos campañas de Santos, aunque nadie se enteró, aunque Santos dijo que no sabía, aunque Prieto culpa al comité financiero y el comité financiero negó la entrada de dinero. Nadie da la cara, pero Odebrecht infiltró las dos campañas de Santos. Algo similar a los anómalos sobornos pagados por Odebrecht en los ocho años de Santos: no llegaron al presidente ni a sus altos funcionarios, pero sí se repartieron sobornos.
En Colombia se condona con facilidad que los candidatos presidenciales escurran el bulto sobre el manejo y el origen del dinero de sus campañas. Se tolera que un presidente olímpicamente se lave las manos de lo que sucede en la tesorería y que luego la culpa recaiga sobre los tesoreros como Santiago Medina en 1994 o sobre los gerentes como Prieto.
Esa tradición es equivalente a confesar que la campaña no es transparente. Se genera un incentivo perverso para que el candidato se desentienda del recaudo de fondos con la instrucción más o menos explícita a sus gerentes o tesoreros de que hagan lo que tengan que hacer para recoger fondos pero que no le cuenten al aspirante. Es decir, a la deshonestidad hacia los electores se le añade el vicio de la pusilanimidad. En Blu Radio señaló Roberto Prieto: «Lo que sí no puedo aceptar es que el costo político lo pague el presidente de la República». Lo dicho. Se monta una campaña sobre la consciente y confesa ignorancia del candidato sobre la financiación.
Prieto pretendió trivializar el asunto cuando en la entrevista afirmó: «El presidente revisando las cuentas, ¿Entonces a qué horas hace campaña?».
Un candidato sí puede comprometerse de antemano a certificar que conoce todos los rubros de ingresos, a dar fe de que las cuentas coinciden cumplen con las normas legales sobre financiación de campañas y a asumir la responsabilidad si se comprueba una infracción. Otra cosa es que no quiera hacerlo para no rechazar a quienes quieren comprar acceso, como ya se vio que dijo Prieto en la radio: «Aquí meten por encima y por debajo y por los lados. La gente busca tener acceso al gobierno, más que recuperarlo».
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Santos y Prieto se conocen desde 1997. Santos le ofreció la gerencia administrativa de su primera aspiración electoral a la Presidencia. Después lo nombró durante cuatro años como director de la Fundación Buen Gobierno. Tras la primera elección de Santos, Prieto aspiraba a ser secretario general de la Presidencia, pero según la periodista Juanita León, no fue nombrado por un pleito laboral en su contra. Santos lo designó representante de Colombia en Washington ante el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), donde estuvo tres años y donde un colega lo definió como «profesional de la comunicación». Fue un cargo que Prieto solicitó pues llevaba diez años viviendo en los Estados Unidos y quería seguir residiendo allá. Cuando volvió al país en 2013 Santos le encargó la gerencia de la campaña de 2014 y fue Prieto quien inscribió la candidatura de Santos.
Roberto Prieto nació en Manizales en 1959. Su padre, Luis Prieto Ocampo, ingeniero químico de la Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín, fue gerente de Tejidos Unica en Manizales, gerente del Instituto de Fomento Industrial (IFI), presidente de la Andi (entonces Asociación Nacional de Industriales, hoy Asociación Nacional de Empresarios) y como alcalde de Bogotá en el gobierno de López Michelsen inauguró la primera ciclovía en 1976. También fue gerente del Banco Cafetero y embajador en Londres. Al igual que su hijo fue gerente de una campaña presidencial, la de Luis Carlos Galán Sarmiento. También estuvo en el BID entre 1978 y 1981, en el mismo cargo de director ejecutivo o representante por Colombia que luego tuvo su hijo. Prieto Ocampo fue una de muchas figuras que en los años sesenta y setenta ejercieron cargos públicos y privados sin sombra de escándalo.
Tras el asesinato de Galán en 1989, Prieto Ocampo gerenció la campaña de César Gaviria. En 1990 la revista Semana escribió:
Con Luis Prieto Ocampo no hay posibilidad de goles, y si es cuidadoso para la entrada de los recursos, lo es más para la salida. La pulcritud y eficiencia de su gestión les permite a todos en la campaña dormir tranquilos en lo que se refiere a ese renglón. El pronóstico burocrático para este ingeniero químico de 62 años, es reservado, pues refleja más vocación de servicio público que ambición personal.
Pulcritud es un término que hoy nadie se atrevería a utilizar al referirse a Roberto Prieto. La exdirectora de la revista Dinero y columnista de El Tiempo, Paola Ochoa, escribió:
Roberto Prieto y su empresa Marketmedios se han enquistado en lo más profundo del funcionamiento estatal. Por décadas se ha quedado con docenas y docenas de contratos de entidades públicas, gracias a la mirada apacible de tecnócratas y políticos que se hicieron los de la vista gorda.
Prieto ha dicho que él no se sienta con delincuentes, refiriéndose a Otto Bula, pero el pleito laboral que perdió no lo enaltece. Como gerente de Radiodifusores Unidos, Prieto despidió en 1994 a dos vendedores, los cuales consideraron que no los liquidaron debidamente pues no les reconocieron comisiones, vacaciones y cesantías. Ganaron la demanda incluso ante la Corte Suprema de Justicia pero Prieto cerró la empresa antes de la sentencia para no tener que cumplir el fallo laboral. De ahí nació Marketmedios, donde ya no figuraba Prieto como accionista. Prieto se reunió en un restaurante Oma con los vendedores y les ofreció lo que ellos consideraron que era el 10% de lo que les adeudaba. Según su versión, Prieto decía que no tenía plata, que estaba muy pobre. Los vendedores presentaron denuncia penal por fraude a resolución judicial pero en el 2015 se declaró prescrita la acción. Empero, la justicia penal reconoció que los inmuebles de Radiodifusores Unidos fueron vendidos a Marketmedios cuando se confirmó la condena laboral, luego era probable que fueran embargados.
Ese negocio de venta de los inmuebles «fue celebrado para eludir la satisfacción de las obligaciones laborales y crear un estado de insolvencia de la sociedad», según afirmó el Tribunal Superior de Bogotá, en decisión que reveló el periodista de El Espectador Juan David Laverde Palma.
Prieto es «un hombre absuelto por prescripción, pero no porque sea inocente», indicó Juan Manuel Ortiz, uno de los vendedores despedidos. Ivonne Patricia Hernández, que también fue despedida, le dijo a Laverde: «En el caso Odebrecht sé que él está mintiendo de la misma forma en que mintió en nuestro caso».
Los ingresos de Roberto Prieto se conocen gracias a la interceptación de su teléfono celular ordenada por la Fiscalía entre marzo y abril de 2017 y revelada por Juan David Laverde Palma en El Espectador en noviembre del mismo año. Doce días estuvo interceptado el celular, desde su primer interrogatorio en la Fiscalía hasta cuando canceló la línea.
Estando interceptado el teléfono, Prieto hizo una llamada a la servilínea del Banco de Bogotá para actualizar sus datos. Dio su nombre, cédula, la dirección de su apartamento y de su oficina, sus teléfonos, correo electrónico y manifestó que era gerente de la unidad de market conductores de Marketmedios Comunicaciones con ingresos mensuales de $45.371.000, activos de $1.602.000.000 y pasivos superiores a los $300 millones. También precisó que tenía ingresos adicionales de $90 millones por arrendamientos pero no se aclara en la transcripción si mensuales o anuales, aunque se puede suponer que se trata de entradas mensuales. Si fueran anuales representarían menos del 20% de su ingreso como gerente en Marketmedios.
La entrevista de Blu Radio en que Prieto reconoció la ilegalidad de los dineros de Odebrecht en la campaña de 2010, fue un golpe para Prieto porque se trataba de una confesión. No era una acusación unilateral. El admitía que el aporte no estaba permitido y aceptaba que Odebrecht infiltró la primera campaña presidencial de Santos. Eso ocurrió en marzo de 2017, el mismo mes en que el procurador Fernando Carrillo puso en duda la inocencia de Prieto al revelar que había descubierto un contrato entre Odebrecht y Marketmedios por $1.044 millones. Firmado en julio de 2010, el acuerdo contemplaba cuñas radiales, vallas y publicidad en televisión favorable a Odebrecht.
«Tengo la tranquilidad espiritual de haber obrado bien», expresó Prieto ante esa enésima revelación negativa aparecida en marzo de 2017. El contrato de julio de 2010 revela un comportamiento que no denota pulcritud de parte de Prieto. La firma familiar que le paga a él $45 millones mensuales de sueldo (en 2010 seguramente ganaba menos) se lucró de un negocio con una firma que según Prieto reconoció haberse enterado dos meses antes, en mayo de 2010, había hecho un aporte ilegal y prohibido a la campaña donde él era gerente. En el 2010 la ilegalidad no perturbó a Prieto, pues no consta que haya alertado a sus hermanos, dueños de Marketmedios, para que se abstuvieran de firmar un contrato con Odebrecht. Tampoco llevó a que Prieto denunciara esa anomalía de la campaña en su momento. Esperó siete años para confesarla. ¿Siete años de tranquilidad espiritual? ¿O sencillamente creyó que nunca se conocería el aporte para los afiches ni el contrato familiar con Odebrecht? Si como afirma el propio Prieto las compañías compran acceso al gobierno cuando hacen aportes a una campaña, se puede pensar que el contrato revelado por el procurador buscaba de parte de Odebrecht garantizar el acceso a Prieto, muy cercano allegado a Juan Manuel Santos. Prieto no puede decir que ese contrato por $1.044 no le creaba un compromiso con Odebrecht.
También de marzo de 2017 es otra revelación que no se puede catalogar como muestra de pulcritud de Roberto Prieto. La Presidencia de la República reveló que Marketmedios consiguió que la Casa de Nariño le adjudicara 3 contratos en 2010 y 2011 por valor de $996 millones. Eso es tráfico de influencias. Marketmedios, siendo una empresa de los hermanos de quien gerenció la campaña de 2010 y de quien fue director de la Fundación Buen Gobierno, no podía presentarse a ninguna licitación ni con la Presidencia ni con otras entidades oficiales. Juan Manuel Santos, como ya se ha visto, se preciaba de que ni sus hermanos, ni sus cuñados, ni sus hijos, hubieran hecho negocios con el Estado. El motivo era obviamente la apariencia que podría surgir de aprovechamiento, de indelicadeza, de abuso del poder presidencial. El veto tenía que aplicarse también a un allegado y amigo tan cercano como Roberto Prieto. Pero no fue así. La contratación indebida se hizo.
Los contratos de Marketmedios con otras dependencias oficiales en los gobiernos de Santos ascendieron a $8.000 millones, según dijo Prieto en Blu Radio. La Procuraduría lo desmintió pues remitió a la Fiscalía 66 contratos de Marketmedios con 31 entidades estatales entre 2011 y 2016 por un valor superior a $84.000 millones. Así consta en el informe de gestión del procurador Fernando Carrillo remitido al Congreso y publicado en la Gaceta del Congreso del 15 de agosto de 2017.
El monto es irrelevante. Hay un comportamiento antiético al mezclar política y negocios. Aunque Marketmedios no se fundó en el 2010, Prieto y sus hermanos se lucraron con contratos oficiales. Una cosa es que Santos lo haya nombrado en el BID, recompensa acostumbrada para un puntal de la campaña. Pero permitir que a una firma familiar de Prieto se le otorguen contratos es una forma de favorecimiento y de aprovechamiento. Por ejemplo, Marketmedios participó en un consorcio con Aviatur y otras sociedades, llamado unión temporal, en los contratos por $55.000 millones para la organización de la Cumbre de las Américas en Cartagena en 2012. Otra forma de lucro tolerada por Santos en pro de su amigo Roberto Prieto. No cabría crítica alguna si Marketmedios hubiera continuado únicamente con sus negocios privados.
Es obvio que no se le aplicó a Prieto la misma prohibición que esbozó Santos: «Ningún familiar mío ha hecho un solo negocio con el Gobierno». Si la familia presidencial no hacía negocios con el gobierno porque se creaba una inevitable apariencia de favoritismo, tampoco debía hacerlos Prieto, amigo de la familia y amigo de la primera dama, María Clemencia Rodríguez, a la cual visitó muchas veces en la Casa de Nariño. La mitad de esas reuniones «era con nosotros chismoseando y fumando allá en el patio», como lo dijo Prieto en una llamada interceptada, o para «hablar mierda con María Clemencia de Santos», como se le escucha en otra llamada.
En la entrevista con Blu Radio, Prieto había manifestado: «Lo único que yo no haría por mi amistad con el presidente es monetizar al presidente de la República». Los contratos de Marketmedios con el gobierno fueron precisamente una forma de convertir la amistad y la cercanía en dinero contante y sonante.
Adicionalmente, en dos dependencias oficiales que recibieron créditos del BID después del retiro de Prieto de ese banco internacional —Findeter y el Ministerio de Transporte—, se otorgaron contratos por $8.000 millones a Marketmedios, que se define como agencia de mercadeo publicitario «con liderazgo en vallas publicitarias, pautas radiales, insertos publicitarios en facturas públicas, adhesivos publicitarios y eventos publicitarios». Por los contratos del ministerio, la Procuraduría abrió investigación contra Pío Adolfo Bárcena Villarreal y Paula Andrea Sánchez Gutiérrez. Ambos ejercieron la secretaría general del Ministerio de Transporte. Además se iniciaron pesquisas para verificar si hubo irregularidades en contratos de otras agencias gubernamentales con Marketmedios.
Las pesquisas del procurador y particularmente la revelación del contrato de Odebrecht con Marketmedios, que se conoció en marzo de 2017, enfurecieron a Roberto Prieto. En una conversación que la Fiscalía interceptó el 29 de marzo de 2017 a las 8 y 40 de la mañana, Prieto dijo al teléfono que Fernando Carrillo:
Se está desquitando porque cuando él estaba haciendo campaña me llamó porque yo lo tenía derrotado, me lo confesó el mismo [Alfonso] Gómez Méndez hace 3 días, me dijo Prieto yo vi a María Mercedes [López] elegida, y él me llamó 8 días antes, Prieto por qué no me acompaña en esta causa y le dije Carrillo yo me comprometí ya, me llamó tarde, yo me comprometí con esta señora, y [Carrillo] ganó porque el Presidente le torció el pescuezo a esa elección, pero yo la tuve elegida, ahí le he mandado mensajes que no sea tan mezquino. El procurador me la está cobrando porque 72 horas antes él no era procurador general de la Nación por mí, lo que pasa es que Santos metió la mano.
¿Prieto estaba alucinando? ¿Tenía más poder que el presidente? ¿A qué título promovía Prieto la candidatura de la ex magistrada María Mercedes López, incluida en la terna con Carrillo y con el desacreditado ex vicefiscal Jorge Fernando Perdomo? Por algo Prieto dijo en Blu Radio: «Todo el mundo me ve como extensión del presidente de la República».
En otra llamada interceptada, Prieto habla con un tal Jorge Alirio, cercano al procurador y le dice: «Lo que me hizo hoy es una hijueputada de aquí a la luna que encontró un contrato mío con Odebrecht que es legítimo cuando no había un asomo de corrupción y que haga público que este es un indicio y lo mande para la Fiscalía, se le nota la venganza».
Y se le nota a Prieto que ni siquiera acepta que ese contrato es indebido porque lo que quería Odebrecht al firmarlo era comprar acceso a un amigo del presidente recién elegido. Comprar acceso. Palabras de Prieto.
Lo que sí hay que abonarle a Prieto es el elogio a su ignorancia y que no oculta su condición de culebrero o bufón. En la reunión del directorio del BID en 2013 que sirvió de despedida del cargo, reconoció que no entendía los documentos del banco, aceptó que «me azaro cada vez que intervengo», dijo que aunque era economista solo había ejercido la profesión en su casa, admitió que «dada mi ignorancia no sospechaba el desafío al que me iba a enfrentar» y recordó a su hermano Alberto, según el cual «no hay como la ignorancia pues uno no sufre ni se angustia». Prieto se explayó:
Fue un verdadero atrevimiento de mi parte aceptar presidir el comité de recursos humanos y asuntos del directorio pues como lo dije más de una vez para mí las discusiones de los temas propios del comité eran como si me hablaran en arameo. Hacía fuerza para que los directores volvieran a intervenir y así ganar tiempo para articular la conclusión. Entré en shock cuando al director Dovi (?) se le ocurre intervenir para decir, bueno presidente acudimos a sus luces y a su sabiduría para que nos guíe en el próximo paso a seguir. Si ninguno de ustedes sabe lo que es la soledad cósmica yo les digo que ese día la sentí. Porque eso fue para mí la presidencia del comité, una diversión. Siempre promoví en nuestra silla un ambiente relajado, cordial y muy auténtico.
Como colombiano, en esa despedida Prieto evocó no a Gabriel García Márquez, ni a Shakira, ni a Falcao, ni siquiera a Juan Manuel Santos, ni el ideal del buen gobierno de Santos (¿o era ese apenas un ardid publicitario?) sino a los asesinos narcotraficantes que aterrorizaron al país y que siguen corrompiendo las instituciones públicas:
De todos es sabido en la silla mi gusto por la novelas y series de televisión, son la fuente de mi sabiduría popular. De ahí extraía expresiones como Daniel, hágame el favor, dígale a María Jimena Guzmán, a Andrés Uribe que suban en bombas, expresión muy propia del mundo de los mafiosos para significar a la mayor brevedad posible. Era muy simpático terminar oyendo a Alejandro, técnico refinado, decir, director, yo sé que soy un lavaperros, expresión muy común también en el mundo de los mafiosos que significa yo no soy nadie, en reacción a su inconformidad porque se le desconoció en algo. Así era nuestra silla. Durante estos casi tres años Daniel y Alejandro se dieron a la tarea de recopilar el repertorio, espero que no me ‘conejien’ los derechos de autor, con ello entiendan que no se me vayan a quedar con ellos.