La Fiscalía General de Colombia sigue ocho causas por violencia sexual contra las mujeres asociadas al conflicto armado interno y ha vinculado con ellas a 38 paramilitares y guerrilleros, informó el ente judicial.
Los procesos, que avanzan en la etapa de instrucción, están en manos de fiscales de la Unidad Nacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, agregó la fuente, que indicó que dos de los casos pasaron a la fase de juicio.
En un informe divulgado en Bogotá, el ente acusador presentó como un caso emblemático el de una líder femenina que fue secuestrada y abusada sexualmente por paramilitares.
La mujer, dirigente de una organización femenina, cayó en manos de miembros del grupo ultraderechista Héroes de Gualivá el 21 de julio de 2003 en la zona rural de Sasaima, localidad en el departamento de Cundinamarca.
Los paramilitares «la llevaron hasta un sitio donde otros militantes del grupo ilegal la interrogaron, la tildaron de auxiliadora de la guerrilla, la sometieron a tratos indignantes y la accedieron carnalmente», narró la Fiscalía, e indicó que luego la dejaron abandonada.
La víctima pudo caminar hasta una carretera y tomó un transporte hasta Puerto Salgar, en la que denunció los hechos ante las autoridades.
«Tiempo después, tanto esa líder como sus familiares más cercanos ante las amenazas se vieron obligados a salir del país», advirtió la Fiscalía.
El caso lo instruyó una fiscal, que procesó a dos paramilitares bajo cargos de secuestro extorsivo agravado, acceso carnal violento en persona protegida (por el derecho internacional) y desplazamiento forzado. Otros cinco presuntos implicados fueron vinculados con este mismo caso.
En el informe, la Fiscalía General también dio a conocer los resultados de una investigación contra guerrilleros de las Farc implicados en un caso de agresión sexual contra mujeres que incluyó homicidio.
La víctima fue Blanca Ludivia Hernández, enfermera rural y líder comunal a quien rebeldes del frente cincuenta de las Farc interceptaron el 8 de agosto de 2002 en el área campesina de la localidad de Córdoba, en el departamento del Quindío.
La fiscalía denunció que su cadáver fue encontrado una semana después «con múltiples heridas de arma contundente y cortopunzante y con señales de haber sido ultrajada».
«Blanca Ludivia es otra víctima de la guerra. Esta mujer se convirtió en blanco militar», concluyó la jueza de la capital colombiana que enjuició a «Javier» o «Chocorramo», alias del rebelde Gustavo Joanis Bedoya Martínez.
El insurgente fue condenado a cuarenta años de prisión como coautor de «homicidio en persona protegida, actos sexuales violentos en persona protegida y rebelión».
Según los investigadores del caso, la enfermera, que pertenecía al Sindicato Nacional de la Salud y Seguridad Social (Sindess), «fue señalada por los cabecillas de ese grupo como informante del Ejército Nacional».
Hace casi cinco semanas, la organización Amnistía Internacional (AI) instó desde Londres al Gobierno colombiano a hacer más para erradicar y castigar la violencia sexual contra las mujeres en el contexto del conflicto interno, que lleva casi medio siglo.
De no hacerlo, «podría ser necesaria la intervención de la Corte Penal Internacional», advirtió la organización humanitaria.