Poner énfasis en la salud y en la seguridad ciudadana y buscar alternativas al prohibicionismo y al encarcelamiento de consumidores, son algunos de los puntos que busca la resolución final de la Asamblea General Extraordinaria de la Organización de Estados Americanos (OEA), que se realiza este jueves en Guatemala. Los países latinoamericanos buscan una posición común de cara a la Sesión Especial de la Asamblea General de la ONU sobre drogas de 2016 (UNGASS 2016).
El secretario general de la OEA, el chileno José Miguel Insulza, dijo en el acto inaugural que en esta Asamblea se evaluarán los avances y transformaciones que ha habido desde la sesión que se celebró en Antigua Guatemala en junio del 2013. «Nuestros gobiernos sienten la necesidad urgente de revisar la política, que está lejos de alcanzar los resultados esperados», expresó Insulza, quien había adelantado que «no hay una receta universal» en el combate contra las drogas en el continente, especialmente porque «afecta a todos los países de manera distinta».
No se trata, pues, de alcanzar un consenso sobre un modelo único aplicable a todos los países. En América Latina hay velocidades y preocupaciones distintas. El modelo de regulación estatal del cannabis que se está implementando en Uruguay aparece como un avance en la búsqueda de alternativas, pero no se plantea como un modelo a seguir, por ejemplo, en un país mucho más grande y complejo como Colombia. A lo sumo, los gobiernos de la región podrían acordar que es necesario impulsar un cambio de las convenciones del sistema internacional de fiscalización de estupefacientes, con un mayor enfoque en la salud pública, la reducción del daño y la perspectiva de los derechos humanos, en vez del prohibicionismo, el enfrentamiento militar y el encarcelamiento de consumidores. Desde luego, como afirmó Insulza, en un contexto tan violento como el Latinoamericano no se puede dejar de lado el proyecto de fortalecer las instituciones y acabar con las organizaciones al margen de la ley.
El presidente de Guatemala, Otto Pérez Molina, elogió la posibilidad de debatir sobre las drogas, pues ello permitirá «tener una posición cada vez más progresista y diferente a lo que hemos estado haciendo en los últimos 50 años». «Juntos podemos unificar posiciones ante el resto del mundo de cara a la asamblea en 2016 de las Naciones Unidas», subrayó el ex militar retirado, durante su discurso de apertura. «Confío en que el debate y el resultado de este período extraordinario de sesiones reflejará la complejidad de los desafíos que enfrentamos los estados, en referencia al problema mundial de las drogas», agregó.
«Es un debate que debemos de tener», concluyó Pérez Molina, quien desde que tomó el cargo en 2012 expresó públicamente la necesidad de que la región discutiera acerca de las políticas contra las drogas a nivel individual y regional. A pesar de esas intenciones del presidente, en Guatemala sigue siendo penalizado el consumo y porte de dosis mínimas y, mientras un delito de pornografía infantil da entre 8 y 12 años de cárcel, por narcotráfico pueden ser hasta 30.
El presidente colombiano, Juan Manuel Santos, también ha tomado el liderazgo internacional en los debates sobre la necesidad de reformar las políticas de drogas. En Colombia son reconocidos los esfuerzos por impulsar políticas alternativas y por liderar en el marco de la OEA un grupo de trabajo sobre la búsqueda de alternativas al encarcelamiento y a la desproporcionalidad de las penas para consumidores. No obstante, la normativa interna del país sigue siendo esencialmente restrictiva y cae en la contradicción de despenalizar el consumo pero penalizar todo lo demás, algo que lleva a los consumidores al mercado negro y plantea una serie de riesgos. Además, Colombia sigue siendo el único país que realiza fumigaciones aéreas contra cultivos de coca, lo cual implica serios riesgos para el bienestar de las poblaciones y los ecosistemas que puedan sufrir los efectos de este envenenamiento aéreo de tierras.
La canciller colombiana, María Ángela Holguín, en su discurso ante la Asamblea recordó que el presidente Santos promovió una discusión con sus homólogos sobre el problema mundial de las drogas durante la Cumbre de las Américas de 2012 en Cartagena. “De esta reunión de Cartagena surgió el mandato a la OEA que produjo los documentos de diagnóstico y escenarios que nos han permitido no solo mantener vivo el debate sino tener la posibilidad de llegar preparados y con una sola voz a la sesión especial de la Asamblea General de Naciones Unidas en año 2016”.
La canciller resaltó algunos aspectos que “ponen de manifiesto la apertura de nuestros países a considerar políticas alternativas, sin renunciar al compromiso de continuar enfrentando los fenómenos delincuenciales asociados al tráfico de drogas, que tanto daño nos han causado”. Entre estos aspectos está la decidida voluntad de los países de las Américas para combatir la delincuencia organizada transnacional y las bandas de narcotraficantes, profundizando la cooperación y el intercambio de experiencias. También, según la canciller, que “en derechos humanos, hemos alcanzado acuerdos vitales para que los países que estén en condiciones de hacerlo, revisen sus legislaciones penales e identifiquen alternativas al encarcelamiento”.
Respecto al papel de Colombia, Holguín agregó que este país propuso en la Comisión Interamericana para el Control de Abuso de Drogas (CICAD), la creación de un Grupo de Trabajo con la participación de expertos de varios países para mirar la problemática del encarcelamiento. “Colombia, en ejercicio de la Secretaría Técnica del Grupo de Trabajo, entrega hoy un Informe de avance, con la invitación a vincularse a este proceso y participar en la próxima reunión del Grupo que se llevará a cabo en Cartagena, a mediados de octubre próximo”.
Asimismo, la canciller destacó los acuerdos para profundizar en el análisis de las causas de la violencia y privilegiar a las personas en la formulación e implementación de las políticas públicas. Esto implica, según ella, aumentar los recursos para la prevención, en ámbitos escolares y no escolares; atender desde una óptica de salud pública a las personas que consumen drogas y la necesidad de fortalecer el tejido social, rehabilitarlas y reintegrarlas; Y la inclusión social, que como apuesta central, resulta vital para nuestros países.