“La ley me obliga a tomar esta decisión”, dijo casi como una disculpa el juez de control de garantías, Fernando Sarmiento, a los familiares de las víctimas luego de aprobar la petición de libertad condicional para siete militares investigados por los delitos de desaparición forzada, homicidio agravado y concierto para delinquir en el escándalo de los ‘falsos positivos’ en Soacha (Cundinamarca).
Así son 31 uniformados los que continuarán con el proceso judicial, pero esperarán una condena, por ahora, lejos de la prisión.
Para las próximas audiencias, a realizarse el martes y el miércoles, otros 22 miembros de la Fuerza Pública están esperando la misma decisión, argumentando que ya han corrido más de los 90 días reglamentarios para que se les haga una audiencia pública de juzgamiento y que por tanto se encuentran detenidos ilegalmente. Esto es muy probable, de acuerdo con los abogados defensores.
Sin embargo, en la última audiencia no se salvaron de la detención el coronel Gabriel de Jesús Rincón Amado y el soldado Medardo Ríos Díaz, pues tenían una medida de aseguramiento en otro juzgado, también por su supuesta participación en ejecuciones extrajudiciales.
Los familiares afectados que han asistido a las audiencias sienten un vacío de justicia. El personero de Soacha, Fernando Escobar, comentó: “No podemos hablar de impunidad, pues éste no es el punto final, pero ¿quién les explica eso a las víctimas?”.