A través de la organización Coordinación Colombia Europa Estados Unidos, de la que hacen parte 245 fundaciones que velan por los derechos humanos, ONG colombianas solicitaron al Comité contra la Desaparición Forzada en Ginebra (Suiza) que vigilara todo el proceso que las autoridades judiciales realizaran con el sargento (r) Bernardo Garzón Garzón. Este hombre fue calificado como “el eslabón perdido” en el caso del holocausto del Palacio de Justicia y, además, tendría información de otros 30 expedientes de desaparición forzada.
“Solicitamos realizar un seguimiento de la misma y de las acciones que adopten o se abstengan de adoptar las autoridades judiciales, con miras a determinar el paradero de las víctimas y a investigar los delitos de desaparición forzada involucrados en la situación (…) Después de dos décadas de evadir la justicia, fue capturado el 30 de enero, por el CTI, a instancias de organismos humanitarios el exsargento Bernardo Alfonso Garzón – exagente de inteligencia del Comando Operativo de Inteligencia y Contrainteligencia del Batallón Charry Solano involucrado en la preparación y/o ejecución de más de 30 desapariciones forzadas ocurridas en la ciudad de Bogotá, entre 1984 y 1990, de las cuales trece (13) de las víctimas son mujeres.”, se lee en la carta.
Y es que Garzón Garzón fue el primer oficial el acudir a la Procuraduría –dio dos declaraciones, una en 1991 y otra en 1994– para narrar cómo desde el Batallón Charry Solano supuestamente se habían coordinado una serie de operativos contra líderes de izquierda y personas señaladas de ser guerrilleras del M-19 para desaparecerlos. Sin embargo, tras haber iniciado el proceso contra distinto uniformados, el sargento (r) se retractó de sus declaraciones en 1996 y luego salió libre en 1997.
Desde el 2010 Garzón tenía circular roja emitida por la Interpol después de la solicitud realizada por la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía, que lo investiga por la desaparición forzada del exmilitante del M-19 Guillermo Marín y del teólogo Antonio Hernandez Niño desaparecidos forzadamente en abril de 1986. Este proceso se abrió después de que en el parque Los Novios de Bogotá, fue hallado el cuerpo sin vida de Hernández y rescatado Marín, quien había quedado gravemente herido y asimismo, quien denunció desde el exilio a Garzón y otros dos uniformados por los delitos de secuestro y tortura.
El sargento (r) “ha sido tristemente célebre por su participación en numerosas desapariciones forzadas y ejecuciones sumarias de militantes de izquierda y de población civil según las sentencias judiciales en los casos del Palacio de Justicia (Irma Franco y 11 empleadas y empleados de la cafetería) en 1985; Antonio Hernandez Niño y Guillermo Marín en 1986; Amparo Tordecilla y Carlos Uribe en 1989; y otros casos que están en total impunidad: Oscar William Calvo, Ángela Trujillo y Alejandro Arcila en 1985; Nydia Erika Bautista de Arellana, Cristóbal Triana, Bertil Prieto Carvajal, Francisco Luis Tobón, Blanca Emilia Mahecha Marín Rosalba Hurtado Ospina, María Yaneth Muños en 1987; y el de José Cuesta en 1988”, señaló el comunicado enviado al organismo internacional.
Este 2014 Colombia deberá presentar ante el Comité contra la Desaparición Forzada su primer informe sobre las investigaciones que se adelantan pro estos casos y por la situación que actualmente se vive en el país.