El representante en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas (ONU) para los Derechos Humanos, Todd Howland, denunció este miércoles amenazas de muerte contra defensores de esas libertades por parte de grupos clandestinos de ultraderecha, y pidió protección de parte del gobierno.
En un comunicado, Howland se declaró «muy preocupado» por los defensores de derechos humanos que han recibido «ataques y amenazas de muerte» de los grupos armados de ultraderecha vinculados al narcotráfico Águilas Negras y Rastrojos.
Las amenazas han sido divulgadas a través de panfletos que han circulado desde la semana pasada contra personas y organizaciones que trabajan por los derechos humanos en el país, en particular organizaciones de mujeres, explicó.
«Estas amenazas de muerte se suman a las ya recibidas por organizaciones sociales en (los departamentos de) Nariño (sur) y Cesar (norte), en las cuales la autoría sería de grupos que se autodenominan Anti Restitución -GAR (opuesto a la restitución de tierras a campesinos desplazados)», agregó.
En enero pasado entró en vigencia una ley que busca devolver unos dos millones de hectáreas a cerca de 400.000 familias desplazadas por la violencia antes del fin de la presidencia de Juan Manuel Santos en 2014.
Entre agosto de 2010 -inicio del gobierno de Santos- y enero -implementación de ley de tierras-, al menos una decena de líderes de reclamantes de tierras fueron asesinados por desconocidos.
El representante de la ONU en Colombia recordó que «el deber de los Estados de proteger a los defensores es un principio fundamental. Esta protección debe ser concebida en un sentido integral, lo cual incluye mucho más que medidas físicas de protección«, dijo.
«La protección integral requiere una respuesta coordinada por las diferentes entidades del Estado y que se investiguen las causas de las agresiones, se sancione a los responsables y se implementen las medidas estructurales para enfrentar estos ataques«, añadió.
Howland urgió a las autoridades colombianas a que «adopten medidas de prevención y protección con carácter inmediato«.
Esta alerta se produce luego de que el martes en Ginebra un grupo de trabajo de la ONU denunció que en Colombia «la desaparición forzada continúa siendo una práctica persistente».