Luego de que el Consejo de Estado anunciara una serie de medidas para investigar un supuesto detrimento patrimonial en el aeropuerto El Dorado –referente al subarriendo de la terminal de carga– el concesionario Opain (una de las entidades investigadas) manifestó su desacuerdo con el pronunciamiento del alto tribunal.
La medida fue proferida por la Sección Tercera del Consejo de Estado, tras fallar una acción popular contra la Nación, el Ministerio de Transporte, la Aeronáutica Civil, Opain S.A y Otca S.A.S., quienes serán investigadas por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca para determinar si incurrieron en un daño patrimonial. (Lea: Consejo de Estado denunció millonario desfalco a la Nación en El Dorado)
Lo anterior, con el propósito de que se proteja la moralidad administrativa y el patrimonio público, “con medidas orientadas a que estas sociedades restituyan a la Nación los ingresos de la explotación comercial del terminal de carga del Aeropuerto Internacional El Dorado, que la concesionaria no ha transferido en la forma pactada”, según señala la acción judicial presentada por el ciudadano Juan Carlos Ortiz Cristancho, de la que se deriva el fallo.
En este contexto, Opain declaró que se trata de una determinación “bastante atípica” y que no cuenta con “todos los elementos de valor”, por lo que dio a conocer un pronunciamiento de la Contraloría General de la República frente al contrato que fundamenta la acusación y en el que se concluye que no existe detrimento.
“La Contraloría encuentra que a la fecha y con las actuaciones realizadas, no se está causando un daño al patrimonio público del Estado ya que han ingresado a las arcas de la Aerocivil la contraprestación del 46.16% de los ingresos generados por la explotación comercial de la nueva terminal de carga”, indica la determinación de la Contraloría Delegada Intersectorial No.6.
Por otra parte, el concesionario Opain envió una carta a este medio de comunicación en el que manifiesta su desacuerdo con la investigación que ordena el Consejo de Estado y reitera que “ha cumplido con su misión de desarrollar el proyecto de construcción y modernización de El Dorado a cabalidad, con rectitud y con empeño”.
La siguiente es la misiva enviada por el concesionario Opain al diario El Espectador:
Bogotá, 4 de noviembre de 2014
Señor
Fidel Cano
Director
El Espectador
Respetado Sr. Cano,
Reciba un respetuoso saludo tanto usted como el medio que usted dirige y orienta.
En esta oportunidad me veo obligado a dirigirme a usted con relación al titular publicado el viernes 31 de octubre en la página Web de su periódico, «Consejo de Estado denunció millonario desfalco a la Nación en El Dorado».
Con extrema y desconcertante preocupación veo que este no es preciso y hace acusaciones subjetivas, por las razones que paso a exponer.
1. La Acción Popular fallada por el Consejo de Estado objeto de la noticia, tiene como demandados a la Nación, el Ministerio de Transporte, la Aeronáutica Civil, OPAIN S.A y OTCA S.A.S. y no se hace alusión exclusiva a OPAIN como se infiere de la publicación.
2. La sensación que deja el titular del periódico en sus lectores es que ya es un detrimento determinado, cuando en el fallo se establece un procedimiento, por cierto bastante atípico, para establecer su existencia y su monto.
En efecto, el Alto Tribunal en ningún aparte hace referencia al término «desfalco» sino que partiendo de un análisis, que a nuestro juicio no tiene todos los elementos de valor, determina una serie de medidas para que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca como Tribunal A Quo pueda, con el apoyo de un Comité de Verificación, investigar si hay o no un daño patrimonial con ocasión del contrato celebrado entre OPAIN S.A y OTCA S.A.S.
El Consejo de Estado, establece en cabeza del Comité, la facultad de verificar si resulta favorable el esquema de explotación adoptado por OPAIN S.A. con OTCA S.A.S. o si por el contrario hubo detrimento patrimonial, tal y como se transcribe a continuación: “Si de acuerdo con los resultados del estudio presentado, el Comité de Verificación concluye, sin lugar a dudas que, en términos de eficiencia, para la explotación comercial del terminal de carga internacional y la prestación de los bienes y servicios a los usuarios finales, resulta favorable a los fines estatales mantener el esquema de explotación comercial adoptado por Opain SA, así se determinará, sin perjuicio de condicionar la decisión a valoraciones y ajustes posteriores en todo caso en defensa del patrimonio estatal y respeto por las condiciones contractuales convenidas.”
3. Si en aras de discusión, el Consejo de Estado hubiere determinado la existencia del «desfalco» que ustedes mencionan, en el marco de la obligación que tienen los medios de comunicación de ser objetivos y transmitir las noticias con un enfoque integral, El Espectador debió haber consultado la posición de la Sociedad ante tan graves acusaciones con el fin de que se respetara el derecho constitucional a la defensa y al buen nombre. Titulares como el publicado son extremadamente dañinos, y en especial para empresas como OPAIN, que ha cumplido con su misión de desarrollar el proyecto de construcción y modernización de El Dorado a cabalidad, con rectitud y con empeño.
4. Tampoco nos explicamos cómo se estableció por este medio que «el concesionario le pagaba al Estado $790 millones por el alquilar del terminal de carga, mientras que Opain subarrendaba la estación aérea por 9.500 millones de pesos» teniendo en cuenta que en parte alguna del fallo aparece la primera cifra mencionada o su fundamento.
5. De otra parte, el contrato que fundamenta la acusación ya fue objeto de pronunciamiento por parte de la Contraloría Delegada Intersectorial No.6 de la Contraloría General de la República, quien para el efecto determinó que no existe detrimento por haber cumplido OPAIN S.A íntegramente con el pago de la contraprestación, tal y como expresamente manifestó en Auto No.002185 del 2 de octubre de 2014: «Teniendo en cuenta que la función de la Contraloría General de la República consiste en realizar un control fiscal sobre el patrimonio del Estado, esta entidad encuentra que a la fecha y con las actuaciones realizadas no se está causando un daño al patrimonio público del Estado ya que han ingresado a las arcas de la AEROCIVIL la contraprestación del 46.16% de los ingresos generados por la explotación comercial de la nueva terminal de carga, independientemente del conducto que se haya utilizado. Por lo anterior si bien al principio no se estaba pagando contraprestación respecto a la explotación comercial de la nueva terminal de carga, a la fecha se ha pagado a la AEROCIVIL dicha contraprestación, razón por la cual no existe un detrimento patrimonial al estado que sea constitutivo de daño.»
Sin perjuicio de las acciones que nuestro equipo jurídico adelantará respecto del fallo del Consejo de Estado por encontrarnos en desacuerdo con el pronunciamiento es fundamental que un medio del prestigio como «El Espectador» pueda hacer análisis objetivos, completos y consultando a la totalidad de protagonistas con el fin de evitar noticias subjetivas o que pongan en riesgo el buen nombre de la sociedad.
Estaré a su disposición para ampliar y aclarar lo que Usted considere, y así poder informar a sus lectores de manera acertada, que es una característica en la que a ustedes han sido líderes y defensores.
Por todo lo anterior, con el fin de dar a conocer la realidad de los hechos, compartir y dar claridad sobre este tema concreto a sus lectores, apreciaría que esta comunicación fuera publicada en su prestigioso diario.
Atentamente,
Andrés Ortega Rezk
Gerente OPAIN S.A.