Tras la captura de aproximadamente 30 personas el pasado 20 de abril en Valle del Cauca, Cauca y Nariño, dos integrantes del Parlamento Europeo enviaron una carta al Gobierno de Colombia denunciando que los capturados son líderes, exalcaldes y personas pertenecientes a agrupaciones defensoras de derechos humanos. La Fiscalía, sin embargo, abrió investigaciones en su contra por rebelión y por supuestamente tener nexos con el Eln. Las parlamentarias se refirieron al caso específico de Harold Wilson Montufar Andrade, exconcejal y promotor de los diálogos con el Ejército de Liberación Nacional.
Al parecer, Montufar Andrade se encontraba realizando un proyecto para buscar que el Eln iniciara un proceso de desminado humanitario entre Samaniego y Santa Cruz Guachavez (Nariño). La carta enviada desde Bruselas asegura que el capturado había viajado en mayo del año pasado a Europa para hablar, ante diputados del Parlamento, sobre la situación que estaban viviendo los líderes sociales en Colombia después de la firma del Acuerdo de Paz entre el Gobierno y las Farc.
(lea: Organizaciones de DD.HH. protestan por denuncias en el sur del país)
“Apreciamos las cualidades humanas del Sr. Harold Montufar Andrade, así como las fuertes habilidades de mediación. Estábamos muy preocupados por su informe sobre el derramamiento de sangre en Colombia tras el Acuerdo antes mencionado. Hasta la fecha, estamos en conocimiento de que hay más de 200 líderes comunitarios asesinados en el período posterior al Acuerdo y estos crímenes la mayoría aún siguen en un estado de impunidad”, señala la carta firmada por Isabella De Monte y Elly Schlein, miembros del Parlamento. En horas de la noche del 25 de abril pasado, Montufar Andrade fue dejado en libertad por un juez de control de garantías.
Por otra parte Charo Mina Rojas, encargada de Derechos humanos en el Proceso de Comunidades Negras de Colombia (PCN), expresó a través de una carta dirigida al fiscal general, Néstor Humberto Martínez, su oposición a lo que serían acusaciones injustas en el caso de Sara Liliana Quiñonez y Tulia Maris Valencia, lideresas del Consejo Comunitario de Alto Mira y Frontera y destacadas defensoras de derechos humanos. Ellas también fueron arrestadas en el Valle del Cauca el pasado 20 de abril.
Los detenidos fueron llevados a Cali para la iniciación de las audiencias de imputación de cargos, en las que, según información de Asociación para la Investigación y la Acción Social (Nomadesc), se les acusa de rebelión, enriquecimiento ilícito, porte ilegal de armas y de ser parte de la insurgencia del Eln. Las audiencias, que aún no finalizan, se llevan a cabo en el Juzgado 5 Penal Municipal de Cali, donde los detenidos fueron divididos en tres grupos para su judicialización.
Asimismo, Olga Araujo, vocera de Nomadesc, afirmó a El Espectador que, aunque se indicó que las audiencias son públicas, se ha restringido el ingreso de algunas organizaciones que han estado acompañando el proceso y solo se permite que entre un familiar por detenido. De igual forma, señaló que son pocas las garantías que se han llevado de un debido proceso, pues la situación humanitaria de los detenidos se ha complicado con aspectos básicos como el traslado de comida a cargo de los familiares de las personas capturadas. «Son pocas las garantías de un debido proceso, pero también es el irrespeto por parte de las autoridades hacia las personas detenidas» señaló.
Hasta el momento han quedado en libertad Andrés Felipe Zambrano, María Liliana Yela Zambrano, Cecilia Narváez, Dioselina Muñoz, Darío y Pedro Dorado, Alexander Garzón, Harold Manuel Pinto, Marín Suarez, Amilkar Obando, Porfirio Madroñero, Oscar Betancourth y Eivar Duvan Macías debido a que el juez consideró que no existen suficientes pruebas para afirmar que representan un peligro para la sociedad. Frente al caso de Sara Liliana Quiñonez y Tulia Maris Valencia, ambas quedaron en detención preventiva por decisión del juez.
Igualmente, se envió un comunicado firmado por diferentes organizaciones sociales del Colombia, en el que se denunciaron amenazas a Magaly Pino Ordoñez, líder perteneciente a la organización Congreso de Los Pueblos y parte de la plataforma Coordinador Nacional Agrario (CNA). Según el comunicado, la mujer recibió un llamado anónimo que decía que “el papel de defensora de terroristas tiene que terminar en el cementerio”. Magaly Pino Ordoñez ha estado acompañando el proceso en Cali de la detención masiva ocurrida el pasado 20 de abril.
(Le puede interesar: Miembros del Parlamento Europeo, preocupados por asesinatos de líderes sociales)