El difícil momento que atraviesa el sector ganadero tiene un factor común según el Gobierno y las autoridades: malos manejos administrativos. A la casi desaparición de los fondos ganaderos departamentales –en los años 90 existían 24 y ahora sólo operan cinco– se suma el proceso de reorganización al que fue sometido el Fondo Nacional del Ganado (FNG) por culpa de las deudas que tiene Friogán, sociedad de la cual es dueña en un 78%.
Mientras la Superintendencia de Sociedades acompaña el proceso de reestructuración de deudas de Friogán y el Fondo Nacional del Ganado, y la Contraloría emite alertas por el riesgo que existe de que se pierdan dineros parafiscales (de impuestos a la carne y leche), Fedegán se defiende advirtiendo que durante su administración del Fondo Nacional del Ganado jamás hubo riesgo de quiebra y que sus decisiones estuvieron avaladas por la ley y el Gobierno.
Todo el lío que ha suscitado un enfrentamiento público entre Fedegán y el Ministerio de Agricultura, en el que el primero acusa al Gobierno de castigarlo por sus críticas al proceso de paz, comenzó con un negocio en 2005. En esa época el Fondo Nacional del Ganado –administrado por Fedegán y presidido en la junta directiva por el Ministerio de Agricultura– decidió invertir en la fusión de cinco frigoríficos del país y aprobó la creación de Friogán, que empezó a operar en 2006 con $27.000 millones de pérdidas.
Según el presidente de Fedegán, José Félix Lafaurie, el negocio de Friogán nació tras una determinación del Gobierno en el año 97, cuando creó cinco frigoríficos para satisfacer la oferta ganadera en distintas regiones del país. “Cuando yo llego a Fedegán en 2004, encuentro las plantas construidas compitiendo entre sí, con los mismos clientes. Es una banca de inversión la que finalmente estudia el tema y sugiere una fusión. Esa fusión ya me toca a mí”, le dijo Lafaurie a este diario para explicar que no fue por decisión suya que se creó Friogán y que se invirtieron dineros públicos.
Además, el presidente de Fedegán manifestó que “en 2007 el Gobierno emitió el Decreto 1500 y obligó a todas las plantas del país a suscribir un plan gradual de cumplimiento que obligaba a (realizar) inversiones, especialmente en frío. Friogán lo hizo, como lo hicieron más de mil plantas. De esas, 400 cerraron y el propio Ministerio de Agricultura fue el que modificó la manera como se hicieron las plantas. En vez de transferir recursos del Fondo Nacional del Ganado, instruyó para que Friogán contratara créditos con el aval del Fondo (…) Cuando se fusionaron, en el primer año absorbieron las pérdidas. ¡El primer año de fusión! Es decir, hubo utilidades y enjugaron las pérdidas y se ganó plata en 2006, 2007, 2008 en Friogán. Fue una fusión que se hizo dando claros resultados en favor de la empresa”.
En pocas palabras, Lafaurie sostiene que el negocio era rentable, que Friogán rindió frutos en sus primeros años y que aún continuaba siendo rentable a pesar del proceso de reorganización. Sin embargo, para las autoridades la realidad era diferente. La Contraloría, entre 2006 y 2012, alertó sobre los riesgos para el Fondo Nacional del Ganado de adquirir el 78% de las acciones de Friogán. Igual de riesgoso era, señaló el organismo, que la junta directiva del Fondo Nacional del Ganado avalara que éste sirviera como codeudor en los créditos solicitados en los bancos.
En 2006, la Contraloría hizo referencia al riesgo que podía correr el patrimonio de ganaderos y lecheros del país, que anualmente pagan impuestos parafiscales por más de $100.000 millones, cuando el Fondo Ganadero se convirtiera en accionista de una sociedad que iba a entrar a administrar cinco frigoríficos que tenían pérdidas acumuladas por $14.875 millones. En 2009, el organismo de control puso el ojo en los créditos que había sacado Friogán por casi $65.000 millones y en los que se puso al Fondo Nacional del Ganado como codeudor, lo que para la Contraloría podría ser una irregularidad.
Según dos actas de 2005, dos de 2007, una de 2008 y otras dos de 2009, la junta directiva de Fondo Nacional del Ganado –en la que participaban Fedegán y el entonces ministro de Agricultura de la época, Andrés Felipe Arias– aprobó que $73.377 sirvieran como garantía para los créditos solicitados por Friogán, que al final terminaron siendo por $65.000 millones de los que aún se adeudan más de $46.000 millones. Para la Contraloría, ese aval era un riesgo latente: si bien el Fondo Nacional del Ganado podía tramitar créditos bancarios, no podía hacerlo para respaldar a una empresa privada.
En el informe de actuación especial de diciembre de 2015 de la Contraloría frente al problema del Fondo Nacional Ganadero, se lee que en la Ley 101 de 1993 (Ley General de Desarrollo Agropecuario y Pesquero) no se establece explícitamente que los recursos de las contribuciones parafiscales deben generar rendimientos. Sin embargo, la ley que creó el Fondo Nacional del Ganado, también del año 93, permite que los parafiscales sirvan como capital para empresas de interés colectivo para la producción, comercialización e industrialización de insumos y productos.
Aun así, el organismo de control precisó que las deudas de Friogán generaron un riesgo para la conservación e integridad del patrimonio del Fondo Nacional del Ganado, que figura como codeudor en créditos por más de $46.000.
En el informe de la Contraloría se cuestionó igualmente que el Fondo Nacional del Ganado respaldara en un 100% las obligaciones de Friogán, porque, a pesar de ser su accionista mayoritario, se consideró que existía riesgo de perder recursos públicos y que no tenía obligación de respaldar los créditos. El organismo identificó 16 hallazgos administrativos –es decir, posibles irregularidades administrativas en el Fondo Nacional Ganadero–, de los cuales cuatro podrían tener sanciones disciplinarias y una responsabilidad fiscal –posible detrimento patrimonial–. Además, concluyó que el comité directivo del Fondo “no realizó evaluación, seguimiento y control respecto de los proyectos de inversión financiados con sus recursos”.
“Aquí no hay detrimentos patrimoniales porque ese detrimento no ha existido. La Contraloría no ha identificado todavía uno y lleva quién sabe cuántas auditorias. Puede verificar que no hay un solo hallazgo fiscal, uno solo (…) Prevarica el contralor delegado en esa decisión y ya lo demandé. El argumento es que las normas lo permiten y cuando digo que prevarica es porque está diciendo una cosa que no corresponde con las normas”, le dijo a este diario el presidente de Fedegán, José Félix Lafaurie. Mencionó que las leyes y los decretos que promulgó el Gobierno sobre el manejo de los recursos del Fondo Nacional del Ganado les permitía aprobar esas inversiones.
El Fondo Nacional del Ganado, desde su creación en 1993, fue administrado por Fedegán. Que el Gobierno les quitara esa potestad resultó un golpe duro para Fedegán, pues además de recibir el 5% de los recursos recaudados por el Fondo Nacional del Ganado, tenía la capacidad de realizar actividades de fomento para la ganadería con los recursos restantes. En 2014 el Ministerio de Agricultura decidió prorrogar el contrato a Fedegán, pero no por diez años, sino por un tiempo menor a un año. Luego se realizaron otras tres prórrogas, hasta que el pasado 29 de diciembre el ministro de Agricultura, Aurelio Irragorri, decidió no darle la administración a Fedegán, sosteniendo que hubo malos manejos que pusieron en una posición crítica al Fondo Nacional Ganadero, al punto que por primera vez un fondo parafiscal tiene la necesidad de ingresar a la ley de insolvencia.
“El Gobierno quería castigarme, siempre le ha parecido que las críticas que hace Fedegán al proceso de paz son críticas que no deberían de darse. El Gobierno me mantuvo haciendo prórrogas, violando la Ley 89 de 1993 en el artículo séptimo, que dice que tienen que contratar con Fedegán por un mínimo de 10 años”, sostuvo Lafaurie.
Fuentes consultadas explicaron que la crisis económica de Friogán se conoció en abril de 2015, cuando las autoridades se enteraron de que no tenía plata para pagar deudas. En ese momento, la Superintendencia de Sociedades realizó una visita para tomar información sobre los estados financieros de la empresa. Posteriormente, se publicaron los resultados de esa diligencia el 4 de mayo y a los cinco días el contralor general, Edgardo Maya, envió una solicitud a la Supersociedades para que adelantara un seguimiento especial a Friogán.
Ante la dramática situación, Friogán solicitó el 23 de junio a la Supersociedades que lo admitiera en un proceso de reorganización empresarial para poder cumplir con sus deudas y evitar que los bancos hicieran cobro jurídico a su codeudor, el Fondo Nacional del Ganado, que habría tenido que utilizar los recursos parafiscales. Según el informe de la Contraloría, las entidades financieras se negaron a reestructurar la deuda a través de un acuerdo privado con Friogán, “argumentando la necesidad de recibir capital fresco para abonar a la deuda y solicitando la valoración de la empresa para una futura venta a inversionistas extranjeros”.
La Supersociedades admitió a Friogán para reorganización empresarial el 4 de agosto de 2015 e inmediatamente la junta del Fondo Nacional del Ganado alzó la misma solicitud, al manifestar que las deudas que tenía Friogán con los bancos recaerían sobre ellos porque eran los codeudores, lo que pondría en riesgo los recursos parafiscales de ganaderos y lecheros. Entre los argumentos que presentaron Friogán y el Fondo es que entraron en crisis económica por la caída de las exportaciones a Venezuela y el contrabando.
Dentro de cuatro meses se conocerá si los acuerdos de pago entre Friogán y los bancos son aceptados y si Friogán tiene la capacidad de pagarlos. Según Lafaurie, si Friogán está dando utilidades operacionales no entiende por qué razón no se llegaría a un acuerdo. La idea del Ministerio de Agricultura es lograr vender en seis meses la participación accionaria del Fondo Nacional del Ganado en los frigoríficos y así cubrir la deuda. Expertos consultados en el tema dicen que es posible, ya que es un negocio atractivo.
Sin embargo, si no se llega a un acuerdo o Friogán lo incumple, “conllevaría a la posible pérdida del patrimonio del Fondo Nacional del Ganado y la correspondiente liquidación”. Fuentes consultadas del sector agro precisaron que lo más relevante del asunto fue el porcentaje imprudente con el que se comprometió el patrimonio de los impuestos a la carne y la leche en una empresa privada. “Si hubieran sido por avales del 2 o del 3% del Fondo no importa. Lo que fue muy irresponsable, desde todo punto de vista, es que se hubiera comprometido la mitad del patrimonio del Fondo Nacional del Ganado en capital de una sola empresa”, le dijo a El Espectador una persona que conoce el proceso.
Para varios sectores políticos este es un caso inédito y que no tiene presentación, por lo que apoyaron que el Ministerio de Agricultura no le renovara el contrato de administración a Fedegán. “Su impericia llevó al Fondo Nacional del Ganado a la situación en la que está, avalando con la mitad del patrimonio en pasivos que superan los $70.000 millones”, dicen algunos, mientras que otros aseguran que si hay una responsabilidad fiscal y de detrimento porque al administrador del Fondo Nacional del Ganado le tocaba tomar decisiones para evitar el riesgo.
La discusión continúa. Fedegán defiende su administración y señala que logró importantes resultados en el fomento para la ganadería en Colombia con los dineros que manejó del Fondo Nacional del Ganado. El Ministerio de Agricultura está seguro de que una nueva administración podrá mejorar la situación para los ganaderos y lecheros, que en varias oportunidades se quejaron de no que sus intereses no estaban representados durante la gestión de Fedegán. En cuatro meses se conocerá el futuro de un sector en crisis.
La caída de los fondos ganaderos en Colombia
El primer fondo ganadero en Colombia se creó el 19 de julio de 1941, con capital estatal y privado, en medio de transformaciones agrarias y como una apuesta del gobierno de Eduardo Santos para fomentar la práctica ganadera. Para los años 90 existían 24 fondos en todo el territorio nacional y eran conocidos como la mejor manera de apoyar el trabajo agrario en el país.Sin embargo, 20 años después de su auge, hoy se reconoce que detrás de esa estrategia de fomento se cometieron algunas actividades non sanctas. El mejor ejemplo es el Fondo Ganadero de Córdoba: a finales de los años 90 se convirtió en el instrumento de los hermanos Castaño y sus paramilitares para validar y legalizar un masivo despojo de tierras en el Urabá.La Superintendencia de Sociedades se ha pronunciado al respecto y ha explicado que los fondos ganaderos del país no son sostenibles, pues casi la totalidad de ellos representan millonarias pérdidas cada año. Sólo quedan cinco en operación. El episodio de contrabando en Friogán El 15 de febrero de 2013, funcionarios de la DIAN y de la Policía Fiscal y Aduanera llegaron hasta la planta de sacrificio de Frigoríficos Ganaderos de Colombia (Friogán), en Norte de Santander. Los atendió el gerente Diego Portilla, quien les presentó unas guías de movilización de ganado que resultaron falsas.Fue en ese momento que las autoridades empezaron a descubrir una cadena de contrabando que empezaba en Venezuela, donde los animales son más baratos. Los empresarios ingresaban las reses a Colombia sin pasar por el filtro del Registro Único de Vacunación exigido, y con la colaboración de algunos funcionarios del ICA y del Invima, obtenían los permisos sanitarios y de transporte para que pudieran llegar hasta el frigorífico y ser sacrificados.Tanto Diego Portilla, como su hermano Andrés Portilla, presidente de Friogán, están privados de la libertad. El primero ya aceptó cargos.