Abogados de familiares de desaparecidos durante el holocausto del Palacio de Justicia exigieron acciones urgentes de la comunidad internacional en contra del procurador General de la Nación, Alejandro Ordóñez, porque, según ellos, está liderando una defensa de oficio a favor de los victimarios en estea tragedia.
"En el estatuto de la Corte Penal Internacional encubrir los crímenes de lesa humanidad implica una labor de complicidad que también genera responsabilidad en el plano internacional. La comunidad internacional debería empezar a mirar cuál es el papel de Alejandro Ordóñez en estos casos", dijo el jurista Jorge Molano.
Señaló que las disposiciones contenidas en el Derecho Internacional Humanitario, DIH, que fijan los límites de los actores armados en un marco de conflicto, señalan de manera inequívoca la responsabilidad de quienes comandan los operativos militares, como el caso de Jesús Armando Arias Cabrales, frente a la retoma del Palacio.
Añadió que la Procuraduría ha omitido este principio y dijo que cada vez se evidencia más el interés de Ordóñez en intervenir indebidamente en este caso, al ordenar el cambio de todos sus delegados en los procesos, originando un giro de postura sustancial en la postura del Ministerio Público frente a las pruebas, que eran concluyentes respecto a la responsabilidad del Ejército en las desapariciones.
Entre tanto, el abogado Rafael Barrios también consideró incoherente la posición del organismo de control que, en el caso del coronel (r) Luis Alfonso Plazas Vega, se abstuvo de solicitar condena en virtud de que la responsabilidad era atribuible única y exclusivamente a quienes estuvieron al frente de la operación, que no era el caso del militar (r), según el Procurador.
"En mi opinión, aquí hay un prevaricato. Recuérdese qué afirmó el Procurador en el caso de Plazas Vega; dijo que él no era responsable porque quien fungía de comandante de la Brigada 13 y de comandante del operativo era el General Arias", señaló.
Indicó que, teniendo en cuenta este cambio de posición, es muy posible que en los otros casos el organismo de control también termine por pedirse la absolución de los militares, pese al reconocimiento de que el Ejército, efectivamente, fue responsable de la desaparición de al menos ocho civiles.