El presidente de la red de veedurías ciudadanas, Pablo Bustos, presentó ante la Corte Suprema y la Procuraduría General una solicitud para que se investigue penal y disciplinariamente, respectivamente, a los congresistas que presuntamente ingresaron de manera irregular a la cárcel La Picota de Bogotá para celebrar una fiesta de cumpleaños.
Bustos indicó que los representantes a la Cámara Jaime Alonso Vasquez y Mercedes Eufemia Márquez habrían incurrido en el delito de tráfico de influencias puesto que utilizaron su investidura para ingresar al centro carcelario en días no permitidos para visitar a un congresista investigado por parapolítica.
En este caso se solicitó tener en cuenta las declaraciones del director del Inpec, general Gustavo Adolfo Ricaurte; el director de la cárcel La Picota, miembros de guardia penitenciaria, las declaraciones de los cuatro congresistas, además de los libros de ingresos y visitas.
Por estos mismos hechos se presentó en días pasados una demanda de perdida de investidura ante el Consejo de Estado en contra de estas personas.