El Consejo de Estado compulsó copias para que la Fiscalía General, la Procuraduría y la Contraloría para investiguen las presuntas irregularidades en la entrega de un contrato de 5 mil millones de pesos en el municipio de San Antero, Córdoba.
El alto tribunal busca establecer si los servidores públicos que participaron en el trámite incurrieron en una falla al haber cancelado en exceso a una empresa que fue contratada para realizar todas las actividades de consultoría, asesoría, gestión y auditoría en temas relacionados con regalías.
El convenio fue firmado en enero de 2001, sin embargo seis meses después inició su proceso liquidación.
El caso llegó al Tribunal Administrativo de Córdoba que en noviembre de 2010 ordenó al municipio cancelar 2 mil 580 millones de pesos al contratista como mandamiento de pago.