Ante la Fiscalía General se radicó un documento en el que se le solicita investigar a los coroneles Emirio José Barrios y Jorge Enrique Navarrete, comandante y subcomandante de la Octava Brigada, respectivamente, por su presunta participación en los llamados falsos positivos que se registraron en el departamento de Caldas.
En este sentido el ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón que retire provisionalmente del curso de ascenso para generales a los dos militares mientras se adelantan las investigaciones respectivas con el fin de verificar su responsabilidad en las ejecuciones extrajudiciales.
El abogado Jorge Molano, quien defiende a los familiares de algunos de los jóvenes presentados como guerrilleros abatidos en combate, los dos coroneles eran los superiores jerárquicos de los 107 militares a los cuales la Fiscalía les imputará cargos y solicitará medida de aseguramiento en los próximos días por su participación en la retención ilegal y posterior asesinato de un grupo de personas en el eje cafetero.
En la solicitud presentada ante el fiscal 53 de la Unidad de Derechos Humanos se hace mención al hecho de que los coroneles habrían pagado 2 millones de pesos a un informante al parecer para ejecutar los homicidios.
Por estos mismos hechos, el juzgado quinto penal de Manizales condenó el pasado 19 de abril al teniente José Peña Ramírez a 43 años de prisión por su participación en el asesinato de dos jóvenes presentados como guerrilleros abatidos en combate.
El oficial adscrito al Batallón 57 “Mártires de Puerres” fue hallado responsable de los delitos de homicidio agravado y falsedad ideológica en documento público al comprobársele que participó en el reclutamiento de los dos jóvenes cuyos cuerpos aparecieron en zona rural del departamento de Caldas con prendas alusivas a las Farc y fusiles, “los cuales no servían”.
Según el fallo judicial, militares adulteraron la escena del crimen y falsificaron documentos para argumentar la muerte de los dos jóvenes en combate. “Fueron seleccionados para ser ejecutados, (…) lo que allí aconteció no fue un combate sino una masacre, (…) existieron tiros de gracia y el ataque fue a mansalva”, precisa el fallo judicial.
En la Sentencia el juez establece entre otras situaciones “la falsedad que emerge, pues se pretende encubrir un crimen y obtener réditos”, evidenciando el papel que realizaba un militar en las labores de reclutamiento y promesas económicas a personas de escasos recursos en zonas marginadas.
Según la investigación los jóvenes salieron de Palmira con destino a Pereira, con la promesa de un trabajo cuyo contacto era el soldado Alonso Iván Palacios, en una operación coordinada por el mayor Josue Yobanny Linares Hernández de la Octava Brigada del Ejército.
Al llegar a la capital de Risaralda los esperaba “El Paisa” quien les dio las últimas instrucciones del “trabajo secreto” que debían cumplir y les indicó que a la media noche un taxi pasaría al hotel a recogerlos y así fue.
Unos minutos después de salir de la ciudad, el vehículo se internó en un oscuro paraje donde fueron interceptados por hombres vestidos con prendas del Ejército que los hicieron descender del automóvil y les dispararon. Uno de ellos logró escapar gracias a una falla en el arma que le apuntaba a la cabeza.
Por este mismo hecho fueron condenados a 41 años de prisión el cabo Carlos Magrovejo Zapata y los soldados profesionales Germán Bermúdez Carabali, Javier Dorado Muñoz, Robinson Ruiz, José Ipia Deimar y Alonso Iván Palacios.