Ante la Corte Constitucional fue radicada una demanda que busca tumbar un artículo de la ley 1678 de 2013 al considerar que pone trabas para el acceso a una educación superior en Colombia. En este sentido se considera que existe un trato discriminatorio y desigual a la hora de estudiar las solicitudes para acceder a becas educativas.
El accionante demandó la expresión “no tener antecedentes penales, ni disciplinarios”. Estos requisitos son exigidos a todos los aspirantes como parte del primer filtro a la hora de presentar los requisitos y postulaciones a una beca de posgrado, por ejemplo. Para el demandante se limita a la población reclusa a aspirar a una educación de calidad.
En este sentido se explica que además de las múltiples trabas que se presentan en el país como el alto costo de la matrícula y los problemas del financiamiento las personas que hayan cometido faltas penales o disciplinarias se enfrentan a un no rotundo cuando quieren acceder al sistema de becas.
Estos requisitos, asegura la demanda, van en contravía de los derechos fundamentales de los colombianos que quieren continuar con sus estudios académicos. En este punto se considera afecta el derecho al acceso a la educación.
En los próximos días la Corte Constitucional deberá decidir si acepta o no para su estudio la demanda radicada en la tarde de este martes.