En protesta por el incumplimiento de varios compromisos laborales de la Policía Nacional para con sus agentes, varios uniformados retirados y sus familias protagonizaron una concurrida movilización, que culminó en el máximo escenario de las leyes en Colombia.
El principal descontento se ha originado por el tema de los ascensos y las jubilaciones, pues, según denuncias de los afectados, se han venido desconociendo las condiciones iniciales de esos pactos.
Según las normas vigentes, a los cuatro años de servicio, los patrulleros debían ser ascendidos al grado de subintendentes, pero existen casos de uniformados que, con más de 12 años, continúan ejerciendo el mismo papel.
Esta situación, aseveraron algunos de los marchantes, contrasta con la de los mandos medios y altos, que reciben su nuevo grado mucho antes de cumplir el tiempo que requerido.
Además, el período de jubilación, reglamentado desde 1947, les otorgaba el derecho a media pensión a los 15 años de servicio y completa a los 20, cuando hoy se busca ampliar el los plazos en cinco años cada uno.
De la misma manera, denunciaron serias deficiencias en el sistema de salud, pues sólo cuentan con un centro de atención, que es el Hospital de la Policía, para 150 mil efectivos y sus familias, en el que no hay más de un especialista por área.
Esta movilización ha estado precedida por numerosas acciones jurídicas a través de las cuales los agentes del orden han pretendido poner fin a su drama, so pena, como ellos mismos lo manifiestan, de represalias que van desde el traslado a zonas de conflicto, hasta la destitución.