Por su responsabilidad en el reclutamiento de dos jóvenes víctimas de un ‘falso positivo’ o ejecución extrajudicial, los civiles Pablo Enrique Mejía Vásquez, Diego de Jesús Gómez Hernández y su esposa Marlys Selina Pérez Martínez fueron condenados a 37 años de prisión por decisión del Juzgado Penal del Circuito Especializado de Montería, Cesar.
Efectivos del Gaula del Ejército reportaron la baja en combate de Ricardo Antonio Molina Osorio y Ronald de Jesús Verdugo Molina en la vereda La Cumbia de Tierralta, Córdoba.
Según un Fiscal de la Unidad Nacional de Derechos Humanos, los hechos sucedieron el 19 de marzo de 2007 y en poder de las víctimas fueron hallados dos fusiles que no disparaban por fallas técnicas.
Ambos habían sido contactados en Barranquilla, Atlántico, desde donde se les costearon viajes en buses intermunicipales, bajo la promesa de garantizarles trabajo en fincas del sur de Córdoba.
Los reclutadores fueron hallados culpables de los delitos de doble homicidio en persona protegida y concierto para delinquir agravado con fines de homicidio. En la actualidad permanecen recluidos en cárceles de Córdoba.