Los computadores incautados en el campamento donde fue abatido en Víctor Julio Suárez, alias ‘Mono Jojoy’, son la nueva piedra en el zapato para la ex senadora Piedad Córdoba, luego de que la Procuraduría General de la Nación abriera una nueva investigación en su contra por ‘farcpolítica’.
Según el Ministerio Público, en el material de prueba se encontraron comunicaciones tituladas “Actividades de financiamiento de la senadora Piedad Córdoba desde Venezuela”, en las que se haría referencia a un ex candidato a la Cámara de Representantes que sería el adjudicatario directo o indirecto del traslado de los recursos desde el hermano país hacia Colombia.
Se trata de Ricardo Montenegro, cuyas aspiraciones electoreras habrían sido auspiciadas por la ex legisladora, según lo sostuvo el organismo de control, que advierte que de comprobarse la actuación, la ex parlamentaria estaría omitiendo la prohibición que tienen los servidores públicos de patrocinar actividades de partidos o movimientos políticos en nombre de terceros.
Además de los computadores recopilados por la Dirección de Investigación Criminal de la Policía Nacional, Dijin, el organismo de control dice tener en cuenta comunicaciones legalmente obtenidas por las autoridades en los que se ponen al descubierto conversaciones de Córdoba Ruiz con guerrilleros de las Farc, especialmente alias ‘Manolo’ del Frente 30.
Adicionalmente, la Procuraduría General de la Nación solicitó a la Corte Suprema de Justicia que establezca si hay lugar o no a la apertura de una investigación penal en contra de la ex congresista por estos hechos que, para el organismo, pueden reafirmar el vínculo que ésta mantenía con la insurgencia.
Piedad Córdoba Ruiz fue destituida e inhabilitada para el ejercicio de la función pública por espacio de 18 años por la misma Procuraduría, tras el análisis de los contenidos de los computadores incautados en el campamento donde fue abatido el segundo al mando de las Farc, Edgar Devia, alias ‘Raúl Reyes’, lo que también derivó en una compulsa de copias a la Corte para que indagara sobre la presunta responsabilidad de la dirigente liberal en los delitos de lesa humanidad cometidos por el grupo rebelde.