El brigadier general (r) Carlos Enrique Sánchez Molina, quien comandaba la Terecra Brigada del Ejército con sede en Cali, deberá presentarse ante la Procuraduría General de la Nación, luego de que el organismo lo citara a rendir versión libre, dentro del proceso que se adelanta por la llamada masacre de Jamundí, Valle, en la que militares dieron muerte a diez policías.
El oficial (r) deberá explicar cuál fue su papel en el arribo de los efectivos pertenecientes a la unidad castrense por él dirigida, que fueron responsables de la ejecución del crimen, ocurrido hace poco más de cuatro años.
Al parecer, Sánchez Molina dio la orden para el desplazamiento al lugar de la tragedia del Batallón de Alta Montaña No. 3, cuando, según se dice, debió informar a las unidades del Gaula para que hicieran presencia en la zona.
Los hechos materia de investigación se produjeron el 22 de mayo de 2006, cuando agentes de la Dijín que pretendían desplazarse a la vereda La Cristalina para efectuar una operación de allanamiento terminaron siendo asesinados por soldados del Ejército Nacional.
La acción se registró a la altura del sitio conocido como Potreritos, en Jamundí, donde se abrió fuego en contra de los policías, que pertenecían a una unidad especial entrenada por agentes de seguridad de los Estados Unidos para contrarrestar a grupos narcotraficantes.
Desde 2008 la Procuraduría General de la Nación inició actuaciones en contra de 15 militares que, se presume, guardan responsabilidad en el desarrollo de esta tragedia, que ha dado lugar a sendas condenas penales.
Recientemente, el Tribunal Superior de Cali redujo en 25 años la pena que pesaba en contra de 14 de los militares responsables de la ejecución del múltiple homicidio.
Como juez de segunda instancia, el Tribunal revisó la sentencia de 54 años de cárcel que fue proferida por el Juzgado Cuarto Penal Especializado de la capital vallecaucana el 18 de febrero de 2008 y los condenó a 29 años.
En la misma determinación, el Juez de segundo grado redefinió la condena de 50 años de prisión emitida en contra del teniente Harrisson Eladio Castro Aponte y la tasó nuevamente en 29 años de privación de su libertad.