El nombre del capitán Ányelo Palacio Montero ha ocupado los titulares de prensa en los últimos meses. Figuró en las denuncias contra altos mandos de la Policía Nacional por la presunta existencia de una red de prostitución interna en la Institución conocida como “la comunidad del anillo”.
Su figura fue reconocida tras la publicación de un video en el que aparecía en un carro con el entonces senador Carlos Ferro en un vehículo oficial hablando de temas personales. La grabación, hecha por el mismo uniformado, fue una de las pruebas reinas en la Procuraduría para abrirle investigación al general Rodolfo Palomino.
Días después ratificó sus denuncias ante la Fiscalía General, asegurando que su vida corría peligro puesto que había hecho mención de varios altos oficiales que hacían parte de dicha red de prostitución homosexual, la cual tenía una vinculación directa con el Congreso de la República.
El 13 de marzo de 2016 el oficial fue secuestrado en el sector conocido como La Miguelera, entre Cúcuta y Pamplona (Norte de Santander) por hombres desconocidos. Las alarmas se encendieron, la primera hipótesis que se manejó fue que era una retaliación por sus denuncias.
Un día después el capitán apareció, asegurando que se le había escapado a sus captores. Sin embargo, su versión no convenció a las autoridades quienes abrieron una investigación interna para establecer si se trataba de un autosecuestro.
El capitán Ányelo Palacio fue trasladado a la Policía Metropolitana de Bogotá para adelantar actos administrativos. El considerado testigo estrella de la ‘Comunidad’ denunció que existían presiones para sacarlo de la Institución hecho por el que pidió protección de las autoridades.
El pasado lunes sus temores se hicieron realidad, la Inspección Delegada lo destituyó por 12 años para ejercer cargos públicos por lo que se consideró en acusaciones “injuriosas y calumniosas en contra de oficiales superiores de la Institución, robustenciendo con su dicho la polémica existente sobre la llamada “Comunidad del Anillo” dentro de la institución policial”.
La investigación cita la declaración entregada el 6 de noviembre de 2015 a la emisora La FM cuando trabajaba “en la Policía Metropolitana de Bogotá”. En la decisión se considera que el uniformado incurrió en una actitud contraria al reglamento interna en contravía de la Institución.
Para la defensa del capitán Palacio no existen garantías procesales en su caso, hecho por el cual pidió que la Procuraduría General asuma la investigación y resuelva la segunda instancia. El abogado Jesús Vergara indicó que existe una presión indebida.