Es un lugar común decir que el narcotráfico es el fenómeno que más ha impactado la vida de los colombianos en los últimos cuarenta años. Pero que sea un lugar común no diluye las dimensiones y consecuencias profundas y aún visibles que ha tenido en la sociedad desde mediados de los años ochenta, cuando Colombia se convirtió en el epicentro de “la guerra contra las drogas”. El narcotráfico se coló por todos los resquicios de la sociedad, corrompió la política, las costumbres, los valores, las instituciones, la economía, el deporte y la cultura. Combustible del conflicto armado, nada dejó al margen. Se consolidaron los grandes carteles y se fortalecieron las guerrillas y los grupos paramilitares hasta el punto de que en los años ochenta y noventa Colombia alcanzó los más altos índices de violencia en el mundo y llegó a ser considerada como un “Estado fallido” o “cuasi fallido”, concepto construido por la diplomacia coercitiva de Washington y pasaporte para intervenir en los asuntos internos, algunas veces no solo con la venia sino por petición de gobiernos en serios problemas. El narcotráfico convirtió al “Tíbet de Suramérica”–figura que usó el presidente Alfonso López Michelsen en los años setenta para describir a Colombia como una nación cerrada al mundo– en el “principal centro mundial del tráfico de cocaína”.
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En 1976 el país era ya el principal productor y exportador de marihuana, época de la llamada “bonanza marimbera” que duró poco, hasta 1985, gracias a la combinación de tres factores: los programas de erradicación masiva presionados por Washington, el traslado de los cultivos a los Estados Unidos y el cambio en los patrones de consumo –la generación del peace and love dio paso a la de los yuppies y las celebrities de Hollywood que preferían drogas más fuertes–. Con el progresivo declive del negocio marimbero cogió vuelo uno mucho más lucrativo, la producción de cocaína. Y con el negocio de la cocaína nacieron, crecieron y se desarrollaron los grandes carteles que, poco a poco, abarcaron todos los eslabones de la cadena; la violencia creció y se especializó con asesoría de mercenarios extranjeros, y guerrillas y grupos paramilitares se fortalecieron y ampliaron sus zonas de influencia. El conflicto armado se exacerbó y fue cada vez más evidente que las instituciones del Estado –permeadas por los dineros calientes– carecían de la capacidad y/o la voluntad para controlar todo el territorio, para enfrentar y contener las violencias asociadas al fenómeno.
El narcotráfico volvió visible a Colombia para la comunidad internacional, pero sobre todo para los Estados Unidos, centro de nuestra política exterior y aliado especial en virtud de acuerdos de todo tipo –militares, de policía, de justicia, de comercio, de la lucha contra el narcotráfico…–. Una relación tradicionalmente cercana, con estrecho margen de maniobra por parte de Colombia y siempre enmarcada en los principios de la seguridad y el interés nacional. El interés nacional de los Estados Unidos, de tal forma que ninguna negociación –de comercio, de paz, de lucha contra las drogas– ha estado por fuera de ese horizonte. La necesidad de cooperación económica como apoyo a los esfuerzos internos en la lucha contra la guerrilla y el narcotráfico explica en muy buena parte por qué las políticas antidrogas de los gobiernos colombianos han sido el resultado de acuerdos bilaterales o de la imposición unilateral de estrategias diseñadas en Washington. La subordinación y/o la aceptación intencional y pragmática de las reglas de juego de los Estados Unidos constituyen un patrón de conducta del Estado colombiano. Los enfoques o políticas alternativas propias han tenido muy poco espacio.
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Vientos de cambio llegaron con el nuevo inquilino de la Casa Blanca, el demócrata Barack Obama (2009-2017), que le dio un enfoque más equilibrado a la política antidrogas. La “Estrategia Nacional para el Control de la Drogas” (2010) –primer plan quinquenal para el manejo del problema– consideró la drogadicción como un problema de salud pública, no de persecución policial, y el “Plan Nacional sobre Drogas” (2012) destinó más recursos al tratamiento y reducción del daño que a la encarcelación de los consumidores. El giro obedecía a varios factores, como el cambio de tendencia de sectores de opinión y del Congreso hacia la regulación; la despenalización del consumo de marihuana para uso medicinal en varios estados; la oposición a las políticas carcelarias, y la evidencia del fracaso de los programas de erradicación. El modelo prohibicionista estaba cediendo y el gobierno se mostraba dispuesto a buscar alternativas para modular la política existente.
En Colombia, mientras tanto, con Juan Manuel Santos en la Casa de Nariño (2010-2018) también llegaron tiempos de cambio luego de años de guerra contra la “amenaza terrorista”. Superó el alineamiento incondicional con Washington predominante en los gobiernos de Pastrana y Uribe, y en función de poner fin al conflicto interno internacionalizó la paz y diversificó las relaciones internacionales. Buscó cooperación más allá de los Estados Unidos y mejorar el clima regional en relación con el país; desnarcotizar y diversificar la agenda con Washington y cambiar la imagen de Colombia ante la comunidad internacional para lograr apoyos al proceso de paz. El escenario era favorable, pues ganaban cada vez más terreno las posiciones a favor de la negociación política de los conflictos internos, y la tesis del fracaso de la “guerra contra las drogas”. Santos la acogió y la expuso desde el comienzo de su gobierno en todos los escenarios –locales e internacionales–, aunque afirmó que mientras el mundo decidía qué hacer, Colombia tenía que seguir enfrentando el narcotráfico, un problema de seguridad nacional y fuente de violencia. La estrella polar siguió siendo principal referente de la navegación de Colombia, pero el tono y el fondo de la relación bilateral cambiaron, como cambió la orientación de las relaciones con los países de la región.
Obama apoyó el proceso con las Farc, vinculadas a los cultivos ilícitos y el narcotráfico; envió un delegado especial para hacerles seguimiento a los diálogos de La Habana y en 2016 presentó al Congreso un paquete de ayuda de 450 millones de dólares para el “Plan Paz Colombia”, con énfasis en los programas posdesmovilización de la guerrilla. Fue la nueva cara, la otra cara del “Plan Colombia”, clave en el debilitamiento y la derrota estratégica de la guerrilla más antigua del mundo, que hizo posible su desmovilización.
El regreso de los republicanos al poder con Donald Trump (2017-2021) significó también el retorno de la línea dura en la política antinarcóticos. En contravía de numerosos estudios que demostraban la ineficiencia de la aspersión aérea de los cultivos ilícitos, y pese a que dieciocho estados habían despenalizado el uso de marihuana, el mandatario volvió a los viejos patrones y profundizó la “guerra contra las drogas” y su enfoque criminal. Lanzó su plan de acción en la Asamblea General de la ONU (2018), basado en cuatro pilares: reducir la demanda, promover los tratamientos de rehabilitación, mejorar la cooperación multinacional de los organismos de seguridad y atacar la producción. El plan fue rechazado por Brasil, Alemania, Nueva Zelanda, Nigeria y los países nórdicos, porque priorizaba la criminalización sobre la prevención y la salud. Por el contrario, Colombia y México, afectados seriamente por el narcotráfico, le dieron su apoyo.
El gobierno de Iván Duque (2018-2022) acogió sin reservas la política de Trump, acorde con su agenda centrada en la represión de todos los eslabones de la cadena –incluidos cultivadores y consumidores– y en volver a la fumigación aérea y a la erradicación forzosa de cultivos. Un regreso a la narcotización de la relación bilateral, a la adopción acrítica del enfoque prohibicionista y represivo de la lucha contra las drogas. Los dos gobiernos atribuyeron el aumento sostenido de los cultivos de coca a los incentivos contemplados en los acuerdos de La Habana para la sustitución y a la ocupación de las zonas cocaleras que dejaron las Farc por las disidencias, el Eln y poderosas organizaciones criminales como el Clan del Golfo. Y las dos administraciones insistieron en la fumigación como pilar de la estrategia.
La afinidad fue tal que Duque ideologizó la relación con Washington y revivió posturas radicales del gobierno Uribe, que se vieron reflejadas en la posición frente a Venezuela y Cuba, y en la intromisión de políticos del Centro Democrático y de funcionarios del gobierno en la campaña de reelección de Trump. El embajador en Colombia, Philip S. Goldberg, reaccionó e hizo un llamado para que políticos colombianos no metieran mano en las elecciones de su país y un grupo de congresistas demócratas advirtió que estaba en riesgo el apoyo bipartidista con el que Colombia había contado hasta entonces. Los demócratas tomaron distancia del gobierno y no solo por esa indebida intromisión, sino por el débil apoyo a los acuerdos con las Farc y las objeciones a la Jurisdicción Especial de Paz (JEP), la insistencia en la fumigación masiva de cultivos ilícitos y la delicada situación de derechos humanos.
El regreso de los demócratas al poder con Joe Biden en enero de 2021 puso en dificultades al gobierno Duque, que perdió la apuesta por la reelección de Trump. El ex vicepresidente de Obama, pro acuerdos de La Habana y con mayorías en Cámara y Senado, anunció antes de su posesión que habría consecuencias para los que hubieran contribuido a la desinformación en las elecciones –el término “castrochavista”, de factura colombiana, hizo parte del lenguaje trumpista para descalificar a Biden–.
Un comienzo de las relaciones con Washington tenso y frío, que se fue distendiendo con el paso de los meses: una conversación telefónica con motivo de la pandemia en junio de 2021; una visita en octubre del secretario de Estado, Antony Blinken, para discutir temas de la agenda binacional, como la migración venezolana y la lucha contras las drogas; y un mes después un apretón de manos durante la Convención Marco de la ONU sobre Cambio Climático. Solo en marzo de 2022 se produjo el primer encuentro oficial de los dos mandatarios, gracias entre otras razones a la gestión del repitente embajador Juan Carlos Pinzón, reemplazo del polémico Francisco Santos y conocedor de los intríngulis políticos de Washington.
El encuentro devolvió las relaciones al cauce normal. Un indicador: la asignación del presupuesto más alto de la década para Colombia, del cual se destinaron cuarenta millones de dólares para ayuda a las Fuerzas Armadas y 189 millones para la lucha contra el narcotráfico, pero condicionado el desembolso del 20 por ciento de esos recursos a una certificación del Departamento de Estado. Sobre respeto a los derechos humanos en el caso de los militares, y en el segundo caso sobre la implementación de los programas de erradicación de cultivos y garantías de seguridad para las zonas cocaleras y el acatamiento por los acuerdos con las Farc.
Duque terminó su mandato con muy bajos índices de favorabilidad y dejó como legado al nuevo gobierno el Estatuto de Protección a los Migrantes –su mayor logro frente a los problemas con Venezuela–, pero en general una política exterior ideologizada en momentos en que el gobierno Biden inicia un proceso cauteloso de deshielo de las relaciones con Venezuela y Cuba. Y en cuanto a la política antidrogas, los resultados son precarios, pues aunque aumentó el número de decomisos de toneladas de cocaína y la erradicación forzosa redujo el área sembrada de coca –tendencia registrada desde 2017–, la producción del alcaloide aumentó, según el Informe UNODC de julio de 2021. Por otra parte, no pudo cumplir la promesa de reanudar la fumigación aérea, pues los programas no se ajustaban a los requisitos exigidos por la Corte Constitucional. Pero cobró como gran triunfo la extradición de Otoniel (mayo de 2022), al punto de afirmar que era el fin del Clan del Golfo, pronóstico hecho trizas por el paro de cuatro días decretado por esa organización criminal, que paralizó más de 178 municipios en 11 departamentos. Una demostración más del fracaso de la política de seguridad y del inmenso poder del narcotráfico.
* Se publica con autorización del sello editorial Planeta.